ABC de la reforma electoral que tiene a los partidos confrontados en el Congreso

En el Congreso los legisladores se preparan para discutir la reforma electoral, como se le llama a una serie de propuestas que colocan al Instituto Nacional Electoral en el ojo del huracán y tienen a la clase política confrontada. Aunque hay decenas de iniciativas de reforma sobre el tema, en el centro de la mesa está la que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados el 28 de abril, y que Morena se propone defender, aunque implica cambios a 18 artículos de la Constitución y no puede hacerlo sólo con sus votos. Aquí te explicamos el por qué de la polarización y qué consecuencias tendrían, de concretarse, los cambios que están a debate.

Aunque el principal opositor, Acción Nacional (PAN), también tiene propuestas, éstas no han figurado en la conversación, así que el debate se centra en lo que propone el presidente, particularmente en la idea de “transformar” al INE, argumento que ha suscitado enfrentamientos entre morenistas y opositores, y es lo que ha detonado la campaña #YoDefiendoAlINE y #ElINENoSeToca.

¿Desaparecer al INE y remover consejeros? En los hechos, la iniciativa presidencial sí implica la desaparición del Instituto Nacional Electoral (INE), como lo conocemos. Es así, pues serían removidos siete consejeros que concluirían anticipadamente sus encargos; nacería una nueva institución, cuyos integrantes serían designados con un método distinto, y les serían retiradas algunas de las principales facultades que hoy ejercen, pero tendrían otras. El Consejo General del INE hoy está formado por 11 consejeros, de ellos cuatro concluyen su periodo en abril de 2023, incluyendo al consejero presidente Lorenzo Córdova, por lo que prácticamente ese grupo se iría antes de una eventual reforma electoral. De los siete que quedarían, tres fueron nombrados en 2017 y hasta 2026: Dania Paola Ravel Cuevas, Beatriz Claudia Zavala Pérez y Jaime Rivera. Otros cuatro fueron designados en 2020 y saldrían hasta 2029: Carla Astrid Humphrey, Norma de la Cruz, José Martín Fernando Faz Mora y Uuc-kib Espadas Ancona. Todos estos siete serían removidos, de concretarse el plan de Morena. ¿Cómo sería el INEC que propone AMLO? El jefe del Ejecutivo propone centralizar la organización de las elecciones federales y locales en un organismo similar al INE, llamado Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC). Éste tendría diferentes facultades; sería de siete y no 11 integrantes, y éstos tendrían que ser electos mediante voto abierto en proceso organizado por el mismo órgano electoral. Con ese método, el Poder Ejecutivo volvería a tener –como en los años 70 y 80– incidencia en la conformación de la instancia responsable de organizar elecciones, pues presentaría 20 candidatos a consejeros. El Poder Legislativo propondría otros 20 y el Poder Judicial otros tantos. Los tres poderes también incidirían en la integración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), última palabra en materia electoral, pues cada uno propondría 10 candidatos, a convocatoria expedida por el Senado. En total, se tendrían 60 candidatos a consejeros electorales del INEC y 30 abanderados a magistrados electorales; todos podrían hacer campaña en recorridos por todo el país y acceder a tiempos de radio y televisión para promoverse. La propuesta no detalla reglas de gasto, tope de gastos, fiscalización de los abanderados.

En ese esquema, el puesto de consejero presidente del Instituto lo alcanzaría el personaje más votado en urnas. Una vez electos los consejeros, concluirían su ejercicio los actuales integrantes del Consejo General del INE, de acuerdo a la iniciativa presidencial. Por esa elección, en la que se prohíbe a los partidos participar, pero son los que tendrían la fuerza territorial para desplegar a sus bases y recursos para apuntalar, a sus favoritos, es que se advierte el riesgo de consejeros partidizados.

¿Cuánto costaría elegir a los organizadores de elecciones? El presidente López Obrador propone eliminar los 300 distritos electorales –y los consejos distritales permanentes–, pero no plantea los criterios para determinar el número de casillas, que actualmente se hace con base en esa organización distrital. Si se mantiene el criterio vigente, de que todo ciudadano debe tener una casilla cercana a su domicilio (es decir, en su sección electoral) y se considera que en la elección federal de 2021 se instalaron 162,538 casillas para que pudieran votar 93 millones 528,473 electores potenciales, un número muy similar de mesas de votación tendrían que instalarse para elegir consejeros y magistrados. Aunque no ofreció detalles, es por eso que el Instituto Belisario Domínguez del Senado estimó esta semana un costo de ese proceso por un monto de 8 millones 168,910,742 pesos, de seguirse el mecanismo tradicional de organización electoral, dado que no se proponen cambios. Este implica, para un proceso electoral federal, la contratación de más de 40 mil capacitadores y supervisores electorales durante casi tres meses –que es lo más costoso de una elección–, la insaculación y visita a más de 12 millones de ciudadanos en sus casas, la capacitación de casi millón y medio, la instalación de cientos de miles de casillas, además de la impresión de boletas en papel infalsificable. ¿Cómo se conforma el INE hoy? Actualmente, la designación de consejeros se realiza mediante un mecanismo convocado por la Cámara de Diputados, en el que participan dos organismos autónomos –la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (INAI)– para designar a los miembros de un Comité Técnico de Evaluación (CTE), formado por académicos y que coadyuva en el proceso. Este Comité analiza todas las currículas de quienes se inscriben, los entrevista, evalúa, y al final propone a los diputados quienes deberían ser considerados para consejeros del INE pues acreditaron conocimientos, experiencia y podrían ser garantías de imparcialidad. Así, aunque la votación y decisión final es de los diputados, se pretende que con la mediación del CTE se elija a los mejores perfiles. ¿Se afecta al federalismo con la propuesta de AMLO? Otra vertiente de las propuestas del presidente se refiere a la modificación del Congreso federal y de los 32 congresos locales. La Cámara de Diputados se propone recortarla de 500 a 300 diputados, que no se elegirían en distritos pues no serían de mayoría, sino de representación proporcional. El Senado se recortaría de 128 a 96 legisladores, también de representación proporcional. En ambos casos se someterían a votación listas de candidatos por entidad, por lo que se cuestiona que se pierde el vínculo del ciudadano con su representante territorial más próximo. Se propone que haya una diputación por cada 420,000 habitantes, y una senaduría por cada millón 312,500 ciudadanos. También se recortarían los Congresos estatales, y su número sería decidido con criterios poblacionales. Las entidades con menos de 1 millón de habitantes tendrían 15 diputados, y 1 legislador adicional por cada 500,000 habitantes. El máximo de integrantes de un Poder Legislativo estatal sería de 45 diputados. La disparidad de esa propuesta se reflejaría por ejemplo en que una entidad con 8,348,151 habitantes, como Jalisco (al corte de 2020), tendría 29 diputados locales, un ajuste a la baja de 9. En cambio Colima, cuyos ciudadanos no llegaban al millón ese mismo año, contaría con 15 legisladores y se le recortarían 10. Con un mecanismo similar, se eliminarían también cargos de sindicaturas y regidurías en los ayuntamientos, que son las unidades básicas de gobierno y por ello se señala que se reduciría la posibilidad de los ciudadanos de ser representados. En cuanto a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs), hoy responsables de las elecciones para elegir gubernaturas, Congreso local, alcaldías y autoridades municipales (regidores, síndicos) en cada entidad, también se extinguirían. La autoridad federal del INE sería la responsable de organizar desde el proceso presidencial, hasta a las autoridades de municipios y de comunidades en pueblos originarios. Se estima que serían más de 30 mil cargos sujetos a elección y millones de candidatos. Por eso se cuestiona la afectación al pacto federal. ¿En realidad habría austeridad electoral? El mandatario plantea como eje de sus propuestas la reducción en los costos de la democracia. Por eso la centralización de las elecciones en el INEC, pues desparecerían los 32 OPLEs, mismos que representan un costo de 13,000 millones de pesos al año Otros “ahorros” se darían al eliminar los 300 distritos electorales y con ellos 300 consejos distritales que operan todo el año, y que se reactivarían cada tres años. Con ese ajuste, entre otros, se abriría el paso a un nuevo recorte al presupuesto del organismo electoral, mismo que el morenismo ha aplicado en los cuatro años de administración, desde 2019 y hasta el ejercicio fiscal en curso. Además, se propone iniciar trabajos para operar el voto electrónico en el futuro, lo que abarataría aún más los costos electorales. También se busca eliminar el financiamiento público ordinario que se entrega a todos los partidos políticos nacionales cada año, y solo entregar financiamiento de campañas cada tres años, para aplicar en proselitismo electoral. Sólo en este 2022, los siete partidos con registro recibieron 5,543 millones 960,204 pesos de gasto ordinario. Esa bolsa desaparecería. Aunque los ahorros son evidentes de aplicarse esa eliminación de financiamiento, la controversia es que, de acuerdo a la propuesta presidencial continuaría el actual esquema de asignación de recursos, aunque sólo sería para campañas, basado en la lógica de ‘a mayor votación’, se obtienen más recursos. Eso dejaría intocado a Morena como el partido con más financiamiento público para gastar; en contraste, los partidos con menos votación, como sus aliados, el Partido del Trabajo (PT) y el Verde (PVEM) serían los afectados, como el resto de la oposición. Además, los partidos nacionales y locales estarían obligados a buscar aportaciones privadas, de militantes y simpatizantes, para su sostenimiento ordinario, es decir, el pago de rentas, salarios, transporte, capacitación, propaganda, año con año en que no haya proceso electoral. Adicionalmente, en la iniciativa del bloque oficial no se establece cómo podrían operar las coaliciones locales, por lo que al menos queda la duda sobre su eliminación o no, y esa es la vía por la que el PT, PVEM, PRD e incluso Movimiento Ciudadano habían podido subsistir en el pasado, de la mano de un partido que atrajera votos a su favor, como en 2018 pasó con el “efecto AMLO”, que benefició a sus aliados. Por eso se alerta que la reforma, tal como fue planteada, podría implicar la desaparición de algunos partidos políticos y el ingreso de dinero ilegal –del crimen organizado, público, por fuera del sistema financiero– a sus arcas, ante la urgencia de fondos para subsistir. ¿Qué facultades perdería el INE? Según la Consultora Integralia, que dirige Luis Carlos Ugalde, la más relevante sería la atribución de integrar el padrón de electores. En su planteamiento, el presidente dejó al organismo la facultad de validar la Lista Nominal de Electores, es decir, la relación de potenciales votantes, pero no así el levantamiento de registros de todos los ciudadanos mayores de 18 años. ‘Genera incertidumbre respecto a quién sería el responsable de conformarlo y el posible uso clientelar o político de la lista de electores; se rompe uno de los pilares de la integridad del sistema electoral mexicano”, se lee en el análisis de Integralia. Esto sería acorde con la intención del gobierno y Morena desde el inicio de la administración, en 2018, en que en repetidas ocasiones han intentado regresar a la Secretaría de Gobernación la responsabilidad de elaborar el padrón electoral –como en tiempos del régimen de control priísta- con el argumento de integrar registros para una Cédula de Identidad Ciudadana que considerara como base las listas electorales, que en exclusiva levanta y resguarda el INE. En 2019, la autodesignada Cuarta Transformación intentó hacerlo mediante una iniciativa de ley para la creación de un Instituto de Identidad, lo que confrontó a gobierno e INE, mismo que defendió sus atribuciones pues regresar el listado de quien puede y no puede votar a la órbita del gobierno regresaría al país a épocas de incertidumbre electoral. ¿Qué dicen las bancadas en la Cámara de Diputados? Aunque en la Cámara de Diputados hay 108 iniciativas con temáticas diversas de reforma electoral, unas para modificar al organizador de los comicios, la conformación del Congreso, cambiar la fórmula del financiamiento público o generalizar el voto electrónico, la realidad es que la discusión por ahora se centra sólo en la presidencial. Precisamente, el recorte al financiamiento público hace que no haya consenso ni entre los aliados morenistas. Por eso el PT y PVEM respaldan en términos generales el planteamiento presidencial respecto al recorte a los organismos electorales, pero defienden mantener su financiamiento. Del lado opositor, el PAN va en contra de todos los cambios propuestos por el mandatario federal y su partido, pero está sentado en el grupo de trabajo constituido en la Cámara de Diputados para acercar posturas y que de acuerdo a Morena ayudaría a construir un dictamen y someterlo a votación antes del 15 de diciembre. El Partido Revolucionario Institucional (PRI), el tercer partido en importancia y que podría inclinar la balanza sobre el resultado final de una reforma electoral, no ha fijado su postura, ni empuja ninguna modificación, pero no ha cerrado la puerta a estas reformas. Se debe tomar en cuenta que para que sean posibles reformas constitucionales se requieren 334 votos de diputados presentes, en caso de acudir los 500. El PRI tiene 69 diputados y Morena, PT y PVEM suman 276, por lo que requiere 58 adicionales, número que sólo le puede aportar el tricolor o el PAN, éste de 115 legisladores. Tanto el Partido de la Revolución Democrática (PRD), con 15 diputados y Movimiento Ciudadano, con 25, no darían los votos suficientes para reformas constitucionales. Además, están abiertamente en contra de reformar al INE, pero impulsan cambios focalizados, pero que no alteren el funcionamiento del sistema electoral.

Con información de Expansión