Faltaban 15 minutos para que la audiencia concluyera cuando un agente de la Guardia Nacional entró en la sala. Con paso discreto, avanzó entre las dos filas de asientos y abrió la pequeña puerta de madera que divide el área del público del sitio que ocupan la Fiscalía y la defensa… en el cinturón portaba unas esposas metálicas.

Emilio Lozoya alcanzó a verlo de reojo. El oficial de al menos 1.75 metros de estatura, camisa de manga corta, uniforme de color verde olivo claro y corte de cabello tipo militar se movió detrás de sus abogados, y se colocó a la espalda del exdirector de Petróleos Mexicanos. Ya no se le despegó.

Unos segundos después, el juez Artemio Zúñiga le anunció a Lozoya su resolución: “Hay un elevado riesgo de fuga y se necesita un elevado nivel de cautela. Es procedente la prisión preventiva justificada en su contra”. El juez insistió en que se trataba solo de una medida cautelar, pero tras una ríspida audiencia de casi seis horas se sentía como una sentencia condenatoria.

Al escuchar la noticia que finalmente lo llevaría a una prisión que había logrado eludir durante casi año y medio, el exfuncionario dirigió la mirada a su madre, Gilda Margarita, sentada justo a su mano derecha. La señora, quien desde hace dos años también está procesada por haber recibido en su cuenta el dinero que le mandó su hijo, se llevó las manos a la cabeza.

“Hace un año, a mí me parecía que lo procedente era la prisión preventiva para usted. Pero la Fiscalía no lo había solicitado (…) que quede claro, esto no es por el tema del restaurante. Usted no tenía limitación de movimiento ni ninguna circunstancia le prohibía acudir ahí porque se le presume inocente. Eso no puede ser materia de estudio”, insistió el juez.

Sin embargo, la cena del Hunan en la que la periodista Lourdes Mendoza fotografió a Lozoya ya era para ese momento la protagonista de la audiencia. En al menos ocho ocasiones los funcionarios de la Fiscalía General de la República, de Pemex y de la Unidad de Inteligencia Financiera le echaron en cara al exfuncionario el haber acudido a dicho restaurante.

“Qué mejor ejemplo de la actitud del justiciable (Lozoya) que las fotos donde con poco pudor procesal se le ve departiendo en una mesa de un restaurante de lujo… es la actitud de alguien que se cree y se ha sabido hasta el día de hoy impune”, sentenció en un momento de la audiencia el fiscal Manuel Granados, el mismo que ha logrado encarcelar a Javier Duarte y a Rosario Robles, y cuya sola presencia por primera vez en el proceso ya anunciaba que la FGR pasaría a la ofensiva.

“Se trató de un comportamiento impropio. De una total falta de respeto y una provocación a la autoridad”, remató –por si hiciera falta– Antonio López García, el abogado de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Fue tal la embestida oficial que los abogados de Lozoya tuvieron que pedir un receso de 30 minutos para tratar de organizar sus apuntes. Al final, y en un intento que parecía más producto de la desesperación que de una estrategia, pusieron sobre la mesa las copias de las escrituras de dos residencias de Lozoya. “Es un gesto de buena fe, de que estamos dispuestos a reparar el daño”, dijo Miguel Ángel Ontiveros, el defensor del exfuncionario.

No hubo caso. La decisión estaba tomada. Antes de dar por concluida la sesión, el juez le recordó a los fiscales que en el Reclusorio Norte hay personas presas a partir de las denuncias de Lozoya. “Hay que garantizar su protección…”, les advirtió.

Javier Duarte, Juan Collado, Ernesto Lavalle Maury y ahora Emilio Lozoya Austin son algunos de los inquilinos del Reclusorio Preventivo Norte.

La fallida negociación y… ¿el dinero?

El juez Artemio Zúñiga lo dijo al anunciar su resolución: encarcelar al exdirector de Pemex de forma preventiva era una medida válida desde el momento en que fue extraditado a México . Los argumentos ya estaban: la huida a Europa, las cuentas con recursos secretos, las penas de hasta 35 años de prisión de los delitos que se le imputaban, sus nexos familiares.

“Hoy me queda claro que si no lo pidieron es porque estaba el tema del criterio de oportunidad que, al final, no ha fructificado. Eso parezco advertir yo”, advirtió el juez federal. Y la FGR lo confirmó.

De acuerdo con el fiscal Manuel Granados, la única razón por la cual no se pidió encarcelar a Lozoya desde el 28 de julio del año pasado era para darle la oportunidad de conseguir las pruebas y los recursos que la concesión del criterio de oportunidad exige. Se le quiso dar cierta libertad de movimiento para que reuniera elementos no solo para sustentar sus denuncias, sino también para reparar el daño causado.

Esa colaboración pareció caminar bien por 14 meses. Prueba de ello fueron las cinco ampliaciones previas del plazo para cerrar la investigación complementaria antes de decidir si el caso llega o no a juicio. Ampliaciones que no solo la defensa sino también la propia FGR solicitaban en conjunto.

Pero en la audiencia de este 3 de noviembre, realizada tres semanas después de que se difundieran las fotos de la cena en el Hunan multicitadas, la actitud de parte de las autoridades ya era otra. El problema de fondo, según la FGR, no era la cena del Hunan –que insistieron en calificarla casi como una burla– sino que el exdirector de Pemex no había cubierto la reparación del daño. Ni pretendía hacerlo.

Tanto los agentes del MP, como el director jurídico de Pemex, acusaron al exfuncionario de “no hacer ni un meridiano… mínimo intento” por reparar el daño que dejaron los contratos otorgados por Pemex a Odebrecht. No solo eso, lo acusaron de haber utilizado deliberadamente esta situación y otras como la pandemia para “surfear” por el proceso y alargar cualquier resolución.

“Lo que usted busca a toda costa es seguir gozando de su libertad al tiempo en que intenta obstaculizar el procedimiento. No es posible concederle así un criterio de oportunidad. Estamos listos para acusarlo”, dijo el fiscal Granados.

Tras el receso de media hora solicitado casi como una llamada de auxilio, los defensores de Lozoya calificaron como “sorprendente” e “injustificable” la decisión que había tomado la FGR solicitar el encarcelamiento de su cliente e, inicialmente, quisieron argumentar que reparar el daño no era procedente.

Ontiveros, uno de los defensores, argumentó que a quien se le debía de exigir el pago de esos recursos era “a los beneficiarios finales” de los mismos, entre los que no figuraba el exdirector de Pemex, quien había sido “utilizado” por otros personajes en esferas de poder.

“De hecho lo que necesitamos es que haya más hombres como Lozoya, con esa valentía y gallardía de denunciar lo que no funciona”, dijo Ontiveros. El comentario, desató miradas encontradas no solo entre los fiscales sino también entre los periodistas.

Pero luego –como el propio juez lo reprocharía al final– la posición de los abogados del exdirector de Pemex se fue matizando. Para la mitad de la audiencia el argumento central ya no se centraba en que otros tenían que pagar, sino en “una compleja negociación” que estaba en marcha con múltiples entes del gobierno federal para llegar a un acuerdo.  Argumentaron que habían mandado correos pidiendo reuniones.

Y hacia el final de la audiencia la complejidad de la supuesta negociación se tradujo en un ofrecimiento directo de dos residencias del exdirector de Pemex. “Toma y ahí muere…”, susurró un periodista dentro de la sala.

No es ni el momento ni las formas para ese tipo de ofrecimientos, dijo el representante de la Fiscalía General de la República.

Lozoya: su primer día en el penal

Durante casi año y medio, desde su llegada a México, el exdirector de Pemex consiguió no pisar el Reclusorio Norte. No lo hizo en la audiencia inicial argumentando que tenía un problema de salud, ni tampoco lo hizo en los meses subsecuentes pese al requisito de firmar cada 15 días una hoja de control, como Animal Político lo documentó en enero pasado. “No es mi culpa que me pidieran firmar por correo electrónico” respondió Lozoya sobre ese hecho.

Pero ese tiempo de gracia se le terminó ayer al exdirector de Pemex. Por orden ineludible del juez, el exfuncionario tuvo que comparecer en persona ante el juez. Su entrada no fue la más afortunada: entre empujones y tropezones con los medios de comunicación, el exfuncionario ingresó al estacionamiento del penal, minutos después de las 9 de la mañana.

Ya en la audiencia a Lozoya se le veía incómodo desde el inicio. A diferencia de aquella audiencia inicial, donde con actitud relajada y hasta bebiendo Coca Cola escuchó los cargos, aquí se le apreciaba ansioso desde el minuto uno. Sus manos, eran un ir y venir de toques entre su barbilla, los pómulos, su frente o su cabello.

En ocasiones el exfuncionario hacía anotaciones. En otras intercambiaba palabras con su madre o sus abogados. Sus momentos de mayor incomodidad llegaron con las menciones a la cena en el restaurante Hunan, o a sus actitudes que según los fiscales evidenciaban “impunidad”. En ambos momentos, su reacción fue hacer un gesto de desaprobación o molestia.

Al concluir la audiencia, las autoridades de la sala le ordenaron a Lozoya permanecer sentado, ya con un elemento de la Guardia Nacional detrás suyo, y otro resguardando la puerta de salida.  Su madre, ahí sentada junto a él. Todos los demás asistentes, recibieron la orden de dejar la sala.

“La señora está muy mal”, dijo uno de los abogados al salir. Al tiempo en que ella era subida en una camioneta para evitar a la prensa, su hijo ya era conducido por uno de los túneles que conecta al juzgado con el centro penitenciario.

Con información de Animal Político

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