El populismo contra los jueces
Uno de los libros que mejor explican las diversas etapas por las que transita un régimen de populismo autoritario es ‘Cómo Perder un País’ de la periodista turca, Ece Temelkuran. Ahí se nos explica cómo un político – en el caso de este libro es Recep Tayyip Erdogan – comienza seduciendo a millones de votantes sólo para, posteriormente, atacar a las instituciones republicanas, sobre todo al Poder Judicial. Es casi una regla que los líderes populistas tengan disputas con los tribunales. De Donald Trump en Estados Unidos a Vladimir Putin en Rusia, de Jair Bolsonaro en Brasil a Viktor Orbán en Hungría, el acoso al poder judicial es casi un axioma.
El comportamiento de López Obrador se debe explicar a partir de este modelo de gobierno populista autoritario. Visto desde esta perspectiva, las recientes agresiones en nuestro país del Poder Ejecutivo contra el Judicial no son extrañas, sino que son parte de un paradigma de gobierno en boga en todo el planeta desde comienzos del siglo XXI. Es bajo esta luz en la que se tiene que entender la carta que el mandatario mexicano le envió al Juez Octavo de Distrito en materia administrativa, Martín Adolfo Santos Pérez. Se trata de una modalidad de la intimidación mezclada con la ignorancia. En la misiva, que ya se ha hecho pública, el inquilino de Palacio Nacional lista una serie de supuestos actos indebidos perpetrados por el Juez Santos. Pero ninguna de estas acusaciones, desde luego, tiene sustancia. Con este acto persecutorio, López Obrador sólo muestra que no entiende mínimamente el razonamiento jurídico que ocurre en los juzgados mexicanos. Su reacción es la de un zafio con poder. Afortunadamente, la comunidad de personas juzgadores mexicanos ya se ha hecho escuchar. En un comunicado dirigido ‘a La Sociedad en General’, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación lamenta ‘los constantes ataques a las juzgadoras y juzgadores federales sin conocimiento de la argumentación jurídica de las resoluciones que se invocan’. Los jueces y magistrados agregan que estos amagues constituyen un atentado contra ellos y sus familias. Señalan también que la vía indicada para la controversia jurídica es ‘a través de los medios de impugnación que establece la legislación’. Este último punto es esencial. Con sus cartas abiertas al público, el presidente busca evadir el camino jurídico pertinente y en cambio busca llevar la controversia al terreno que mejor sabe manejar: la plaza popular.
No esperemos que estos ataques cesen a medida que nos acercamos al día de la elección presidencial. Antes, al contrario, anticipemos que López Obrador acelerará sus amagues contra ministros y jueces a medida que sienta, como es inevitable, que su poder se acabará pronto. Tamelkuran, en el libro citado, describe cómo Erdogan abusaba verbalmente de las autoridades judiciales cuando buscaba apoyo popular. Se trata de una historia bien sabida, pero no por eso menos trágica, que los autoritarismos que buscan minar la democracia liberal intenten predisponer a una parte sustancial de la ciudadanía en contra del Poder Judicial, ya que este suele representar al Estado de derecho contra el poder arbitrario que siempre busca sojuzgar toda disidencia. Sólo esperemos que donde Erdogan ha sido exitoso, López Obrador fracase
Con información de Expansión
