Consuetudinario
Sepan que olvidar lo malo también es tener memoria. José Hernández
CUENTAS CLARAS
El gobernador Rubén Rocha Moya ha intensificado su postura respecto al conflicto que envuelve a la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), dejando claro que la aceptación de la Ley Orgánica es fundamental para él como vía para combatir la corrupción y asegurar la transparencia en la institución.
Desde su punto de vista, esta ley es la única solución para resolver las profundas discrepancias administrativas y financieras que han empañado la reputación de la universidad.
Rocha Moya no ha vacilado en señalar a Héctor Melesio Cuen Ojeda, exrector de la UAS, como figura central en las acusaciones de corrupción que enfrenta la institución.
Para el gobernador, la presencia de Cuen Ojeda en la universidad es inaceptable y representa un obstáculo para avanzar hacia una gestión limpia y responsable de los recursos públicos destinados a la educación.
La estrategia de Rocha Moya combina el diálogo con la firmeza en sus exigencias. Aunque se muestra dispuesto a reunirse con los líderes de la UAS y la intervención de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, deja claro que cualquier acuerdo debe estar fundamentado en la aceptación irrestricta de la reforma legislativa propuesta.
Esta postura refleja no solo un compromiso con sus principios de anticorrupción, sino también una determinación por mantener la autoridad gubernamental sobre los asuntos educativos en el estado.
Desde una perspectiva crítica, la insistencia de Rocha Moya en la culpabilidad y responsabilidad de ciertos actores puede ser vista como una estrategia para consolidar su base política y fortalecer la imagen de su administración como una defensora de la integridad institucional.
Sin embargo, también plantea desafíos significativos en términos de la gobernabilidad y la cooperación efectiva entre los poderes públicos y la academia.
El conflicto en la UAS bajo el gobierno de Rubén Rocha Moya ilustra las complejidades de la política educativa y la lucha contra la corrupción en México.
Mientras el gobernador busca imponer su visión reformista, enfrenta resistencias internas y críticas externas sobre la naturaleza y la ejecución de sus políticas. El desenlace de esta disputa no solo determinará el futuro de la universidad, sino también sentará un precedente importante en la política estatal y nacional.
Hoy se reúnen ambas partes para concretar acuerdos.. mientras tanto…
Y POR EL OTRO LADO
La reciente noticia del despido de Eneyda y Ricardo Rocha Ruiz, hijos del gobernador Rubén Rocha Moya, de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) ha intensificado las tensiones en el ya convulso escenario político y académico del estado.
Según declaraciones del mandatario en su conferencia semanal, estos despidos están relacionados con los conflictos internos y las acusaciones de corrupción que han sacudido a la UAS en los últimos meses.
Rubén Rocha Moya ha defendido públicamente a sus hijos, argumentando que los despidos podrían estar motivados políticamente por los actuales directivos de la UAS, quienes enfrentan acusaciones graves.
Aunque reconoce que desconoce las razones oficiales detrás de los despidos, ha insinuado que podrían ser parte de un intento por parte de la administración universitaria de desacreditar a su familia.
El gobernador ha dejado claro que sus hijos defenderán sus derechos laborales a través de los tribunales correspondientes.
Esta postura no solo subraya la tensión entre la política gubernamental y la autonomía universitaria, sino que también pone de relieve los desafíos legales y éticos de manejar conflictos familiares en un entorno público tan delicado como el educativo.
La reacción pública ante estos despidos ha sido mixta. Mientras algunos sectores critican la presunta injerencia política en asuntos académicos, otros apoyan la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión universitaria.
Este episodio también arroja luz sobre la compleja dinámica entre el poder político y las instituciones educativas autónomas en México, especialmente en un estado con historial de conflictos políticos y administrativos.
TAPÓN DE SIDRA
El presidente municipal de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, se encuentra en medio de una controversia creciente tras las denuncias contra empleados municipales que solicitaron permisos para trabajar en la campaña electoral, supuestamente favoreciendo a candidatos competidores.
Esta situación ha resultado en la solicitud de renuncias voluntarias por parte de algunos empleados, mientras que otros podrían enfrentar la misma exigencia si se comprueban las acusaciones en su contra.
Vargas Landeros ha enfatizado la importancia de la transparencia y la rectitud en la administración pública, respaldado por la confianza del gobernador Rubén Rocha Moya para actuar según considere necesario.
Sin embargo, el manejo de estas acusaciones no solo afecta la reputación del gobierno municipal, sino que también pone a prueba la capacidad del alcalde para gestionar conflictos internos de manera efectiva, especialmente en un contexto político tan tenso como el actual.
La relación entre el gobierno estatal y municipal se vislumbra como un aspecto clave en este escenario.
Si bien Vargas Landeros tiene libertad para manejar asuntos de empleados de bajo nivel, la necesidad de consultar al gobernador para cambios entre funcionarios de primer nivel destaca la importancia de la coordinación y el apoyo político en decisiones sensibles como estas.
Además de las acusaciones internas, Vargas Landeros también ha tenido que enfrentar críticas sobre las prácticas de los policías municipales, particularmente el uso de gorros o capuchas durante el servicio.
Aunque reconoce la necesidad bajo condiciones climáticas extremas, ha reiterado la obligación de los policías de identificarse correctamente al interactuar con la comunidad, reafirmando su compromiso con normativas claras y transparentes en el ejercicio del poder público.
A medida que la gestión de Vargas Landeros avanza, será crucial mantener un equilibrio entre la firmeza en la aplicación de normativas y la sensibilidad hacia los problemas sociales y políticos que enfrenta su administración.
El manejo efectivo de estas situaciones no solo determinará su legado como líder municipal, sino también influirá en la estabilidad y la confianza pública en las instituciones locales.
Marco Antonio Lizárraga
