Clanes concentran poder en la 4T

Padres, hijos, hermanos, sobrinos, tíos… La cuarta transformación se vive en familia y a manera de clanes los Romero Oropeza, Alcalde, Mier, entre otros, controlan puestos clave que cuestan al país, al menos, 100 millones de pesos en sueldos y salarios.

Estas redes alcanzan áreas de seguridad, función pública, energía, así como del Poder Judicial y Legislativo en la actual administración.

De acuerdo con una revisión de 24 HORAS, la red familiar del titular de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero Oropeza, integrada por 11 funcionarios, es la que más cuesta al país, con 11.3 millones de pesos anuales, según la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

El dirigente de la petrolera tiene a sobrinos y primos en esa empresa productiva del Estado, mientras que en otras áreas están su esposa María Eugenia Lozano, secretaria técnica del Consejo Nacional de Salud; y su hermana María del Carmen Romero Oropeza, subdirectora del DIF nacional.

En el análisis se tomó en cuenta la suma del salario bruto y prestaciones anuales de los integrantes de las redes familiares, según la nómina federal y la Plataforma Nacional de Transparencia.

Entre las redes familiares que tienen el control de puestos clave del Gobierno federal está la de los Hernández-Escandón, encabezada por el titular de Gobernación, Adán Augusto López, y en la que están incluidos Rutilio Escandón, gobernador de Chiapas, y quien es su cuñado, así como la esposa del mandatario y hermana del secretario, Rosalinda López Hernández, quien es administradora general de la Auditoría Fiscal en el Sistema de Administración Tributario (SAT).

Infografía: Xavier Rodríguez

Dicho clan cuesta al erario 4.4 millones de pesos anuales, siendo los salarios del titular de Gobernación y del Ejecutivo chiapaneco los de mayor monto.

Otro de los grupos que tiene el control en la administración federal es el Gómez-Concheiro, cuya cabeza es el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez, le sigue su excuñado Francisco Luciano Concheiro, subsecretario de Educación.

Infografía: Xavier Rodríguez

María Elvira Concheiro Bórquez, exesposa del titular de la UIF y hermana del subsecretario, ocupa la titularidad de la Tesorería de la Federación; otro de sus hermanos, Juan Luis Concheiro Bórquez es director de la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados.

Galia Borja Gómez, subgobernadora de Banxico y extesorera de la Federación, es sobrina de Pablo Gómez, por lo que ese clan familiar, además de diseminar sus redes por las estructuras políticas, educativas y económicas, cuesta al país al menos 8.7 millones de pesos anuales, tomando en cuenta el salario bruto de los funcionarios.

Otro de los clanes con más cercanía en Palacio Nacional es el Esquer-Camacho, liderado por Alejandro Esquer Verdugo, secretario particular del presidente Andrés Manuel López Obrador, y que incluye a su esposa Alejandra Camacho González, gerente de capacitación de Pemex, y Carmelina Esquer Camacho, directora de Pemex Procurement International, con sede en Houston, y quien recientemente se vio envuelta en una polémica porque compró una casa en esa ciudad de Estados Unidos. El costo para el erario de este grupo familiar es de 7 millones de pesos anuales.

También está el clan Alcalde Luján, encabezado por Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría del Trabajo, cuya red incluye a, al menos, nueve familiares en cargos públicos, con 8.1 millones de pesos de costo anual al erario por sueldos y salarios.

Infografía: Xavier Rodríguez

Otra de las redes familiares está encabezada por Ignacio Mier Velazco, líder de los diputados de Morena; Ignacio Mier Bañuelos, alcalde de Tecamachalco, Puebla, quien es su hijo, así como Daniela Mier Bañuelos, diputada local en Puebla y es su hija. El costo para el erario es de 2.4 millones de pesos.

El líder de Morena, Mario Delgado Carrillo, también tiene a familiares diseminados en varios puestos del Gobierno, su hermana, Leticia Guadalupe Delgado es secretaria Técnica de la Comisión de Vigilancia del Issste; Mario Miguel Carrillo es diputado federal y también su primo; Ricardo Guízar Medina, tío, es funcionario en la Ciudad de México, y José Luis Corona Pacheco es vicepresidente de Tecnologías de la Información y Planeación de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. En total, su clan cuesta al menos cuatro millones de pesos anuales.

A su vez, el clan familiar de la senadora Olga Sánchez Cordero, con nueve integrantes y la mayoría en el Poder Judicial, cuestan 10.1 millones de pesos al año.

ALIENTA CORRUPCIÓN

Al respecto, Marcos Pérez Esquer, especialista de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, señaló en una entrevista con este diario que el Gobierno de la cuarta transformación ha abusado de los nombramientos de familiares de manera indirecta.

Lo anterior, dijo, contraviene una de las principales promesas del presidente Andrés Manuel López Obrador, que es combatir la corrupción desde abajo.

“Este tipo de casos de familiares, y otros que tienen que ver con el compadre, la concubina, también son muy frecuentes. Me parece que sí es un Gobierno que se ha caracterizado por esta práctica indebida”, manifestó.

El especialista abundó que más que por las implicaciones legales, se trata de nombramientos indirectos, no de nepotismo. La mayor afectación es en términos simbólicos, debido a que López Obrador llegó al poder con la “bandera de la lucha anticorrupción y permitir, exacerbar ese tipo de casos es permitir la corrupción, lo que va a contrapelo de la principal promesa del Presidente”.

Consideró que la creación de redes familiares en la actual administración federal no es recomendable, porque pueden alentar los conflictos de interés, tanto en decisiones prioritarias para el país como en el ejercicio de recursos.

“Fácilmente se pueden convertir en redes de corrupción, de conflicto de interés, de tal suerte que podrían derivar en un mal público, yo creo que deberían de evitarse, pero bajo la premisa de que se deben ganar (los cargos) por concurso, así ya no importaría si es pariente, pero si no es por concurso, debería de evitarse a toda costa”, indicó el experto.

Entre sus recomendaciones está poner candados en la ley para los nombramientos de familiares, robustecer el Servicio Profesional de Carrera y ampliar el control parlamentario de las designaciones, pues daría mayor transparencia a los procesos y, en su caso, evidenciaría cuando se intente colocar a allegados en puestos claves.

Si bien en el actual Gobierno no se pueden acreditar y serían difíciles de probar casos de nepotismo, como lo marcan las leyes de Responsabilidades de los Servidores Públicos y de Austeridad República, pues solo incluye la influencia para nombramientos directos en la misma institución, el experto aseveró que en términos simbólicos es una contradicción de la cuarta transformación.