Atorada, ley para eficientar uso de agua y sequía crece

México enfrenta un incremento del 63.9 por ciento de territorio bajo condiciones de sequía en la última década, periodo en el cual también ha permanecido varada la modernización legislativa que permitiría eficientar la gestión del agua para garantizar el derecho humano de acceso al líquido fundamental para la vida humana, y que para varias regiones ya representa un grave problema.

Hasta el 15 de junio del 2023, el porcentaje de áreas del país con algún nivel de sequía era del 65.9 por ciento, que rebasa el 40.2 por ciento documentado en el 2014, según el monitoreo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) advirtió que, según datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), entre el 2011 y el 2018 hubo una reducción del 71.2 por ciento en la vigilancia del uso del recurso hídrico de empresas y municipios, pues el promedio de visitas anuales de su personal pasó de ocho mil 129 a dos mil 334.

Aunado a esto, apuntó una insuficiencia presupuestal para la Conagua, debido a que entre el 2014 y el 2022 pasó de recibir 63 mil millones de pesos a 30.3 mil millones, y aunque para este año se aprobaron 68 mil 450 millones de pesos, “sigue siendo insuficiente”.

Por ello, señaló que la expedición de una Ley General de Aguas sería “clave” para una gestión más eficiente, pues parte del problema para atender esta situación es la falta de coordinación entre los distintos niveles de gobierno y las políticas públicas que implementan, pero que no se han actualizado.

Sin embargo, desde el 2012 permanece pendiente la aprobación de dicha ley en el Congreso de la Unión, donde se prometió que el asunto sería impulsado en el periodo de sesiones que acaba de terminar, pero que permaneció en la congeladora ante otros dictámenes de tipo político que sí fueron sacados adelante.

El presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, Rubén Muñoz, comentó a La Razón que la propuesta para esta ley ya está lista, pero no logró salir adelante en el segundo año legislativo, a causa de la discusión de la Reforma Electoral y otros “temas sustantivos”.

Sin embargo, el diputado de Morena afirmó que el proyecto ya ha sido consensuado con las demás bancadas, por lo que se prevé que el próximo periodo ordinario se dictamine en comisiones, luego en el pleno de San Lázaro y, finalmente, en el Senado, tras lo cual se lograría su publicación.

Ante el saldo pendiente de 21.3 millones de mexicanos que no cuentan con red de agua potable, adelantó que, con la nueva normativa se complementaría la Ley de Aguas Nacionales, para incorporar los lineamientos que permitan garantizar el derecho al agua, como lo consagra el artículo 4 de la Constitución.

Entre estas medidas se contempla la fiscalización, de forma que el pago sea obligatorio para grandes usuarios comerciales e industriales y que se considere una tarifa diferenciada para personas de bajos recursos.

Sin ahondar en detalles, compartió que también se buscará sancionar la contaminación de los cuerpos de agua y que se promueva la reutilización integral del líquido mediante incentivos, para así impulsar el aprovechamiento de este recurso.

Explicó que el monto que se obtenga del cobro obligatorio y las sanciones por contaminación se destinará a un Fondo Nacional de Infraestructura, que redirigirá los recursos al saneamiento, a plantas potabilizadoras y demás acciones que lleven agua a las regiones del país.

“Debemos fortalecer a la Conagua y queremos, en esta nueva ley, comprometer a los gobiernos estatales para que formen parte de la solución conjuntamente con los gobiernos municipales.

“Se requiere, en efecto, consolidar la relación de los tres niveles de gobierno y, si el ámbito municipal no resuelve el derecho humano al agua, que sea responsabilidad de los gobiernos estatales, con el apoyo de la Federación”, dijo.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2024, se buscará que el financiamiento para el servicio de agua llegue a más de 100 mil millones de pesos, que también se invertirían en la tecnificación del campo, para el mejor aprovechamiento de este recurso.