Propuestas de presidenciables contra corrupción son insuficientes e incluyen medidas que ya están en la ley
Las propuestas para combatir la corrupción de quienes aspiran a la Presidencia se quedan cortas ante esa problemática y algunas ya están contempladas en leyes vigentes.
Las propuestas de Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez para combatir la corrupción se quedan cortas ante esa problemática que, más allá del discurso presidencial, persiste en la vida diaria de la ciudadanía y a nivel institucional.
“Ninguna de las tres propuestas es suficiente para mitigar el fenómeno de la corrupción, que es un fenómeno tan complejo. Son propuestas aisladas, poco innovadoras y muchas de estas cuestiones ya están normadas en las leyes”, comentó Dalia Toledo, directora de Finanzas Públicas y Anticorrupción de la organización Ethos, durante un foro para analizar lo que plantean las candidatas y el candidato presidencial.
Claudia Sheinbaum, candidata de “Sigamos Haciendo Historia”, propone crear una agencia anticorrupción con funciones de investigación y sanción de responsabilidades administrativas de servidores públicos y particulares.
“La Agencia Nacional Anticorrupción, que no es sólo una idea mía, sino producto de un proyecto de nación que hemos elaborado con distintas personalidades que ustedes conocen”, dijo durante el Primer Debate.
Sin embargo, no contaría con autonomía ni independencia, pues estaría adscrita al Poder Ejecutivo.
“Sobre la creación de la Agencia Nacional Anticorrupción, nosotros vemos que esta agencia no implica un giro en la forma en la que se ha venido combatiendo la corrupción o particularmente en la que se investigan las faltas administrativas graves, porque esta función antes le correspondía a la Secretaría de la Función Pública”, menciona Dalia Toledo.
Lucía Mimiaga, integrante de la Red de Mujeres Anticorrupción de Sinaloa y seleccionada por cinco años como integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, insiste en la participación de la ciudadanía ante la complejidad de esta problemática.
“No entendemos dónde van a quedar los ciudadanos ahí representados, porque no nada más es un trabajo del gobierno, esto implica también a los ciudadanos, a los empresarios, a la iniciativa, a los académicos. Es un tema muy complejo”, señala.
En cambio Xóchitl Gálvez, de la coalición “Fuerza y Corazón por México”, apuesta por el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). “Vamos a revisar el funcionamiento para promover su fortalecimiento y renovación”, se lee en la página web de la candidata.
El SNA es un mecanismo de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos que fue creado en 2015.
El presidente Andrés Manuel López Obrador no está a favor de este sistema. En el marco de las propuestas hechas por el Ejecutivo Federal en materia de simplificación orgánica, plantea la desaparición de la Secretaría Ejecutiva del SNA y trasladar sus funciones a la Secretaría de la Función Pública (SFP).
El Comité de Participación Ciudadana, que forma parte del SNA, solicitó a las y el candidato firmar el Acuerdo Nacional Anticorrupción para que se comprometieran a llevar una agenda enfocada en esta problemática, pero no lo concretaron.
“Recibimos de parte de ellos respuestas diversas y ciertas peticiones, desde firmar sobre la base de condiciones distintas, de decir sí pero no cuándo, de establecer la posibilidad de que fueran representantes y no candidatos”, informó el comité en un comunicado.
Liliana Alvarado, directora general de Ethos, señaló que el debate debe ir más allá de contar o no con un SNA, pues para combatir esta práctica sistémica se requiere mucho más que voluntad política.
“¿Cómo hacemos que los actores que están vinculados en combate a la corrupción se coordinen? ¿Cómo hacemos que se cumplan los acuerdos? ¿Cómo hacemos que la agenda anticorrupción no esté politizada? ¿Cómo hacemos que haya profesionalización?”, cuestionó.
Limitar adjudicaciones directas ya existe en la ley
Uno de los temas del primer debate presidencial fue transparencia y combate a la corrupción. Quienes moderaron preguntaron a las y el candidato: “¿cómo se deben asignar los contratos de obra pública para transparentar la inversión, reducir los ‘moches’ y la corrupción que de ahí se deriva?”.
El candidato Jorge Álvarez Máynez respondió que pasar de un sistema de adjudicaciones a licitaciones abiertas. Xóchitl Gálvez propuso que las asignaciones directas sean prácticamente inexistentes y hacer licitaciones a partir de que se apruebe el presupuesto.
Al presentar su plan anticorrupción, Claudia Sheinbaum habló de que en 2030 el 65% del monto anual contratado deberá ser por licitación pública, que es un procedimiento de contratación con una convocatoria abierta donde compiten todos aquellos interesados que reúnan los requisitos previstos.
Mientras que la adjudicación directa, como su nombre lo indica, es un procedimiento en el que se da el contrato a un proveedor que ha sido preseleccionado sin que exista competencia.
“Proponen limitar las adjudicaciones directas cuando es algo que ya viene en la ley”, advirtió Dalia Toledo.
El artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas establecen no utilizar las adjudicaciones directas salvo cuando por las características del bien o servicio sólo exista un contratista o proveedor en el mercado, en los casos de urgencia derivados de caso fortuito o fuerza mayor o cuando las contrataciones se realicen con fines exclusivamente militares o para la armada, o su contratación mediante licitación pública ponga en riesgo la seguridad nacional o la seguridad pública.
Los aciertos en propuestas para combatir la corrupción
Las y el candidato también han realizado propuestas que podrían ayudar al combate a la corrupción, de acuerdo con especialistas de Ethos Innovación en políticas públicas.
Por ejemplo, Claudia Sheinbaum propone crear una ley general para investigar y sancionar los delitos por hechos de corrupción.
“Vemos aciertos en en definir estas bases para la investigación y sanción de delitos de corrupción a través de un modelo modelo nacional, ya que hoy en día cada entidad federativa regula estos temas de investigación y sanción de manera distinta en sus códigos penales estatales y esto provoca que haya conductas que son castigadas en algunos estados y en algunos otros no”, explicó Dalia Toledo.
Gálvez también propone crear sistemas abiertos de incorporación de servidores públicos como el concurso de plazas, basados en instrumentos de control de confianza para verificar la integridad y la ética de cada servidor público.
“Es una discusión importante que también tiene que ver con la corrupción, que entren por palancas, las personas al servicio público. No llegan quienes tienen los mejores perfiles idóneos para puestos clave, si no llegan a veces los hijos de los amigos, de los compadres, el cuñado y esto no es correcto”, añade Mimiaga.
Especialistas de Ethos coinciden en que las propuestas de Gálvez y Álvarez Máynez parecen centrarse más en fortalecer la independencia, autonomía y capacidades de las instituciones anticorrupción, lo cual es necesario.
“Hay un tema de autonomías. Los contrapesos no son reales, este el caso de la Fiscalía Anticorrupción, en este caso la Auditoría Superior de la Federación, el caso de la Secretaría de la Función Pública, que es parte del Ejecutivo”, sostuvo Javier González, director de Desarrollo Institucional en Ethos.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2023, entre noviembre y diciembre de ese año, 83.1% de la población encuestada consideró frecuente la corrupción.
Además, 14% la experimentó al realizar trámites, pagos, solicitudes de servicios, o al tener contacto con alguna persona servidora pública.
“A nivel nacional, en 2023, los costos de incurrir en actos de corrupción se estimaron en 11 mil 910.6 millones de pesos. La cifra equivale, en promedio, a 3 mil 368 pesos por persona víctima”, menciona dicha encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
En 2023, la tasa de población que tuvo contacto con alguna persona servidora pública y experimentó al menos un acto de corrupción fue de 13 mil 966 por cada 100 mil habitantes, a nivel nacional. Mientras que la tasa de incidencia fue de 25 mil 394 actos de corrupción por cada 100 mil habitantes.
Si se considera esta prevalencia a nivel histórico, hay cambios significativos al alza, sobre todo al comparar con 2013.
Ante estos datos es importante que la ciudadanía se sume a generar cambios, aunque las y el candidato al menos en la etapa de campaña no han profundizado en sus propuestas de combate a la corrupción.
“No se terminan de entender muy bien los cómos y parece que ya no vamos a tener tiempo de profundizar mucho en estas propuestas porque ya es el final de la campaña”, concluye Lucía Mimiaga.
Con información de Animal Político
