Al año se cometen 26 millones de delitos, apenas 0.8% llegan a un juez
Una de las razones por las que la gente no denuncia es porque creen que los van a extorsionar. Aquí te decimos lo que dice una encuesta de la Inegi.
En México, todos los días, miles de personas son blanco de un delito, desde robos y extorsiones hasta posibles secuestros, lesiones u homicidios.
Más de 70 mil actos ilícitos del fuero local y federal se cometen cada 24 horas, pero la probabilidad de que terminen ante un juez es inferior al uno por ciento.
La mayoría de los casos, aun cuando se denuncian, se atoran ante el Ministerio Público, pues, el que la víctima de un delito pueda llevar su caso ante un juez se vuelve casi una utopía.
De acuerdo con los censos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2022, los mexicanos padecieron 26 millones 834 mil 278 delitos en total. Casi el 60% fueron algún tipo de robo y extorsiones.
Sin embargo, las agencias del Ministerio Público sólo recibieron la denuncia e iniciaron la carpeta de investigación correspondiente por dos millones 164 mil 789 delitos. Esto significa que, 9 de cada 10 víctimas de un delito prefiere no denunciar.
De los casos denunciados, los datos muestran que el Ministerio Público sólo envió 228 mil 903 a las manos de un juez. Son los casos judicializados, esto es 11% de los casos denunciados y un ínfimo 0.8% del universo total de delitos cometidos.
Es decir, aun cuando la víctima se anime a denunciar un delito, sólo en uno de cada diez casos, el proceso llegará a las manos del Poder Judicial.
Y cuando llega ante un juez, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que, si hay elementos suficientes, el juez ordenará la apertura del proceso y la investigación de los fiscales continuará por hasta seis meses o, en casos excepcionales, un tiempo superior a ello.
Hasta ese momento, una víctima, por cuenta propia o a través de sus abogados, tendrá contacto con el juez.
Cifras oficiales del Censo Nacional de Impartición de Justicia 2023 muestran que de los procesos penales que se iniciaron o estaban en curso en 2022, más de la mitad, el 51.8%, alcanzaron a resolverse de alguna manera.
El 48% restante seguían abiertos porque estaban en fase de investigación complementaria o por algún recurso de impugnación o juicio de amparo.
En 2022, hubo 11 mil 120 procesos penales que llegaron hasta la fase de juicio oral, en los que en el 76.6% de los casos, la sentencia fue condenatoria para los procesados.
A diferencia de otras materias, como la civil o la mercantil, en el tema penal, la gente no puede denunciar un delito ante un juez.
Ya que, el artículo 21 de la Constitución, y los artículos 127 al 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales establecen que la facultad de recibir las denuncias y de investigar los delitos es exclusiva de las agencias del Ministerio Público adscritas a las fiscalías, con el apoyo de peritos y policías.
¿Por qué no se denuncia?
El que una persona decida no denunciar un delito ante el Ministerio Público impide que este avance por el sistema penal y, por tanto, cierra de tajo la posibilidad – aunque mínima – de que llegue a un juzgado. Como ya se dijo, más el 90% de los delitos no se denuncian. ¿Por qué sucede eso?
Los datos de Inegi revelan que, el 31.5% de las personas consultadas en 2023 dijo que no denunció el delito que padeció porque lo consideró “una pérdida de tiempo”; y el 14.7% de las personas piensa que no va a pasar nada, aunque denuncie.
Es una percepción que encuentra correspondencia con los datos de los censos de Inegi que muestran que sólo uno de cada diez casos denunciados avanza hacia el juez.
Hay otro 8.8% de personas que dicen que no denunciaron el delito sufrido porque consideran que el trámite ante el Ministerio Público es “largo y difícil”, y un 4.1% de plano dijeron que no denunciaron por miedo a que lo extorsionaran o por actitud hostil de policías o agentes.
Carpetazo ministerial a la mayoría de los casos denunciados
—¿Qué pasa con los casos denunciados en el Ministerio Público que no llegan a las manos de un juez?—
Los datos reunidos en los censos de Procuración de Justicia del Inegi, aportados por las propias fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República (FGR), dan la respuesta.
La “solución” a la más recurren los fiscales es al “archivo temporal”. Ese fue el destino de 779 mil 741 indagatorias en 2022, que equivalen a más del 36% de las que estaban abiertas.
El archivo temporal es cuando el Ministerio Público decide darle un carpetazo temporal a la indagatoria sin resolverla, a la espera de que un factor externo permita reabrirla y continuar con la investigación.
La segunda salida más frecuente que dan los fiscales a los casos que la gente denuncia es cerrarlos de forma definitiva y no proceder contra nadie; así se determinaron 508 mil 891 casos. Se trata de casos donde el Ministerio Público concluye que el denunciante no tenía razón o que no existió el delito que se habría cometido.
Después encontramos el universo de los casos que sí son enviados al juez y que, como ya se dijo, son apenas el 11% de los dos millones 164 mil 789 que fueron denunciados en 2022.
En 121 mil 571 casos, la opción elegida por los fiscales fue la “incompetencia”. Es el escenario donde los agentes del Ministerio Púbico deciden que, por alguna razón de jurisdicción o fuero, no son competentes para indagar el delito que les reportaron.
Además, hay 42 mil 532 casos en los que los fiscales ejercieron una facultad de no investigar el delito reportado.
Los datos de Inegi muestran que los 483 mil casos restantes se dividen entre aquellos que siguen abiertos sin ninguna determinación, o que fueron determinados con alguna otra opción, como un arreglo entre las partes o solución alterna, sin que llegaran a ser enviados al juez.
El Estado y no los ciudadanos controlan la ofensiva penal: experto
El abogado penalista Gabriel Regino explicó en entrevista que cuando una persona tiene un conflicto de tipo mercantil, civil o familiar, puede presentar una demanda directamente ante un juez de esas materias.
En ese caso el papel del Ministerio Público se limita a ser vigilante y observador del proceso, pero en el caso de un delito este poder no lo tienen los ciudadanos.
Esto se debe —dice el experto— a que el Ministerio Público, instaurado en México a partir de modelo francés, ha evolucionado hasta convertirse constitucionalmente en la figura que concentra la facultad de recibir las denuncias de los delitos, coordinar la investigación de esos y, cuando lo determine, presentar los cargos ante un juzgado. Nadie más puede hacerlo.
“El poder punitivo del Estado ha sido absoluto. Y el Estado no va a soltar ese cinturón porque es al único al que se le permite corregir a sus ciudadanos y perseguir a sus adversarios”, señaló Regino.
Con información de Milenio
