Alerta de Género en Sinaloa sigue sin cumplirse tras siete años de su emisión
A pesar de la crisis por violencia en Sinaloa, la alerta de género no cumplió con su propósito.
Josemiguel Souza
Desde hace ocho años, cinco municipios de Sinaloa se encuentran bajo una declaratoria de alerta de violencia de género, sin que hasta el momento las autoridades estatales y municipales hayan cumplido cabalmente con las medidas recomendadas por la federación. En medio de una nueva oleada de violencia armada y con el repunte de delitos contra mujeres, activistas denuncian que el Estado sigue siendo omiso frente a los factores estructurales que agravan la problemática.
Alerta de antaño
Rocío Avendaño Gálvez, presidenta de la colectiva Mujeres Sinaloenses Activas —organización que promovió originalmente la declaratoria en 2017— advierte que el mecanismo fue ignorado casi desde su emisión.
Josemiguel Souza
Desde hace ocho años, cinco municipios de Sinaloa se encuentran bajo una declaratoria de alerta de violencia de género, sin que hasta el momento las autoridades estatales y municipales hayan cumplido cabalmente con las medidas recomendadas por la federación. En medio de una nueva oleada de violencia armada y con el repunte de delitos contra mujeres, activistas denuncian que el Estado sigue siendo omiso frente a los factores estructurales que agravan la problemática.
Alerta de antaño
Rocío Avendaño Gálvez, presidenta de la colectiva Mujeres Sinaloenses Activas —organización que promovió originalmente la declaratoria en 2017— advierte que el mecanismo fue ignorado casi desde su emisión.
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“No fue un proceso corto. Se basó en cifras de violencia general, familiar y feminicida. Se instalaron mesas de trabajo, hubo análisis de contexto e incluso medidas preventivas antes de la declaratoria. Pero al no cumplirse, se tuvo que emitir formalmente”, explicó.
Según Avendaño, las instituciones gubernamentales han fallado no solo en la implementación de acciones urgentes, sino también en rendir cuentas de forma clara y verificable. Recientemente integrada al grupo multidisciplinario encargado de evaluar el cumplimiento de la alerta, reveló que el último informe entregado por la Secretaría de las Mujeres del Estado —correspondiente a acciones hasta diciembre de 2023— está compuesto en un 75% por capturas de pantalla de publicaciones en redes sociales.
“Es alarmante que se usen imágenes de Facebook como prueba de cumplimiento. El informe no se sostiene con evidencia formal ni con datos verificables”, criticó. A la fecha, el grupo colegiado aún no ha sido convocado para sesionar y emitir un dictamen, lo que refleja, según ella, la falta de compromiso institucional.
Medidas incumplidas
Avendaño también señaló que muchas de las medidas contempladas en la declaratoria no se han cumplido, o apenas se ejecutan de forma superficial. “La alerta implica acciones extraordinarias, no basta con volantear o dar asesoría psicológica básica. Hablamos de garantizar órdenes de protección, realizar diagnósticos locales, crear unidades especializadas con recursos reales, o usar tecnologías como botones de pánico”, dijo.
Denunció además que no se han retomado las mesas de trabajo con la Fiscalía para revisar carpetas de feminicidio o de homicidios dolosos con posible razón de género, como se hacía antes de 2017.
Finalmente, hizo un llamado a las autoridades, particularmente a la Secretaría de las Mujeres, la Fiscalía General del Estado y el Instituto Municipal de las Mujeres en Culiacán, a responder las solicitudes de información pública. “Es una oportunidad para informar, no para resistirse. Sin datos claros no hay forma de saber si hay avances”, concluyó.
Mujeres víctimas
Según el Registro de Mujeres Ofendidas expuesto en la página de la Fiscalía General del Estado, hay un incremento notorio en delitos cometidos en contra de mujeres. Sobre feminicidios y homicidios dolosos, se informa que al cierre de 2024 hubo un incremento del 44.74% con respecto a 2023: el año pasado se registraron 55 asesinatos de mujeres, mientras que en 2023 fueron 38, y en lo que va de 2025 ya suman 22.
Otra cifra alarmante que refleja el recrudecimiento de la violencia contra las mujeres es la violación sexual: en 2024 se procesaron 335 denuncias, frente a las 324 de 2023. Las desapariciones forzadas también han ido en aumento: según datos de la FGE, de 2023 a 2024 la incidencia creció un 27%. En 2024 se registraron 185 casos y en 2023 fueron 145.
Galvez señala que relacionar este repunte en mujeres ofendidas con la pugna entre grupos delincuenciales no debe de descartar cuestiones de genero involucradas.
“Sí es una variable que incrementa la violencia, pero eso no significa que minimicemos las razones de género que puedan estar ocurriendo en este momento en casos de homicidios dolosos, en casos de feminicidio o en cualquier otro tipo de violencia que las mujeres estén padeciendo”
Falta de voluntad.
Otra activista que ha dado un seguimiento puntual a la atención de las medidas es Priscila Salas, de la colectiva No se Metan con Nuestras Hijas. Coincidió con Avendaño en que no se ha dado una atención efectiva a las acciones ordenadas y acusó que esto se debe a una falta de voluntad del gobierno estatal.
“No hay una política estatal que coloque en el centro la atención a las violencias que vivimos las mujeres. Existe una secretaría, sí, pero no una política clara ni presupuestada”, señaló. Agregó que la ausencia de reglamentos municipales específicos refleja ese desinterés institucional: solo Culiacán cuenta con un reglamento para garantizar una vida libre de violencia; el resto de los municipios ni siquiera lo ha desarrollado.
“No se ha fortalecido ninguna instancia para investigar y sancionar estos delitos. La Fiscalía está rebasada, y el Ejecutivo no tiene voluntad real de protegernos”, acusó.
El análisis
El último dictamen emitido por el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario fue publicado en 2023. En él se evidencia el nulo cumplimiento de las medidas dictadas ante la alerta de género en los municipios de Ahome, Culiacán, Guasave, Mazatlán y Navolato. El Estado de Sinaloa fue instruido a implementar acciones orientadas a frenar y atender la violencia feminicida y estructural contra las mujeres. Las medidas se enfocaron en tres grandes ejes: seguridad, prevención, y justicia y reparación del daño.
En materia de seguridad, se ordenó divulgar la alerta, establecer módulos de atención inmediata, mejorar los patrullajes en zonas de riesgo, dar seguimiento efectivo a las órdenes de protección e implementar células de reacción inmediata con perspectiva de género.
En prevención, se pidió elaborar diagnósticos estatales, actualizar el Banco Estatal de Datos, capacitar al funcionariado y fomentar la cultura de no violencia en escuelas. En justicia, se exigieron medidas para garantizar el acceso a la justicia, atención integral a las víctimas y sanciones con enfoque de derechos humanos.
Tras evaluar el cumplimiento entre abril de 2021 y marzo de 2022, el GIM concluyó que ninguna medida fue completamente cumplida. La mayoría tiene cumplimiento parcial o nulo. Se observó escasa coordinación institucional, desigualdad entre municipios, ausencia de diagnósticos territoriales y falta de mecanismos para evaluar los avances. La diputada Irma Moreno Ovalle, del PRI, ha sido una de las voces más críticas ante estos resultados.
“Esa es una muestra de que no se está haciendo lo que se debe en materia de buscar que vivamos una vida libre de violencia las mujeres en Sinaloa”, declaró.
Las activistas exigen que las autoridades acaten las medidas impuestas, ya que, de no hacerlo, la violencia continuará escalando.
“Van a seguir aumentando las cifras de mujeres asesinadas, violadas, golpeadas y desaparecidas. No hay acciones distintas, no hay presupuesto, no hay un cambio”, advirtió Priscila Salas.
Con información de El Sol de Sinaloa
