Marco Antonio Lizárraga

“Nunca hay que dejarse dominar, incluso cuando crees que el otro sabe lo que más te conviene”, Paul Auster

CONDICIONANTE

La reciente declaración de Claudia Sheinbaum en Sonora, acompañada del presidente Andrés Manuel López Obrador, reafirma un compromiso clave de la llamada Cuarta Transformación: la justicia y el reconocimiento para los pueblos originarios y afromexicanos de México.

En un evento dedicado al Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui, Sheinbaum prometió dar continuidad a las iniciativas ya en marcha, asegurando que estas comunidades seguirán siendo una prioridad durante su administración.

Sheinbaum destacó la importancia de consultar y trabajar de forma común con los pueblos originarios, un enfoque que ha caracterizado la política del actual gobierno de López Obrador.

Este énfasis en la consulta y la colaboración busca reparar el daño histórico y reconocer los derechos inalienables de estas comunidades.

La próxima presidenta se comprometió no solo a mantener, sino a ampliar estos esfuerzos, asegurando que “nunca más un México sin sus pueblos indígenas”.

Uno de los pilares de su administración será la reforma constitucional para que los pueblos originarios y afromexicanos sean considerados sujetos de derecho.

Con la mayoría de Morena en el Congreso, Sheinbaum tiene la oportunidad de concretar esta promesa y hacer realidad un cambio significativo en la estructura legal del país.

Esta reforma es crucial no solo para el reconocimiento formal, sino también para garantizar la implementación de políticas públicas que respeten y promuevan los derechos de estas comunidades.

La Cuarta Transformación, una agenda política que busca la justicia social y la igualdad, encuentra en la defensa de los pueblos originarios uno de sus aspectos más emblemáticos.

Esta visión no solo responde a una deuda histórica, sino que también apunta a un futuro donde la diversidad y las raíces culturales de México sean celebradas y protegidas.

La historia de resistencia y dignidad del pueblo Yaqui, y de otros pueblos originarios y afromexicanos, es una lección constante de la fortaleza y la importancia de estas comunidades para el tejido social del país.

Sheinbaum, al igual que López Obrador, entiende que la verdadera transformación de México no puede lograrse sin la inclusión plena de todos sus habitantes, especialmente aquellos que han sido marginados y olvidados durante demasiado tiempo.

La justicia para los pueblos originarios no es solo una cuestión de derechos humanos, sino una piedra angular para construir un México más justo y equitativo.

En este contexto, el compromiso de Claudia Sheinbaum representa una esperanza renovada para los pueblos originarios. Sin embargo, la verdadera prueba de su administración será la capacidad de convertir estas promesas en acciones concretas y sostenibles.

La historia juzgará si la Cuarta Transformación realmente logra honrar su promesa de un México inclusivo y justo para todos.

¿MUERTE ANUNCIADA?

En la 24 Asamblea Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro “Alito” Moreno, su dirigente nacional, lanzó una feroz crítica contra los militantes que han cuestionado su liderazgo, calificándolos de “bola de cínicos”, “lacayos” y “esquiroles al servicio del Gobierno y sus intereses”.

Esta confrontación pública no es solo un reflejo de las tensiones internas que atraviesa el PRI, sino también una señal de las profundas divisiones que amenazan con desmembrar al histórico partido.

Moreno acusó a sus críticos de ser los responsables de los peores momentos del PRI, recordando el escándalo del Pemexgate y mencionando conexiones con el asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio en 1994.

Estas acusaciones, aunque graves, parecen más un intento de desviar la atención de su propio liderazgo y consolidar su control sobre el partido.

La estrategia de “Alito” Moreno es clara: confrontar a sus opositores internos y reafirmar su autoridad mediante un discurso agresivo y una promesa de mano dura.

Al comprometerse a exigir cuentas y no “tapar a nadie”, Moreno busca posicionarse como un líder implacable en la lucha contra la corrupción y la impunidad dentro de su propio partido.

Sin embargo, esta postura también podría interpretarse como un acto de supervivencia política, intentando neutralizar a aquellos que podrían amenazar su liderazgo.

El anuncio de recorridos a nivel nacional para “escuchar a nuestra gente” y “resolver los grandes cambios que México necesita” es una táctica para reconectar con la base del PRI y fortalecer la cohesión interna.

Sin embargo, para muchos, este esfuerzo puede parecer insuficiente si no se aborda la raíz de los problemas que han llevado al partido a su actual estado de crisis.

El PRI, que alguna vez fue el partido hegemónico en México, ha visto disminuir su influencia significativamente en las últimas décadas.

Las elecciones recientes han demostrado una pérdida de confianza por parte del electorado, y las divisiones internas solo han exacerbado esta situación.

Para muchos militantes y observadores, el liderazgo de Moreno no ha logrado revertir esta tendencia, y sus críticas abiertas podrían ser vistas como una señal de desesperación más que de fortaleza.

La confrontación abierta y las acusaciones graves lanzadas por Moreno podrían tener consecuencias a largo plazo para el PRI.

En lugar de fomentar la unidad, pueden profundizar las divisiones y alejar aún más a aquellos que ya dudan de la dirección del partido. En este contexto, la capacidad de “Alito” Moreno para reconstruir la confianza y la cohesión dentro del PRI será crucial para su supervivencia política y la del partido.

En conclusión, la retórica agresiva de Alejandro Moreno y su promesa de recorrer el país para reconectar con la base del PRI representan una apuesta arriesgada en un momento de crisis.

Si bien su enfoque puede consolidar su control a corto plazo, la verdadera prueba será si puede transformar estas promesas en acciones que revitalicen al PRI y restauren su posición en el panorama político mexicano.

La historia del PRI está llena de retos y resurgimientos; solo el tiempo dirá si este es otro capítulo de su recuperación o el preludio de un declive irreversible.

LA MISMA HISTORIA

Durante el panel “No se calla la verdad encarcelando a periodistas” del Festival Gabo en Bogotá, periodistas centroamericanos denunciaron la creciente persecución y dificultades que enfrentan en sus países, particularmente en Nicaragua bajo el gobierno de Daniel Ortega.

Wilfredo Miranda, cofundador del portal Divergentes, destacó la desaparición de la prensa impresa en Nicaragua y el acoso gubernamental que obliga a muchos periodistas a exiliarse. En El Salvador, Angélica Cárcamo de la Red Centroamericana de Periodistas, criticó la inconstitucionalidad del segundo mandato de Nayib Bukele y el hostigamiento constante contra la prensa.

Álvaro Murillo, presidente de la misma red, mencionó que aunque Costa Rica enfrenta una situación menos grave, la estigmatización y el desprestigio del periodismo están en aumento. Jennifer Ávila de Contracorriente señaló que en Honduras, bajo el gobierno de Xiomara Castro, el acoso digital se ha intensificado.

Además, se alzó la voz por la libertad de periodistas como José Rubén Zamora de Guatemala y Víctor Ticay de Nicaragua, quienes enfrentan largas condenas de prisión. El Festival Gabo concluyó su 12ª edición destacando temas como la inteligencia artificial, la transformación del periodismo y el legado de Gabriel García Márquez, reuniendo a más de 170 invitados en 140 encuentros.

Con información de Entre Veredas

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