Aprender en paz

Por: Nuria González Elizalde, directora general de Mexicanos Primero Sinaloa
X/Twitter: @MexicanosloSin @GlezNu.

Desde una perspectiva de derechos humanos, el aprendizaje no es solo una aspiración o un resultado deseable, sino un derecho exigible. Así lo reconocen la Constitución, los tratados internacionales y la legislación educativa. Pero ese derecho no se ejerce en el vacío. Requiere condiciones mínimas para que niñas, niños y adolescentes puedan estar, aprender y participar plenamente.

Hoy, en distintas regiones del país, una pregunta se vuelve ineludible: ¿cómo se ejerce el derecho a aprender cuando la violencia forma parte de la vida cotidiana?

No se trata de una preocupación local ni excepcional. Tiene que ver con comunidades escolares donde las clases se interrumpen, se suspenden o cambian de modalidad de manera recurrente; con estudiantes que enfrentan trayectorias educativas fragmentadas; con familias que intentan sostener la escuela en contextos marcados por el miedo y la incertidumbre. En esos escenarios, el derecho a aprender se debilita, aunque existan escuelas y calendarios.

Desde Mexicanos Primero hemos sostenido que abrir escuelas y garantizar su funcionamiento regular es una condición central del derecho a aprender. Lo ha sido siempre y sigue siéndolo. Sin embargo, hoy el problema es aún más grave, ya que en muchos territorios del país ni siquiera esa condición mínima se cumple de manera sostenida. La interrupción recurrente de las clases presenciales debilita la base sobre la que deberían sostenerse los procesos educativos.

El cierre o la suspensión de clases presenciales tiene efectos claros y ampliamente documentados, debido a que se rompe la continuidad del proceso educativo, se debilita el vínculo con docentes se pierde un espacio clave de socialización, convivencia y esparcimiento para niñas, niños, y se profundizan desigualdades preexistentes. Esta afectación se vuelve aún más grave cuando las interrupciones ocurren en contextos atravesados por la violencia. En muchos casos, las escuelas no cierran por razones pedagógicas, sino por condiciones de inseguridad que obligan a modificar o suspender la vida escolar.

De acuerdo con un informe reciente del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), titulado “Violencia contra niñas, niños y adolescentes en América Latina y el Caribe”. La evidencia muestra que la exposición a violencia deja huellas duraderas en la salud física y mental de niñas, niños y adolescentes y dificulta procesos clave como la atención, la memoria y la concentración, a través de mecanismos mediadores como el estrés crónico, la ansiedad y otras afectaciones a la salud mental, que son condiciones básicas para aprender. Cuando el cuerpo y la mente se organizan para sobrevivir, el aprendizaje deja de ser una posibilidad real.

Aquí aparece un punto clave para la discusión educativa nacional. Cuando la escuela deja de funcionar de manera regular por razones de violencia, no solo se pierden horas de clase, sino que también se rompe el vínculo pedagógico y se pierde uno de los pocos espacios de protección, contención emocional y referencia adulta disponibles para niñas, niños y adolescentes. En estados como Sinaloa -pero no solo ahí- esta realidad se ha vuelto parte del paisaje cotidiano.

La educación a distancia puede ser una alternativa en determinados contextos. Sin embargo, cuando la escuela se interrumpe por situaciones de violencia el proceso educativo se desplaza fuera del espacio escolar, donde no siempre existen las condiciones de estabilidad, acompañamiento y bienestar emocional necesarias para sostener el aprendizaje. El estrés, la incertidumbre y el miedo asociados a estos contextos se filtran en la experiencia educativa. En estos casos, la virtualidad difícilmente compensa la ausencia de la escuela y, en muchos casos, profundiza el aislamiento y el abandono silencioso.

Hablar del derecho a aprender en paz implica ampliar la mirada sin perder el foco. La recuperación de aprendizajes y los ajustes pedagógicos son indispensables y deben seguir siendo una prioridad. Sin embargo, en contextos marcados por dinámicas de inseguridad, ese esfuerzo requiere una respuesta más amplia y articulada. La escuela no es un espacio ajeno estas realidades, algunas violencias se expresan dentro de ella, otras la atraviesan desde el entorno y muchas la desbordan. Reconocerlo no es responsabilizar a la escuela, sino dimensionar el contexto en el que hoy intenta cumplir su función.

Aprender en paz no es un privilegio ni una aspiración abstracta. Es la condición mínima para ejercer el derecho a la educación y recuperar lo que se ha visto afectado por meses de interrupciones y contextos de violencia. Hoy, en México, esa condición está en riesgo.