Casi cada día entre semana a las 07:00, el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador ofrece una conferencia de prensa conocida como “la mañanera.” El presidente responde a preguntas de los reporteros, pero su objetivo es controlar las noticias, relatando sus logros y despotricando contra sus enemigos, verdaderos y supuestos, especialmente los de los medios.

Desde la semana pasada, López Obrador ha enfocado gran parte de su ira en un artículo que publicamos el 30 de enero sobre las acusaciones de que narcotraficantes contribuyeron $2 millones a su primera y fallida campaña presidencial en 2006. Rechazó el reportaje como “completamente falso” y lo tachó de ser “una calumnia.”

El presidente ha atacado de forma agresiva al reportero del artículo, Tim Golden, llamándolo “un mercenario de la DEA,” un instrumento del Departamento del Estado y “un peón,” entre otras cosas. “Para mi, deberían de darle el premio a la calumnia,” dijo de Golden, quien ha compartido el Premio Pulitzer dos veces.

El miércoles, López Obrador retó a Golden a que fuera al Palacio Nacional en la Ciudad de México para contestar a preguntas sobre los orígenes del reportaje, porqué lo escribimos y las identidades de sus fuentes en los Estados Unidos y México.

Aunque quizás Golden disfrutaría el debate, no va a aparecer en la mañanera. Hizo múltiples esfuerzos antes de la publicación del artículo para incluir la perspectiva de López Obrador. Contactamos con el vocero del presidente más de una semana antes de la publicación y le proporcionamos un resumen detallado de las conclusiones del reportaje y una serie de preguntas. Después de varias solicitudes, el vocero prometió una respuesta, pero nunca la recibimos.

ProPublica hablaría con López Obrador como con cualquier otro jefe de estado—no para un episodio del segmento de la mañanera que él titula “Quién es quién en las mentiras?

Sin embargo, sí creo que sería útil abordar las legítimas preguntas que el presidente ha planteado sobre las razones de porqué hicimos esta investigación y cómo la hicimos.

Para resumir: nuestro reportaje, que se basó en entrevistas con funcionarios actuales y antiguos y la revisión de documentos oficiales, reveló la existencia de una investigación previamente secreta de la DEA sobre las supuestas donaciones a la primera campaña presidencial de López Obrador en 2006 por narcotraficantes trabajando con el llamado Cártel de Sinaloa.

El caso comenzó cuando un abogado mexicano del narcotráfico que estaba trabajando como informante de la DEA les informó en 2010 que había participado en la reunión en la cual las donaciones fueron negociadas, según funcionarios. Dijo que le dio la mayor parte de los fondos a un operador de la campaña de 2006 de López Obrador, Mauricio Soto Caballero. El informante entonces animó a Soto a que entrara en un negocio de cocaína de poca monta. Agentes de la DEA lo detuvieron en McAllen, Texas, y Soto aceptó trabajar de forma encubierta para los americanos para evitar la prisión federal.

Al final, Soto y otros tres testigos adicionales confirmaron a la DEA las declaraciones del abogado del narcotráfico, según funcionarios. Para reunir más pruebas para un posible caso de corrupción, la DEA mandó a Soto a grabar secretamente dos conversaciones con el hombre a quien dijo haber dado la mayor parte del dinero de los narcotraficantes, Nicolas Mollinedo Bastar, uno de los hombres más cercanos de López Obrador.

Fiscales del Departamento de Justicia revisaron las grabaciones y concluyeron que eran incriminatorias pero no decisivas, según gente conocedora del caso. Agentes de la DEA quisieron proceder con un operativo encubierto más elaborado dentro de México, pero los funcionarios de Justicia rechazaron ese plan a finales del 2011, en parte por temor a que incluso un proceso legal exitoso realizado en los Estados Unidos podría ser visto por los mexicanos como una injerencia estadounidense intolerable en su política.

El caso se cerró, y a nuestro entender, los investigadores estadounidenses no procedieron con ninguna otra investigación de posibles vínculos con narcotraficantes de López Obrador o su entorno cercano.

(Soto no respondió a nuestras repetidas preguntas sobre su papel en la investigación estadounidense, pero en recientes entrevistas dijo que no actuó como fuente confidencial ni grabó a su amigo y colega Mollinedo. En una entrevista, Mollinedo nos dijo que nunca recibió donaciones de narcotraficantes, rechazó la idea de que López Obrador habría tolerado alguna vez tal corrupción y dijo que no sabía nada de una investigación estadounidense que involucraba a su amigo Soto.)

López Obrador fue elegido presidente de México en 2018 después de prometer alejarse de la confrontación con los poderosos grupos del crimen en México. Bautizó esta política como “Abrazos, no balazos,” y empezó inmediatamente a reducir la cooperación antidroga con Estados Unidos.

Algunos críticos de nuestro reportaje han preguntado porque indagamos en una acusación de corrupción que se remonta al 2006. Es una pregunta razonable. Nosotros lo vimos como un caso ejemplar de las presiones contradictorias que enfrentan los funcionarios estadounidenses cuando se enteran de la posible corrupción en México. Mientras algunos funcionarios estadounidenses creen que el combate a la corrupción debería de ser una responsabilidad mexicana, otros notan que la colaboración oficial ha sido un elemento clave (además de la porosa frontera de 2,000 millas y el vasto mercado ilícito de la droga en los Estados Unidos) que ha alimentado su surgimiento como una fuerza global del crimen.

El poder de estas bandas criminales, que dominan grandes franjas del territorio mexicano y extorsionan a negocios en todas partes de la economía, se ha convertido en un problema creciente de seguridad nacional para ambos países. En los Estados Unidos, las muertes anuales por sobredosis de droga han superado las 100,000 en los últimos años. A pesar de los abrazos, la violencia criminal en México se mantiene en niveles históricos. Después de más de 15 años y $3.5 mil millones en ayuda de Estados Unidos, los esfuerzos bilaterales para transformar el sistema de justicia penal de México han decaído de forma importante.

La ambivalencia de los funcionarios en Washington para enfrentar el problema de la corrupción se ha agudizado todavía más con la mayor importancia del tema de la inmigración en la política estadounidense: los funcionarios de Estados Unidos comprenden que la administración de López Obrador podría responder a cualquier acción penal contra sus funcionarios relajando su control sobre los migrantes en la frontera.

Aunque pueda decepcionar a López Obrador, no revelamos las identidades de los funcionarios actuales y antiguos que hablan con nosotros para estos reportajes. Pero podemos ofrecer algo de contexto sobre el reportaje más reciente. Esto no fue una filtración orquestada; los funcionarios de la administración Biden con quien hablamos se manifestaron uniformemente consternados porque iba a publicarse. Una disputa con un presidente mexicano—mucho menos cualquier amenaza de conflicto en el frente de la inmigración—no es el telón de fondo que quisieran ver para una elección presidencial en 2024.

Los ataques de López Obrador desde el podio del palacio han sido personales e insultantes . Entonces, aquí van unos cuantos hechos. El autor de nuestro artículo, Golden, ha reportado sobre México durante tres décadas, primero como jefe de la corresponsalía del New York Times en la Ciudad de México y después como reportero de investigación para el Times y ProPublica. Empezó a trabajar en este reportaje hace meses, y los detalles se acumularon en docenas de entrevistas y de documentos internos.

López Obrador ha planteado múltiples teorías sobre el origen de este reportaje. A principios de esta semana, sugirió que de alguna forma Golden estaba en contubernio con el desacreditado ex presidente Carlos Salinas de Gortari, a quien cubrió durante la década de los noventa. Aunque Golden tenía buenas fuentes dentro del gobierno en aquella época, también produjo docenas de artículos profundamente investigados sobre la explosión del narcotráfico bajo Salinas, la sombra creciente de la corrupción en México, y el fracaso de los Estados Unidos en lidiar eficazmente con cualquiera de estos problemas. Ese trabajo continuó durante el mandato del sucesor escogido por Salinas, Ernesto Zedillo, cuya administración también se quejó de reportajes que expusieron acusaciones de corrupción en altas esferas.

Alguna gente en México ha especulado sobre el hecho de que reportajes similares sobre las donaciones de narcotraficantes a la campaña del 2006 aparecieron en tres medios extranjeros simultáneamente. Seguramente, aseveran, este hecho es evidencia circunstancial clara de una campañacoordinada por Estados Unidos para filtrar información que pudiera socavar al gobierno mexicano.

La verdad, como sucede tan a menudo, es mucho más prosaica. Al principio de nuestra investigación, nos dimos cuenta de que una respetada organización periodística de Estados Unidos, InSight Crime, estaba persiguiendo las mismas acusaciones. A veces colaboramos, o competimos, en tales circunstancias. En este caso llegamos a un acuerdo con InSight Crime que trabajaríamos de forma independiente cada uno por su lado para producir los reportajes más detallados y cuidadosos que pudiéramos, pero coordinaríamos la fecha de publicación. Demoramos la publicación y reescribimos nuestros reportajes para responder a una petición de la DEA para que no nombráramos ninguna fuente confidencial .

Como a veces sucede, sin embargo, una reportera mexicana que escribe para el medio alemán Deutsche Welle publicó su propia versión de las donaciones e identificó a Mauricio Soto como una fuente de la DEA. Con esta información ya publicada, InSight Crime y ProPublica procedimos a incluirla en nuestros reportajes.

En cuestión de horas, López Obrador estaba vituperando a los tres reporteros como “vil calumniadores.”

La táctica de atacar a los reporteros que revelan verdades incómodas es tan vieja como la democracia misma. Pero el auge de los medios sociales ha elevado el poder de los ataques contra los periodistas a nuevas alturas. Los políticos como López Obrador ahora pueden usar sus plataformas para decir lo que quieren de un reportero y después dar un paso atrás mientras ejércitos de bots y amigos amplifican el mensaje a través de Internet.

Esta experiencia puede ser difícil para los reporteros estadounidenses. Pero es un asunto mortalmente serio en México, donde se mata con impunidad a los periodistas que investigan el crimen organizado y la corrupción oficial. Según el Committee to Protect Journalists (El Comité para Proteger a Periodistas), más de 100 reporteros, editores y fotógrafos mexicanos han sido asesinados tan solo desde 2010. Los 13 asesinados en 2022 representan una cifra histórica.

Esperamos que el Presidente López Obrador nos conceda una entrevista, pero de todas maneras continuaremos escribiendo sobre la corrupción mexicana y la política de Estados Unidos en torno a ella.