Barbosa corrige a SSPC: Homicidas de familias en Atlixco y Serdán son distintos
El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, aclaró que “son diferentes responsables” los que en marzo pasado ejecutaron a dos familias presuntamente dedicadas al narcomenudeo en los municipios de Atlixco y Ciudad Serdán, con saldo de 15 personas muertas.
Lo anterior, luego de que la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Ícela Rodríguez Velázquez, afirmara durante ‘La Mañanera’ del presidente Andrés Manuel López Obrador que los presuntos homicidas de 10 personas en Atlixco, ya detenidos por la Fiscalía General del Estado de Puebla, eran los mismos que habrían abatido a 5 personas en Ciudad Serdán.
“Son diferentes hechos y diferentes responsables, en el caso de Ciudad Serdán era una familia dedicada a delinquir, su fuerte era el narcomenudeo pero también había huachicoleo. Los hechos de Atlixco, también era una familia de narquitos y otro grupo los asesinaron y son los que están detenidos, si hubo una confusión de nombres fue eso”.
Fue el jueves cuando Rodríguez Velázquez comentó a nivel nacional que Aldo N, Bryan N y Luis Alfonso N estarían relacionados con la muerte de los 10 integrantes de la familia Bravo Monatto, en Atlixco, así como de 5 personas en Ciudad Serdán, sin embargo, por este último caso la Fiscalía de Puebla aún no tiene aprehensiones.
Lamenta uso de violencia para impedir operativos
En otro tema, el gobernador Miguel Barbosa lamentó que pobladores de la junta auxiliar de San Rafael Tlanalapan, en el municipio de San Martín Texmelucan, actuaran de manera violenta para impedir un operativo de la Policía Municipal que permitiría decomisar motocicletas irregulares.
“Cuando ya tenían cuatro motos detenidas llegó la gente, se amotinaron, hubo acciones de fuerza contra la policía y acabaron devolviendo las motos”.
El titular del Ejecutivo estatal afirmó que el Ayuntamiento de San Martín Texmelucan presentará las denuncias correspondientes aún y cuando los habitantes se excusen en presuntas violaciones a sus derechos humanos o abuso policial para impedir el cumplimiento de la ley.
Con infromación de La Jornada
