Cunde el miedo: proselitismo entre balas; crimen también vota
Estado de los ESTADOS
Lilia Arellano
“No existe la democracia donde impera el miedo”: Data Cívica
● Cunde el miedo: proselitismo entre balas; crimen también vota
● Organizaciones criminales inciden ya en comicios del 2 de junio
● 4,737 homicidios dolosos en el primer bimestre del 2024: SSPC
● Entre la guerra de falsedades se desenvuelven las encuestadoras
Ciudad de México, 19 de marzo de 2024.- El miedo es el trasfondo de la elección constitucional del próximo 2 de junio. La agresión diaria contra personas vinculadas con el ámbito político, la ejecución frecuente y creciente de candidatos, la intervención del crimen organizado, particularmente a nivel municipal, la ineficacia de las autoridades federales y estatales para poner un alto a esta situación, y la preocupación de los aspirantes a cargos de elección popular enmarcan el proceso comicial. El recelo y la desconfianza imperan y las solicitudes de protección con seguridad del Estado, hechas por candidatas y candidatos federales, se incrementaron 163% entre 2018 y 2024.
El aumento de violencia en el país está vulnerando el proceso electoral. El crimen organizado está encontrando diferentes formas para buscar incidir en quienes serán los próximos gobernantes, sobre todo a nivel municipal. Las bandas criminales están interviniendo en el proceso electoral financiando campañas, imponiendo candidatos, induciendo al voto, interviniendo en las casillas y secuestrando o matando a candidatos, precandidatos o funcionarios para obligarlos a cooperar con ellos. Pero el gobierno federal no tiene un conteo oficial de víctimas de violencia en México y los registros los elaboran principalmente consultoras o asociaciones civiles.
Al momento, la asociación civil Laboratorio Electoral registra más de 43 homicidios de aspirantes a cargos de elección popular y políticos relacionados con los próximos comicios. Los datos de la organización reportan un total de 109 casos de violencia electoral, lo cual incluye a 43 personas asesinadas, así como 18 atentados, 43 casos de amenazas y cinco secuestros de personas relacionadas con actividades del proceso electoral en marcha en el país. Guerrero, Michoacán y Chiapas son los estados con más víctimas mortales. En tanto, el número de abanderados que han solicitado protección ante el INE alcanzó los 79 casos, mientras que a finales de mayo de 2018 la cifra era de 30.
De acuerdo con el último corte de información, las entidades con mayor número de peticiones de seguridad son Morelos, Estado de México, Chiapas, Baja California y la Ciudad de México. Del total de aspirantes quienes solicitaron protección, tres son los candidatos a la Presidencia de la República y cinco contienden por una de las nueve gubernaturas en juego: son dos en Morelos, y uno en Chiapas, Guanajuato y CDMX, respectivamente. Pero también hay solicitudes de protección de candidatos en Baja California Sur, Tamaulipas, Veracruz, Chihuahua, Colima, Michoacán, Sinaloa, Sonora, San Luis Potosí, Guerrero, Guanajuato, Aguascalientes, Puebla, Quintana Roo, Jalisco y Yucatán.
La mayoría de las peticiones se han recibido por parte de candidaturas de Fuerza y Corazón por México (32 solicitudes). De las 79 peticiones, 21 son para candidaturas al Senado, cinco a gubernaturas, tres para la presidencia y 50 a diputaciones federales. En el mapa de asesinatos, ataques, secuestros, amenazas, publicado el pasado 1 de marzo por diversos medios de información, Veracruz, Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Estado de México y Morelos son los estados más peligrosos para personas involucradas en las elecciones, en los cuales se han perpetrado ataques con armas, secuestros y amenazas que se presentaron en 2018, 2021 y lo que va de las precampañas y campañas en 2024.
La lista de personas políticas asesinadas desde julio de 2023 incluye a: Karla Citlalli Herrero González, lideresa del Partido Encuentro Solidario (PES) en Michoacán, el 9 de marzo. Un día antes, fue asesinado Román Quezada Anduaga, secretario general del PAN en El Fuerte, Sinaloa. En Cardel, Veracruz, el 4 de marzo fue asesinado Policarpo Ovejas. El 3 de marzo falleció el aspirante del PT a la alcaldía de Atoyac de Álvarez, Guerrero, Alfredo González Díaz. Armando Pérez Luna y Miguel Ángel Reyes Zavala, aspirantes a candidatos del PAN y Morena, respectivamente, a la alcaldía de Maravatío, Michoacán, fueron ejecutados el 26 de febrero.
De acuerdo con Laboratorio Electoral, el primer asesinato vinculado al actual proceso electoral ocurrió el 16 de junio del 2023, en contra de Paola Quevedo Arreaga, ex lideresa de Morena en Celaya, Guanajuato. Uno de los últimos asesinatos fue el de Tomás Morales Patrón, aspirante de Morena a la alcaldía de Chilapa de Álvarez. La Fiscalía estatal precisó que en el lugar de los hechos encontraron tres casquillos percutidos de calibre 9 mm. Otro más fue el de Joaquín Martínez, aspirante a reelegirse en la alcaldía de Chahuites, Oaxaca, quien fue ultimado ayer dentro de su casa.
Por su parte, la firma Integralia, una consultora en asuntos políticos, contabilizó, de septiembre del año pasado a febrero de este año, 182 incidentes de violencia política, asociados a 238 víctimas, es decir, 1.3 víctimas cada día. En este conteo entran funcionarios, exfuncionarios, políticos, expolíticos, aspirantes a cargos de elección, familiares y víctimas colaterales. Según dicho conteo: “Los asesinatos representan el 48.3% de las agresiones totales y los atentados el 21.8%, es decir, unos 88 asesinatos hasta febrero y 40 atentados. Del total de agresiones, 44 fueron contra aspirantes a candidatos a cargos de elección popular, “al menos hay un aspirante agredido cada cuatro días”. Morena concentra el mayor número de las agresiones con el 3.18%, según Integralia. El blanco prioritario del crimen organizado son los aspirantes a cargos municipales. El 54.5% de las agresiones fueron dirigidas a este ámbito “pues representan acceso directo al control de las economías locales”. De esos aspirantes, 12 fueron asesinados y siete sufrieron atentados. Los presidentes municipales son quienes pueden o no ofrecer impunidad en el territorio, tienen el control de la policía local y de las obras públicas.
Y Data Cívica, una asociación civil identificada como feminista y dedicada al análisis de datos, dice en su más reciente informe que, tan solo entre enero y febrero de este año, 10 precandidatos fueron asesinados, cinco cada mes. El estudio de la organización “Votar entre balas, entendiendo la violencia criminal-electoral en México”, registra: “De 2018 a lo que va de 2024 se han registrado en México mil 709 ataques, asesinatos, atentados y amenazas contra personas que se desempeñan en el ámbito político, gubernamental o contra instalaciones de gobierno o partidos”.
El 2023 es el año con más ataques contra personas relacionadas con la política, los cargos de elección popular y funcionarios, con 574 eventos violentos, seguido de 2022 con 486. En menos de tres meses de este año no pintan nada bien, pues van 110 casos de violencia. “En México, la violencia electoral se ha convertido en una herramienta del crimen organizado para influenciar la vida pública de estados y municipios “, advierte el equipo de investigación de Data Cívica y del Programa para el Estudio de la Violencia (PEV) del CIDE.
Es muy grave que la violencia se convierta en una herramienta para silenciar voces disidentes o para intimidar a aquellos que buscan servir a sus comunidades a través de la política, pues se corre el riesgo de que la ciudadanía se vea desalentada a participar en el proceso electoral. El miedo lleva a una disminución en la participación en las elecciones, lo cual debilita la legitimidad de los resultados y socava la representatividad democrática. La violencia política alimenta la impunidad. Cuando los criminales no son llevados ante la justicia se perpetúa un clima en el que la violencia no sólo se tolera sino se normaliza. Esto propicia continúen los ataques contra políticos, candidatos y activistas, perpetuando un ciclo de violencia, el cual amenaza la estabilidad y la democracia. Los agresores en procesos electorales atentan contra la paz pública y la estabilidad social, y deben ser castigados, pues es la mejor forma para contener la expansión de esta violencia.
DE LOS PASILLOS
En medio de la violencia política que azota al país rumbo a las elecciones del 2 de junio, el número de homicidios dolosos en México repuntó un 0.83% interanual en febrero pasado hasta los 2,304, reportó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). En el primer bimestre del año, se acumularon 4,737 homicidios, un 3.01% menos que los 4,884 del mismo lapso de 2023 y un promedio de 79 víctimas al día frente a las 81 del año anterior, según datos exhibidos por la titular de la SSPC, Rosa Icela Rodríguez en Palacio Nacional. No obstante, la funcionaria sigue defendiendo que la tendencia se ha mantenido a la baja en la actual administración del gobierno federal. Seis de las 32 entidades del país concentran casi la mitad de los homicidios: Guanajuato, Estado de México, Baja California, Chihuahua, Guerrero y Jalisco, que en conjunto representaron 2,257 de esos crímenes… La guerra de encuestadoras no tiene límite. Un diario de circulación en la CDMX y en Nuevo León habla de más de veinte puntos, sin embargo, oculta más del 50 por ciento de los encuestados se negó a responder, lo cual invalida los resultados. Además, quien estaba al frente de este ejercicio periodístico llevado a cabo en el pasado con gran puntualidad, renunció señalando pretendían manipular los resultados y se fue a Latinus. Otra señala una diferencia de poco más de 15 puntos y así se ha mantenido contra viento y marea. Dos más, a través de las redes sociales hablan de encontrarse la Gálvez por encima de la Sheinbaum por 3 y 5 puntos. ¿Será por eso hay tan malos humores en Palacio?
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