AMLO denuncia a Karla Quintana de alterar el registro de desaparecidos, pero 66 instancias de todo el país alimentan la base

Del 1 de diciembre de 2018 a la fecha, que es el lapso del gobierno de López Obrador, también se observa el dato de 73 mil 235 personas localizadas, 67 mil 100 con vida y 6 mil 135 sin vida.

“Siempre dijimos desde la Comisión Nacional de Búsqueda que el registro de personas desaparecidas es un acercamiento a la realidad, que nos permite entender de mejor manera qué es lo que está sucediendo, pero un registro de personas desaparecidas es antes que todo una herramienta de búsqueda”, dijo Karla Quintana en un seminario reciente en el Colegio de México, acusando que el censo del gobierno es un intento de maquillar las cifras.

¿De dónde obtiene los datos el RNPDNO? 

El actual registro RNPDNO se aprobó en 2017 pero comenzó a operar en 2020, ya en el sexenio de López Obrador, y aunque se planteó que sumaría casos en tiempo real, las fiscalías estatal que son la principal fuente de datos han tardado en actualizar.

La última carga masiva de información la hicieron autoridades de Querétaro (Fiscalía y Comisión de Búsqueda estatal) a finales de mayo pasado, y reportando casos de 2019 a 2022.

Captura de pantalla de la última actualización realizada por autoridades en el RNPDNO.© Proporcionado por Animal Político

Por otro lado el estado de Jalisco denunció irregularidades en el sistema y su Fiscalía y Comisión de Búsqueda decidieron desde hace más de un año dejar de subir sus casos. Entonces, actualmente el Registro no está recibiendo información de uno de los estados más afectados por desapariciones.

Al RNPDNO se incorporaron registros de 1962 a abril de 2018 que estaban en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o Extraviadas, la versión publicada en el sexenio de Calderón, al igual que los datos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas del sexenio de Peña Nieto.

Y a diferencia de los sistemas previos, para este Registro se apostó por recibir reportes de más autoridades, además de las denuncias ante fiscalías: también se registran casos reportados por comisiones locales de búsqueda y, en caso de tener, las fiscalías estatales especializadas en desaparición, además de reportes ciudadanos.

“No es una autoridad la que alimenta el registro, son al menos 66 autoridades que alimentan el registro de personas desaparecidas, 33 comisiones y 33 fiscalías, más otras autoridades y también personas particulares”, refirió Quintana.

El tener más instancias que aporten datos, apunta Jacobo Dayán, especialista en derechos humanos, no significa en sí mismo tener información más acertada, aunque sí es un cambio a considerarse en el análisis.

En la página del Registro actual, se señala que al 17 de mayo de 2023, “más del 65% de los reportes (tanto de desapariciones, no localizaciones como localizaciones con y sin vida), entre 1964 y la actualidad, han sido reportados a partir de 2019, año a partir del cual, por primera vez se tiene una estrategia de seguimiento y se comienza a sistematizar la información de las decenas de autoridades obligadas”. 

Aunque el 65% se sumó recientemente, los casos de desaparición ocurridos en sexenios pasados son registrados por fiscalías y comisiones en su año correspondiente, según se denunció cada hecho.

El RNPDNO permitió registrar por primera vez casos a través del portal digital de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB); esto lo pueden hacer ciudadanos o autoridades, sin necesidad de presentar una denuncia formal en el ministerio público.

Por ello se sabe que aproximadamente un 4% del total de los reportes subidos al Registro Nacional fueron realizados por ciudadanía en el portal digital de la Comisión Nacional de Búsqueda. El restante 96% son reportes presentados por fiscalías y comisiones de búsqueda locales. 

“Hay una trazabilidad, se sabe no solamente qué institución sino qué persona en la institución informa sobre la persona desaparecida”, señaló Quintana.

En el registro se cruzan datos con otras bases gubernamentales para intentar dar con el paradero de las personas. Por ejemplo, del Instituto de Ciencias Forenses (Incifo) de la Ciudad de México, Instituto Nacional de Migración, Secretaría de Educación Pública, registros civiles, Secretaría de Salud y Secretaría del Bienestar.

​​”El registro no es como muchas personas creen una lista, no es un Excel, es un ecosistema que permite comunicar a las diferentes autoridades que están obligadas a alimentarlo”, agregó la extitular de la Comisión de Búsqueda.

Sí hay casos duplicados y que no se han dado de baja, pero sobre todo un subregistro 

Hay casos, por ejemplo, de personas como una abuela que no llegó del supermercado, un joven que fue de fiesta y no regresó, pero que después se reconoció que no fue víctima de un delito. Pudieron sufrir un accidente automovilístico, tener un problema personal, pérdida de la memoria o extravío. Y al final, regresar por su propio pie.

“¿Qué pasa con los casos donde no son víctimas de un delito? Al otro día encuentras a la persona, y la gran mayoría de las personas no va a ir a la fiscalía a decir ‘ya la encontré, ya se resolvió la bronca’.

Cuando la fiscalía registra a una persona no localizada, tendría que ser una práctica obligada a los tres días hablar y decir ‘oiga aquí hay un registro de que no encuentran a tal persona, ¿qué pasó?, ah ya apareció y entonces registrarlo’. Pero como no lo hacen, se van acumulando datos”, explica Jacobo Dayan, especialista en derechos humanos.

En este concuerda la extitular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana, agregando en su plática en el Colegio de México que también hay casos donde las autoridades pueden estar notificadas del regreso pero no actualizan la información en el RNPDNO, y en otros casos ni siquiera se enteran de que la persona ya regresó a su hogar.

Sin embargo, lo que preocupa más es el subregistro.

No todas las desapariciones  se reportan al sistema y ello atenta contra la búsqueda inmediata de las personas desaparecidas y no localizadas.

“Faltan más de los que sobran”, enfatiza Jacobo Dayán.

“Las familias de personas desaparecidas dicen que por cada persona reportada desaparecida hay una, dos, tres, cuatro, yo he escuchado hasta cinco que nunca se han acercado a una autoridad. Esto puede ser por miedo, desconfianza a las autoridades, miedo a la delincuencia organizada”, detalló Karla Quintana.

Otra posibilidad es que las autoridades estatales no suban todos los registros a la plataforma de personas desaparecidas que se presumen están siendo víctima de un delito.

“Cuando estamos hablando de desaparición en México la concepción es muy amplia, no sólo desaparición forzada, puede ser desaparición por particulares, secuestro, trata, reclutamiento forzado, sustracción de menores, homicidio y feminicidio… pero no se están subiendo”, explicó Quintana.

El desfase también ocurre cuando las fiscalías registran más carpetas de  investigación relacionadas al delito de desaparición que los casos reportados en el portal.

Por ejemplo, la Fiscalía de Baja California  reporta que permanecen abiertas 17 mil 306 carpetas de investigación por el delito de desaparición ocurrido entre 2006 y 2022. Sin embargo, el Registro Nacional solo indica en ese mismo periodo mil 605 casos.

Desaparecer en BC, un proyecto de Elementa, registró este desfase y señaló que la “Fiscalía no ha cumplido con su obligación de enviar la información correspondiente a la Comisión Nacional de Búsqueda para que se publique en el Registro Nacional”.

Jorge Ramírez Plascencia, integrante del Comité Universitario de Análisis  en materia de personas desaparecidas de la Universidad de Guadalajara, explica que en parte los estados no comparten su información por temor a ser señalados mediáticamente por el número de casos. 

“Se volvió involuntariamente en un instrumento político, con la obligación que tiene de manera trimestral la Comisión Nacional de Búsqueda de rendir un informe, pues empezaron a presentar las cifras y eso se convirtió en lo que yo llamo el ranking del deshonor… y en la medida en que se comenzó a compartir, preocupó a las autoridades locales que buscaron la manera de salirse de ahí”, comenta.

En los últimos cinco meses ninguna autoridad estatal ha actualizado sus reportes. La última fue en mayo la Fiscalía General de Querétaro, reportando el año de 2021; y su Comisión Local de Búsqueda, reportando de 2019 a 2022.

En el caso de Jalisco, el estado con más desapariciones en el país, no sube registros desde marzo de 2022. Su gobernador, Enrique Alfaro, argumentó que “el registro oficial es un caos”.

Ese mes Jalisco reportaba 16 mil 222 personas desaparecidas  e hizo un ajuste a la baja y la cifra disminuyó a 14 mil 915 casos, sin transparentar nombres y motivos.

Al revisar el Sistema de Información Sobre Víctimas de Desaparición (SISOVID), —la plataforma reconocida y actualizada por el gobierno estatal—, de enero a septiembre de 2023 se reportaron mil 300 personas que permanecen con estatus de desaparición. Mientras que en el RNPDNO sólo aparecieron 128 reportes. ¿Quién los hizo?

Captura de pantalla del número de casos reportados ante el RNPDNO por autoridades y particulares correspondiente a Jalisco.© Proporcionado por Animal Político

“Estos (más de) 100 casos, podrían haber sido actualizados por la Comisión Nacional de Búsqueda, la Fiscalía General de la República o incluso por personas ciudadanas… ya que pueden hacer la incorporación de un registro de una persona desaparecida”, agrega Chimiak, co-directora de CEPAD.

Los especialistas coinciden en que si bien los estados están obligados en reportar y actualizar sus casos en el RNPDNO, no hay una sanción si no lo hacen. Isabel Suárez, abogada especializada en género e integrante de IDHEAS, señala que la única posible es administrativa, pero es poco factible que se dé.

“Con una impunidad del 99%, ¿qué sanción le van a dar (a las autoridades que no suben el registro)?, ¿quién los va a investigar? ¿la fiscalía va a investigar así misma?, cuestiona Dayán, especialista en derechos humanos.

Gobierno de Jalisco denuncia  duplicidad y dificultad para modificar estatus

Al recibir denuncias de diferentes autoridades, una de las preocupaciones es que se reporte de manera doble una desaparición.

Jacobo Dayán, especialista en derechos humanos, pone ejemplos:

“Puedes tener una denuncia sobre la desaparición de una misma persona en diferentes estados. Tú podrías a lo mejor tener una denuncia en la Fiscalía de la Ciudad de México, luego meter otra denuncia en el Estado de México, porque (geográficamente) está a un lado.

También puede ser que la persona desapareció en un estado y es de otro, entonces las familias ponen su denuncia en los dos lados. O están los migrantes que atraviesan todos los estados y entonces las familias ponen la denuncia en todos los estados esperando tener información”, detalla.

El RNPDNO  asegura que para evitar duplicidades entre registros subidos por comisiones y fiscalías locales tiene algoritmos que permiten calcular una posible duplicidad o una reincidencia de desaparición. Sin embargo, no existe una información pública sobre cómo opera y los resultados que tiene.

La ex comisionada Karla Quintana menciona que es “ínfima” la posibilidad de duplicidades, aunque reconoce que hay posibilidad de tener mejoras, como en todos los instrumentos y registros.

En el caso de Jalisco, su gobierno acusó fallas.

“Lo que se nos ha explicado es que tras la revisión de los datos en el RNPDNO, se detectaron múltiples fallas en la plataforma: errores en cuanto a la captura de la información plasmada, errores más sustantivos, errores de forma, que han generado de alguna manera duplicados o que han habido registros múltiples correspondientes a la misma persona y ha habido dificultad de actualizar el estatus”, explica Anna Karolina Chimiak, co-directora de CEPAD.

Para dar de baja un registro de desaparición o no localización,  cuenta Chimiak, el registro pide que sea la misma autoridad que subió el reporte sea quien lo actualice.

Es decir, si una persona fue localizada por otra autoridad no podrá realizar el cambio. Por lo que el proceso se hace más burocrático.