Candidatos con “enriquecimiento inexplicable”
Estado de los ESTADOS
Lilia Arellano
“La mediocridad es legítima hija de la corrupción”: Jorge González Moore
● Candidatos con “enriquecimiento inexplicable”
● En capilla: Nahle, Díaz Mena, Brugada y May
● Defienden a Cienfuegos; ¡corrale por su lana!
Ciudad de México, 11 de abril de 2024.- En México, la corrupción es inherente a la administración pública desde la época de la colonia. En la actualidad, no se conoce un gobernador o un presidente municipal que haya salido pobre de sus responsabilidades administrativas. Tampoco extraña los actuales candidatos a cargos de elección popular sean inexplicablemente ricos. En el actual proceso comicial, diversos aspirantes son acusados de forjar fortunas al amparo del poder. Los casos más destacados son los de los candidatos morenistas al gobierno de Veracruz, Rocío Nahle; al gobierno de Yucatán, Joaquín “El Huacho” Diaz; al gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada; al gobierno de Tabasco, Javier May; y hasta la aspirante presidencial opositora Xóchitl Gálvez. Por desgracia, todo parece indicar que las acusaciones por enriquecimiento ilícito a los aspirantes a gobernador no influirán mayormente en las urnas el próximo 2 de junio.
Por ser parte trascendente de esta administración, Rocío Nahle, ex secretaria de Energía y actual candidata al gobierno de Veracruz, es uno de los casos más emblemáticos de la corrupción en la autodenominada Cuarta Transformación (4T). En esa entidad, el candidato opositor de la alianza Fuerza y Corazón por Veracruz, José Francisco Yunes Zorrilla, denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a la candidata de la alianza Sigamos Haciendo Historia, Rocío Nahle García, a quien acusó de enriquecimiento ilícito y de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita. El exdiputado solicitó a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción investigar la forma en que la exsecretaria de Energía adquirió tres predios en Veracruz y Tabasco, donde se encuentran dos mansiones en fraccionamientos de alta plusvalía, valuadas en más de 60 millones de pesos.
La semana pasada, en una conferencia de prensa en la Ciudad de México, Yunes dijo que, de acuerdo con investigaciones periodísticas, para adquirir esos bienes la candidata debió ahorrar sus ingresos durante al menos 39 años, sin gastar un solo peso. También pidió se informe si esas son todas las propiedades con las que cuenta la candidata o bien qué otros activos tienen y de donde los sacó. Cuestionó si “por esta corrupción y tráfico de influencias” se ha disparado el costo de la construcción de la refinería de Dos Bocas a cargo de la ahora candidata a la gubernatura de Veracruz. “Los mexicanos tenemos el derecho de saber qué han hecho con casi 20,000 millones de dólares de nuestros impuestos. Son recursos que debieron usarse en educación, salud, seguridad y para el caso de Veracruz, en infraestructura”. El aspirante opositor recalcó que la promesa de Morena de no mentir y no robar y no traicionar ha sido rota una y otra vez.
También Sergio Gil Rulán, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano (MC), señaló que es la Auditoría Superior de la Federación (ASF) quien debe investigar los señalamientos en enriquecimiento ilícito y las propiedades adquiridas por la candidata Rocío Nahle García, quien es señalada por adquirir inmuebles con valores multimillonarios en el fraccionamiento El Dorado, en el municipio de Boca del Río. Sigue circulando el video en el cual se muestra el abucheo recibido en el famoso restaurante La Parroquia, en donde los veracruzanos muestran su abierto rechazo a quien aspira, siendo zacatecana, a gobernarlos.
En Yucatán, el candidato a la gubernatura por tercera vez, Joaquín “Huacho” Díaz Mena es acusado de ocultar su verdadero patrimonio a la Secretaría de la Función Pública (SFP), mintiendo sobre su situación financiera y protegiendo sus bienes a costa de prestanombres y familiares. Para encubrir su millonaria fortuna, Díaz Mena utilizó artimañas, transfiriendo la propiedad de numerosos activos a nombre de terceros y familiares, mientras declara estar en quiebra y con deudas. Entre los bienes omitidos se encuentran una camioneta Tahoe de modelo reciente, un lujoso automóvil Tesla valuado en más de un millón de pesos, seis ranchos ganaderos, congeladoras, embarcaciones y cabezas de ganado.
Dentro de la riqueza no reportada, destaca la posesión de dos extensos predios rurales destinados a la actividad ganadera, con un valor estimado en el mercado inmobiliario de más de 23 millones de pesos. Uno adquirido en enero de 2015 y otro en julio de 2020, durante su gestión como delegado del Bienestar en Yucatán. A fin de evitar embargos de la Fiscalía General de la República, Díaz Mena transfirió la mayoría de sus bienes a nombre de familiares y terceros, para garantizar la seguridad financiera de su familia. Los manejos irregulares de Díaz Mena no son nuevos. El año pasado se reveló que la empresa yucateca “Comercializadora Realza SA de CV”, habría obtenido contratos por más de 772 millones de pesos, por adjudicación directa, al amparo del Programa del Bienestar del Gobierno Federal Sembrando Vida. A pesar de no tener antecedente alguno como proveedor en ese giro, esa empresa alcanzó contratos millonarios. En 2019 fue señalada por tener vínculos con una empresa listada como “fantasma”, llamada “Edificadora Líder Mexyuc”, sin vinculación con el gobierno federal, salvo por una venta de uniformes. Los contratos fueron presuntamente avalados por el entonces delegado de la Secretaría del Bienestar en Yucatán, Joaquín Díaz Mena.
Luego de renunciar a Morena y acusar a Díaz Mena de ser un hombre “intolerante, indolente y perdedor”, el diputado local Rafael Echazarreta Torres cambio de bando y se unió al PRI. Declaró resultaba absurdo designar como candidato al gobierno de Yucatán a alguien que ya había competido y perdido en dos ocasiones por el mismo cargo. A dos semanas de iniciar las campañas Morena experimentó un notable deterioro en Yucatán. La renuncia de Echazarreta Torres se suma a la confrontación de Díaz Mena con Verónica Camino Farjat, quien retiró su apoyo durante una acalorada discusión. Antes, Mariana Cruz Pool, excandidata al Senado por Morena, renunció a su militancia. Alrededor de 7 mil 500 líderes, parte de la estructura de Morena en la entidad, han abandonado el partido.
Y en la capital del país, el candidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México por el PRI, PAN y PRD, Santiago Taboada Cortina, acusó a la aspirante de la coalición Seguimos Haciendo Historia, Clara Brugada Molina, de adquirir un inmueble por 339 pesos, señalando un presunto caso de corrupción. Durante el Primer Debate Chilango que organizó el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IEM) el mes pasado, el panista pidió a Brugada hablar de la supuesta adquisición de su casa por menos de 400 pesos. Esta situación fue calificada como “negociazo” por parte del alcalde con licencia de Benito Juárez, quien detalló que se trata de una propiedad de 152 metros cuadrados y acusó que dicha información no se encuentra dentro de la declaración oficial de la política capitalina.
Clara Brugada respondió a Santiago Taboada. Por medio de una tarjeta informativa, la extitular de la alcaldía de Iztapalapa descartó que haya pagado 399 pesos por un predio de 150 metros cuadrados o que haya incurrido en actos de corrupción. Dijo que actualmente vive en una casa de la demarcación que gobernó, la cual consta de 160 metros cuadrados y cuyo valor catastral es de 256 mil pesos, cifra que estaría en su declaración patrimonial. A ese precio ¿dónde la compró y quién se la vendió en oferta? Ni los departamentos populares del Infonavit en el interior del país tienen ese valor. Señaló que el predio que mencionó el panista fue por un trámite de regulación de la tierra con el valor comercial del terreno. Detalló que el terreno fue comprado en 1986 a un precio de 48 mil pesos.
La diputada panista María Elena Pérez-Jaén acudió este jueves a la Fiscalía General de la República a interponer una denuncia por corrupción en contra de servidores públicos, fiduciarios, administradores y ejecutores de Fonatur, ex encargada del Tren Maya, a quienes acusa de desvío de recursos y de omisiones que ponen en peligro la vida de los usuarios de ese tren que se descarriló el pasado 25 de marzo. Entre los acusados de corrupción está el actual candidato de Morena a la gubernatura de Tabasco, Javier May.
De acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación, May fue omiso para corregir las observaciones hechas a la obra de la que él fue responsable, tanto en 2021, como en 2022, y la corrupción se agravó en 2023, cuando dejó el cargo para competir por el gobierno tabasqueño. Cabe destacar que de acuerdo a la encuesta de Massive Caller, May va en picada. Al arranque de la campaña, el pasado 16 de marzo, tenía 56.7% de la intención del voto, y al 8 de abril se encontraba en 45.8%.
El año pasado, la diputada panista Pérez-Jaén Zermeño presentó 65 denuncias en contra de la Secretaría de Bienestar, y sus dos ex titulares, María Albores González y Javier May Rodríguez, por el uso irregular de más de 2,742 millones de pesos del programa Sembrando Vida. De las denuncias 45 son administrativas y fueron presentadas ante la Secretaría de la Función Pública y otras 16 de ámbito penal en la Fiscalía General de la República ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción. Esto fue resultado del análisis de solo cinco auditorías realizadas por parte de la ASF; dos en 2019, una en 2020 y dos en 2022, al programa Sembrando Vida, cuyo monto sin aclarar ni justificar es de 2,742.2 millones de pesos.
La aspirante presidencial opositora, Xóchitl Gálvez, sigue siendo objeto de ataques por parte del gobierno federal y la dirigencia nacional de Morena, a pesar de la presunta ventaja que tiene la candidata oficialista Claudia Sheinbaum, quien también aparece cuestionada por las cuentas familiares en los Panamá Papers, las cuales ha aceptado ante las pruebas presentadas, argumentando las abrió su “abuelita”. La Gálvez y su marido son empresarios y se cuestionan las utilidades obtenidas, pero, doña Claudia y su pareja nunca han abierto ni una papelería, tampoco saben cómo dar empleo o tratar a los trabajadores y pagarles con dinero propio. Hay sus diferencias, ¿o no?
DE LOS PASILLOS
El presidente Andrés Manuel López Obrador mantiene su protección a la élite del Ejército mexicano. Hoy aseguró que no hay elementos para investigar a altos mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional, como el exsecretario Salvador Cienfuegos, en el caso Ayotzinapa. Afirmó no existen testimonios ni pruebas en la Fiscalía General de la República de que la institución oculta información o se vincula con la desaparición. Otra vez el tabasqueño adujo que toda la participación del Ejército está en declaraciones de militares detenidos por presunta omisión, “pero es muy distinto a todo lo que de manera perversa en contra el Ejército están manejando estas organizaciones seudo defensoras de Derechos Humanos y vinculadas a organismos internacionales que tienen diferencias con nosotros, ya lo hemos expuesto varias veces”. Sostuvo: “debe quedar claro que nosotros no le damos impunidad a nadie, esto es un asunto muy serio que tiene que ver con la justicia, que tiene que ver con la desaparición de los jóvenes”.
¿Ya cumplió 70 años y no ha reclamado su Afore? Pues entonces córranle y no para evitar lo alcance la parca sino para poder recuperar sus ahorros antes de que los “honestos” de la 4T se los “carranceen” en pleno año de Hidalgo, en donde además se les juntan los gastos para mantenerse en el poder.
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