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Marco Antonio Lizárraga
“Todos los medios son buenos cuando son eficaces”, Jean Paul Sartre
CUESTIÓN DE URGENCIA
La reciente decisión de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado de Sinaloa de iniciar el proceso legislativo para reformar la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) marca un punto crítico en la relación entre el poder legislativo y una de las instituciones educativas más importantes del estado.
Esta nueva actitud, caracterizada por un aparente deseo de diálogo y reforma, suscita interrogantes sobre sus verdaderas intenciones y la eficacia de su implementación.
En un comunicado dirigido al encargado del despacho de la Rectoría de la UAS, la Comisión informó que ha comenzado con el proceso legislativo relacionado con la Ley Orgánica de la universidad.
Esta acción se complementa con la aprobación de un punto de acuerdo para recibir a los autores de las iniciativas de reforma a partir del 12 de julio, permitiendo que expongan el contenido de sus propuestas.
Esta medida, aunque en apariencia inclusiva y democrática, parece ser una respuesta tardía y forzada a las demandas de transparencia y participación ciudadana.
La instalación en sesión permanente de la Comisión a partir del 5 de julio para abordar este tema sugiere una urgencia que no se había observado previamente. Sin embargo, la falta de claridad sobre los motivos detrás de esta prisa genera sospechas sobre posibles agendas ocultas.
¿Es realmente un esfuerzo genuino por mejorar la gobernanza de la UAS, o se trata de una maniobra política para ejercer control sobre la institución?
La votación en la Comisión refleja divisiones internas y posibles alineaciones políticas.
Con diputados como Adolfo Beltrán Corrales, Sergio Mario Arredondo Salas, Gloria Himelda Félix Niebla y Jesús Alfonso Ibarra Ramos votando a favor, y la diputada Mónica Armenta Elenes en contra, se evidencia un consenso no unánime que podría dificultar la ejecución efectiva de las reformas propuestas.
Las discrepancias internas pueden indicar que no todos están convencidos de la dirección que se está tomando, lo que podría traducirse en un proceso legislativo complicado y posiblemente ineficaz.
Además, la reiteración del llamado al diálogo y a los acuerdos con la UAS, aunque en teoría es positiva, corre el riesgo de ser percibida como una táctica para calmar las aguas mientras se avanza con cambios que podrían no contar con el respaldo total de la comunidad universitaria.
La historia ha demostrado que las reformas educativas impuestas sin un consenso amplio suelen encontrar resistencia y fracasar en su implementación.
la nueva actitud del Congreso de Sinaloa respecto a la Ley Orgánica de la UAS presenta una mezcla de urgencia, intención reformadora y posibles agendas políticas.
Mientras se espera que este proceso traiga mejoras significativas, es crucial que se mantenga un enfoque transparente y participativo, evitando que la prisa y las divisiones internas comprometan el futuro de la educación superior en Sinaloa.
La comunidad universitaria y la sociedad en general deben mantenerse vigilantes y exigir que cualquier cambio sea en beneficio real de la calidad educativa y la autonomía de la UAS.
EL TORO POR LOS CUERNOS
El reciente incidente de abuso policial en la colonia Lomas del Ébano en Mazatlán ha suscitado una respuesta enérgica y justificada por parte del alcalde Édgar González Zataráin.
Al señalar la conducta inaceptable de ciertos elementos policiales, el alcalde expone una problemática arraigada en la cultura policial local: la extorsión, los retenes arbitrarios y la persecución de jóvenes.
Su indignación es palpable y comprensible, especialmente cuando se trata de defender a la ciudadanía de aquellos que, en teoría, deberían protegerla.
La reacción de González Zataráin es un llamado urgente a la reforma y a la acción.
Su afirmación de que estos “viejos policías ya mañosos” deben irse refleja no solo una necesidad de renovación dentro de la corporación policial, sino también un compromiso con la transparencia y la justicia.
Al observar el video del incidente, el alcalde no solo sintió rabia e impotencia, sino también una responsabilidad moral y política de actuar en consecuencia.
Esta postura es un refrescante contraste con la tendencia a encubrir o minimizar los actos indebidos dentro de las fuerzas de seguridad
El alcalde ha tomado medidas proactivas, reuniéndose con Rafael Padilla Díaz, titular del Órgano Interno de Control, para asegurar que los responsables enfrenten todo el peso de la ley.
Esta determinación de no permitir que los abusos queden simplemente como denuncias en Asuntos Internos es un paso crucial hacia una verdadera rendición de cuentas. Además, su llamado a la ciudadanía para que denuncie y documente estos abusos demuestra un enfoque inclusivo y participativo, vital para erradicar la corrupción y el abuso de poder
En un contexto donde muchos líderes optan por la inacción o la complicidad, la decisión de González Zataráin de enfrentar el problema de frente es digna de elogio. Su insistencia en que los policías acusados de abuso deben dar la cara y asumir la responsabilidad de sus actos es una señal clara de que no se tolerarán más encubrimientos.
La orden de quitar los pasamontañas, aunque aún desobedecida por algunos elementos tácticos, es un intento de humanizar y transparentar a las fuerzas policiales, evitando el anonimato que facilita los abusos.
La reunión del alcalde con Ricardo Jenny del Rincón, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (Sesesp), para buscar la forma de desactivar el grupo táctico implicado en el abuso, refuerza su compromiso con una reforma significativa.
Asimismo, su solicitud a Pablo Ramírez Suárez, director de Seguridad Pública de Mazatlán, para que informe a los medios sobre los hechos es un movimiento estratégico para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas.
EN DEFENSA
El alcalde de Ahome, Gerardo Octavio Vargas Landeros, ha adoptado una estrategia defensiva y proactiva frente a las críticas sobre un posible relajamiento en los servicios públicos municipales.
En su reciente conferencia de prensa, el alcalde buscó tranquilizar tanto a la ciudadanía como a los inversionistas al subrayar su compromiso con la eficiencia y la mejora continua en la gestión municipal.
Vargas Landeros respondió a las inquietudes de la iniciativa privada sobre la imagen de la ciudad con un tono optimista, enfatizando que las percepciones externas han sido positivas.
Al destacar las opiniones favorables de los inversionistas nacionales e internacionales, el alcalde intenta desviar la atención de las críticas locales y resaltar los aspectos positivos percibidos por los visitantes.
Esta respuesta puede ser vista como una táctica para proteger la imagen de su administración y atraer inversiones, cruciales para el desarrollo económico local.
Al abordar directamente los problemas de recolección de basura, Vargas Landeros demuestra una disposición a enfrentar y resolver las deficiencias señaladas.
Su promesa de dialogar con la empresa encargada del servicio sugiere una gestión activa y una búsqueda de soluciones rápidas, lo cual es fundamental para mantener la confianza de los ciudadanos.
Sin embargo, esta promesa también debe ser vista con cautela, ya que la efectividad de tales medidas dependerá de su implementación concreta y de los resultados obtenidos.
El compromiso del alcalde con la seguridad, especialmente en la protección de las mujeres, refleja una respuesta a las preocupaciones sociales crecientes. La mención de colaboraciones con la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina indica una estrategia integral que busca proyectar un frente unido y robusto contra la violencia.
La implementación de programas como las Ferias de Paz dentro de las Ferias de Bienestar sugiere una búsqueda de soluciones multifacéticas que incluyen tanto la prevención como la respuesta a incidentes de violencia.
Finalmente, el llamado del alcalde a la ciudadanía para fomentar la cultura de la denuncia es un intento de involucrar a los residentes en la vigilancia y mejora de la seguridad pública.
Al animar a los ciudadanos a utilizar el número de emergencias 911, Vargas Landeros busca fortalecer la colaboración entre la administración municipal y la comunidad, esencial para la efectividad de cualquier política pública.
Con información de Índice Político
