La Audiencia inicial para formulación de imputación de este jueves en contra del doctor Jesús Madueña Molina y los integrantes del Comité de Adquisiciones se caracterizó por la serie de contradicciones expuestas por la Fiscalía General del Estado (FGE) y porque el Juez de Control Carlos Alberto Herrera se condujo en total comparsa y complicidad con los fiscales.

 

Y es que al momento de solicitar la imputación la Fiscalía acusó que se realizó obra de manera “ilegal” por el monto de poco más de 10 millones 898 mil pesos en 2021 y 10 millones 65 mil pesos en 2022, sin embargo, en el expediente se tiene que son poco más de 9 millones 395 mil en 2021 y 8 millones 677 mil en 2022 y de acuerdo a la revisión de una perito contable de la propia Fiscalía se informó que se pagaron un poco más de 3 millones en 2021 y 4 millones en 2022 por rehabilitar espacios universitarios.

 

De igual forma la Fiscalía no acreditó que los recursos utilizados fueran recursos fiscales o autogenerados por Gobierno del Estado, se limitó a insistir en que eran recursos estatales, se dieron datos de facturas con fecha de 2018 y otra información con fecha de 2014, 2017 y 2019, los abogados defensores solicitaron al Juez que interviniera porque nada tenían que ver con los periodos que están en la carpeta, pero el Juzgador se negó a las peticiones.

 

De igual forma uno de los fiscales al leer las facturas empezó a decir que no estaban pagadas y luego de que uno de sus colegas le susurrara al oído dejó de expresar si estaban pagadas o no, después dejó de dar los montos de las facturas para decir sólo el folio y que estaban pagadas, lo que generó molestia en los defensores ya que de 128 facturas la perito resolvió que en 2021 fueron canceladas 47 y 33 en 2022, incluso el abogado defensor Milton Ayala Vega expresó que más de la mitad de las facturas estaban canceladas pero el Fiscal las estaba leyendo como “pagadas”, lo que originó una disputa entre defensores y Fiscalía y el Juez advirtió que de continuar así ordenaría la expulsión de la sala.

 

Los imputados se acogieron al plazo de 144 horas de acuerdo al término de duplicidad para continuar con esta audiencia la cual quedó fijada para continuar el martes 2 de julio del presente mes.

 

“Yo me quedo con la misma idea: tratar de entender que aquí no vamos a conseguir nada, aquí vienes a que te sacrifiquen y esperamos todos y confiamos todos en la Justicia Federal, ustedes son testigos de cómo me crucificaron en el tema de las tortillas, como me crucificaron en el tema de las carnes, fui enlodado con esos temas y ya vieron lo que dijo el Juez Federal tengo las dos sentencias a favor, igual que la de abuso de autoridad”, expresó al salir de la audiencia el doctor Jesús Madueña Molina, separado ilegalmente de su cargo de Rector.

 

Expuso que lo único que se hizo fue atender el llamado del Presidente de la República de regresar a clases presenciales durante la Pandemia, por ello se realizó una inversión grande en varios rubros para rehabilitar los espacios y el equipamiento, se hizo en todo el estado, fue la UAS la primera Universidad en todo México en regresar a clases presenciales después de casi 2 años en confinamiento.

 

“Pero en vez de que te lo agradezca el estado, de que te den un reconocimiento, nos quieren meter a la cárcel, pero además te quieren dejar en la ruina (…) estamos a merced de un gobierno totalitario y la verdad que sí da tristeza”, señaló al referirse a la medida cautelar de 2 millones de pesos que se le impuso y que con una afianzadora ya pronto se podrá cumplir porque el plazo vence el 10 de julio, mientras que del comportamiento del Juez opinó que da tristeza como se conduce pues más bien parece un fiscal más por su comportamiento.

 

El abogado Milton Ayala Vega calificó de inaudito la “rabia” de la Fiscalía que tiene encomienda, ya que empiezan hablando de 10 millones en 2021 y otra cantidad similar en 2022 y después dicen que se pagaron 3 millones, actuaron con omisión porque no dijeron cuáles facturas estaban vigentes, pagadas o no pagadas y también omitieron el monto de los contratos y la incoherencia e intolerancia es que hablaron de facturas de 2018.

 

“(La Fiscalía) le queda a deber mucho al pueblo de Sinaloa esos temas de investigación, este es un tema que se dio para la rehabilitación de espacios de la Universidad y con eso le pagan al doctor Madueña y a todos los universitarios por seguir educando a los jóvenes de Sinaloa”, dijo.

 

El Asesor Jurídico doctor Ramón Bonilla Rojas, señaló que la Fiscalía hizo una mezcolanza de los recursos y cometió pifias que los obligó a inventar cosas como el decir que había facturas pagadas aun cuando en el escrito que leían no estaba especificado, también expresaron que “pudo haber afectado” a la Universidad y en la formulación de imputación dicen que sí se dañó, lo que son contradicciones evidentes.

 

A su vez el Representante Legal licenciado Yamir de Jesús Valdez Álvarez manifestó que los fiscales saben que la UAS no recibió ingresos fiscales del estado en 2021 y 2022 pero la consigna es acabar con la Universidad y hoy lo dejaron claro el Juez y los fiscales, antes cuidaban más las formas y hoy no les importó sólo cumplen la orden del Tercer Piso.

 

 

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