Activista Mary Patiño advirtió su asesinato; su caso revive la propuesta para legislar el narcofeminicidio en Sinaloa

El asesinato de la activista evidenció la doble violencia que enfrentan las mujeres en el estado: la de sus agresores y la de un sistema que las abandona. Su historia reabre el debate sobre el narcofeminicidio, en un contexto donde la impunidad borra el género de las víctimas

Dheyna Brito / El Sol de Sinaloa

Culiacán, Sin.- “Me van a matar porque nadie hace nada.” Eso escribió Mary Patiño, activista por los derechos de los animales en Culiacán, días antes de ser asesinada. Lo dijo con rabia, cansancio y una especie de certeza que solo tienen quienes han pedido ayuda demasiadas veces. Su abogada y amiga, Priscila Salas, la acompañó en cada intento por denunciar a su agresor. “Habíamos ido varias veces a la Fiscalía, conseguimos citas con el vicefiscal, con todo mundo. Ella insistía, documentaba, no se cansaba. Pero las omisiones fueron brutales. Las últimas palabras que me dijo fueron esas: ‘me van a matar’.”

Mary no solo era activista: era una mujer profundamente generosa, conocida por rescatar animales heridos, organizar campañas de esterilización y tender la mano a quien lo necesitara. Su refugio improvisado en una caseta de vigilancia se había convertido en un pequeño santuario. “Siempre tenía tiempo para otros —recuerda Priscila—, incluso cuando estaba agotada o sin dinero. Era el tipo de persona que se reía de sus propias tragedias, que hacía bromas para quitarle peso al dolor.” Luego agrega: “Decían que no parecía una víctima porque no lloraba.”

El 9 de mayo de 2025, su cuerpo fue hallado con impactos de bala. Durante meses había denunciado amenazas, disparos contra el refugio donde rescataba animales, agresiones físicas y acoso. Aun así, la justicia nunca la protegió.

Su muerte no solo reveló la soledad de una mujer frente a un sistema indolente, sino también la forma en que el contexto criminal de Sinaloa se vuelve un argumento para justificar la inacción del Estado.

Esa misma lógica —la que mezcla impunidad con estigmas— es la que describe la activista y artista Heidy Mares en su columna para Animal Político: “El narco se volvió la coartada perfecta para negar la misoginia estructural.” En Sinaloa, dice, la muerte de una mujer rara vez se investiga como feminicidio si existe cualquier vínculo con el narco. La violencia criminal se usa como cortina para borrar el género. Septiembre cerró como el mes más mortífero para las mujeres en el estado: 14 feminicidios en un solo mes y 41 en lo que va del año, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Aunque los feminicidios oficialmente parecen disminuir, los homicidios dolosos de mujeres aumentan. En 2024 hubo 31 casos, y en 2023 fueron 33. La diferencia no está en las balas, sino en el modo en que el Estado decide nombrar —o no nombrar— la violencia.

Una especialista en temas de violencia, a quien llamaremos Karen para proteger su identidad, era amiga de Mary y la acompañó en sus últimos meses. Recuerda que “ella se reía de sus tragedias, no por falta de dolor, sino porque la risa era su manera de seguir viva. Lo que el Ministerio Público interpretó como frialdad era disociación, un mecanismo del trauma.” Esa incomprensión institucional, dice, se repite con demasiada frecuencia: “A Mary no le creyeron porque no se comportaba como una víctima. Y eso también es violencia.”

Priscila recuerda que el expediente de Mary se perdió dos veces. Ella misma tuvo que reconstruirlo para apelar la resolución del juez que dejó libre a su agresor. “Las mujeres aquí no solo enfrentan a sus atacantes —dice—, también enfrentan a un sistema que las desgasta hasta que dejan de insistir.” Para ella, la palabra revictimización se queda corta. “A mí ese término no me gusta —afirma—, porque disfraza lo que realmente pasa. No es que el sistema las revictimice, es que las violenta de nuevo. Cuando una mujer busca justicia y el Estado la desoye, la humilla o la expone, eso es violencia institucional, no un error procesal ni un malentendido.”

El asesinato de Mary ocurrió en un contexto de enfrentamientos entre grupos criminales en Culiacán y Navolato. En esa guerra cotidiana, las mujeres mueren por estar cerca, por resistir o por haber denunciado. La maestra Jesamel Rodríguez murió en Altata cuando un grupo armado abrió fuego en plena carretera. Su caso fue archivado como “fuego cruzado”, un eufemismo que borra la posibilidad de género y la convierte en daño colateral.

Es en esa zona gris donde surge el debate sobre el narcofeminicidio, un término que busca nombrar las muertes de mujeres en contextos criminales sin que se pierda de vista la raíz de género. Heidy Mares advierte que “no se trata de diferenciar tipos de muertes, sino de evidenciar cómo el contexto de violencia del crimen organizado ha servido para ocultar los asesinatos de mujeres detrás del discurso de ‘andaban en malos pasos’.” El mensaje es brutal: si una mujer no puede probar su inocencia frente al narco, no merece justicia.

Priscila retoma un caso ocurrido en Argentina el 20 de septiembre, donde tres mujeres fueron asesinadas y sus agresores transmitieron el crimen en vivo. “Eran mujeres en vulnerabilidad, vinculadas a un grupo delictivo, pero eso no las hace menos víctimas —dice—. Es el mismo patrón que vemos aquí: se las culpa antes de reconocerlas como asesinadas por razones de género.”
Karen coincide. “En Sinaloa vivimos una doble exposición: al patriarcado y al narco. Son estructuras que se alimentan entre sí. El crimen organizado también es profundamente misógino: convierte a las mujeres en trofeos, en advertencias, en cuerpos para disciplinar.”

El debate se extiende hasta el Congreso. La presidenta de la Junta de Coordinación Política, Teresa Guerra Ochoa, reconoce la gravedad del fenómeno, pero pide cautela. “Ponerle apellido a un crimen de este tipo puede poner en riesgo a las familias —dice—. El tipo penal de feminicidio ya contempla sanciones severas; lo que debemos garantizar es que no haya impunidad y que las familias estén protegidas.” Añade que es necesario profundizar en los análisis de contexto: “Hay que estudiar qué coloca a las mujeres en riesgo, especialmente en zonas donde la delincuencia tiene fuerte presencia. Más que crear una nueva figura penal, debemos asegurar justicia y protección.”

Sin embargo, para muchas mujeres, no nombrar también es una forma de borrar. Heidy Mares insiste: “Nombrar el narcofeminicidio no es un capricho académico, es un acto político. Así como Marcela Lagarde nombró el feminicidio en Ciudad Juárez, Sinaloa necesita ponerle nombre a esta otra forma de exterminio, donde el narco borra el género y el Estado borra la justicia.”

Mary no llegó a ver justicia. Su hija menor, hoy fuera de Culiacán, sueña con ser veterinaria y seguir el legado de su madre. “Defender lo justo se volvió un factor de riesgo”, dice Karen. Y mientras Sinaloa se acostumbra al eco de las balas, el país sigue sin responder la pregunta que Mary dejó escrita sin saberlo: ¿cuántas más tendrán que morir antes de que se entienda que el crimen organizado también mata por ser mujeres?

Con información de El Sol de Sinaloa