El Juez de Control no tuvo consideraciones con los fundamentos esgrimidos por la defensa universitaria; abogados saben que tribunales federales les darán la razón
Es decepcionante la forma en cómo se condujo el juez de control, Adán Alberto Salazar Gastélum durante el desarrollo de la audiencia inicial, expresó el abogado Alfonso Carlos Ontiveros Salas, luego de concluida la audiencia en la que la autoridad judicial resolvió vincular a proceso al Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Jesús Madueña Molina, al Ex Rector Juan Eulogio Guerra Liera y a los integrantes del Comité de Adquisiciones.
Y es que todos los argumentos que fueron esgrimidos por la defensa para efectos de buscar la posibilidad de que se dictaminada un auto de no vinculación, no fueron tomados en consideración por el juez.
“Es decepcionante que no tengamos jueces imparciales, que no tengamos jueces que velen por el respeto irrestricto a la Ley (…) es importante que se vea que el juez se entregó porque única y exclusivamente y lo digo de manera pública y abierta, dictó la resolución que seguramente le fue remitida directamente desde la Fiscalía Estatal”, manifestó.
En la audiencia que se desarrolló desde las 9:19 de la mañana del 13 de septiembre hasta las 23:54 horas del jueves 14 de septiembre, contando con diversos recesos, los abogados de la defensa indicaron que no asiste la razón a la Fiscalía, respecto a que los recursos utilizados para la adquisición de tortillas, totopos, tostadas, tortillas de harina, nixtamal, entre otros, fueron hechos con recurso del estado; también expusieron que no hay elementos que acrediten a los hoy vinculados, con el carácter de servidor público.
Asimismo, precisaron que los recursos de los cuales se les imputa son de procedencia federal y que, aún y cuando estos entren a las arcas del Gobierno del Estado y sean entregados a la institución, no pierdan su origen de procedencia, por lo tanto, es competencia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) fiscalizarlos.
Al respecto, la Fiscalía reconoció que los recursos que le fueron otorgados a la UAS, no eran recursos propios generados por el Gobierno del Estado, sino que los que le fueron entregados son recursos de participación federal, igualmente admitió que no existe daño al patrimonio de la Universidad ni al erario público.
Además la defensa expuso que las compras realizadas están muy por debajo del umbral establecido por la Ley por lo que no se requiere licitación pública para la adquisición; de igual manera, señaló que en los períodos en los que se les imputa por no haber hecho la licitación, el Gobierno Federal emitió un decreto al cual se apegó el Gobierno del Estado de Sinaloa, que establece que los productos médicos, alimentos perecederos y demás indispensables para el embate de la pandemia no requerían ser adquiridos bajo licitación.
Durante el proceso también se argumentó que la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica de Sinaloa (UIPES) actuó fuera del marco legal, pues carece de facultades y no tiene atribuciones para hacer investigación; asimismo, se expuso que la UAS es una institución educativa que goza de autogobierno.
Igualmente, los abogados defensores con sustento en datos de prueba, aclararon que la universidad nunca compró a $60 pesos el kilo de tortillas y que el costo en que este producto perecedero se adquirió a un costo inferior a lo que estaba en el mercado, además de que de las 1 mil 501 facturas presentadas, 700 de ella fueron canceladas por el proveedor de nombre Sergio Cháidez Monárrez.
“Se le dieron todos los argumentos al juez, se le plantearon con la Ley con los elementos probatorios, se los dimos, se los hicimos ver no por mí, por todos los abogados que estuvimos ahí puntualmente, la salida del juez ante el hecho de que decía la Fiscalía que no se había licitado esos productos perecederos y que son alimentos se demostró que el artículo 51 de la Ley de Arrendamiento y Adquisiciones del Estado de Sinaloa tiene una excepción para esos supuestos cuando se trate de alimentos o productos perecederos no hay necesidad de licitar, sin embargo, el juez dijo que de momento había elementos para vincular”, informó el abogado Milton Ayala Vega.
Entre las medidas cautelares fijadas por el juez está que los universitarios vinculados a proceso deberán de acudir cada mes y medio a firmar ante la unidad de medidas cautelares de la sede judicial, así como que no podrán salir del país a menos que haya un aviso previo justificado.
Los abogados manifestaron que la lucha no ha concluido y que será en los tribunales federales donde se les dará la razón y aseguraron que el resultado les favorecerá y pidieron al juzgado de control no forme parte de los abusos cometidos en contra de los universitarios.
“Quiero decirles también que no estamos defendiendo al doctor Jesús Madueña Molina, no estamos defendiendo al Ex Rector Guerra Liera, no estamos defendiendo a los compañeros del comité de compras, que les quede claro, como siempre lo hemos dicho estamos defendiendo la autonomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa”, enfatizó Milton Ayala.
“Que se vea en Sinaloa el tipo de justicia que tenemos, que se vea además quien es el que ejerce el poder absoluto y que se sienta además de que arrodillados los miembros de la comunidad universitaria en ningún momento lo habremos de ver”, externó Ontiveros Salas.
En este proceso Ayala Vega, presentó un incidente de incompetencia por declinatoria a ramo federal, a lo cual previo al cierre de la audiencia el juez determinó que este será atendido en audiencia el 25 de septiembre a las 9:00 horas.
