CNDH pide fortalecer políticas públicas para migrantes víctimas de tráfico y secuestro
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hizo un llamado a fortalecer las políticas públicas con perspectiva de derechos humanos para atender a las personas migrantes que transitan por México, especialmente a quienes son víctimas de tráfico y secuestro; pidió a las autoridades locales a realizar una investigación diligente y profunda.
La CNDH señaló que las personas migrantes son expuestas a altos niveles de vulnerabilidad, por lo que exhortó a las autoridades encargadas de la seguridad pública, reforzar las acciones para que la migración se realice de manera segura, digna y ordenada.
En el Informe Especial sobre la situación que guarda el tráfico y el secuestro en perjuicio de personas migrantes en México 2011-2020, la CNDH detalla que más de 70 mil personas en contexto de movilidad han sido víctimas de tráfico y secuestro en México.
El documento también señala que los operativos contra el tráfico de migrantes han aumentado en promedio 600 por ciento; las entidades con más casos de secuestro en perjuicio de personas en movilidad son Chiapas, Nuevo León, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, y las personas más afectadas son nacionales de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Cuba.
La CNDH advierte la necesidad de que México cuente con un Protocolo Homologado de Actuación especializado en el tema que garantice un procedimiento de coordinación entre las autoridades para la prevención, investigación, búsqueda y sanción de los delitos de tráfico y secuestro de personas migrantes, así como medidas de asistencia, protección y seguridad a las víctimas que atienda sus necesidades especiales.
“Entre las propuestas generales, se encuentra el deber jurídico que tienen las instituciones del Estado para garantizar la seguridad pública, prevenir e investigar la comisión de conductas delictivas, e identificar a los responsables para lograr que se les impongan las sanciones legales correspondientes, garantizando con ello que no queden impunes. Todo ello acompañado de una política pública específica e integral”, destacó.
“Entre las propuestas generales, se encuentra el deber jurídico que tienen las instituciones del Estado para garantizar la seguridad pública, prevenir e investigar la comisión de conductas delictivas, e identificar a los responsables para lograr que se les impongan las sanciones legales correspondientes, garantizando con ello que no queden impunes. Todo ello acompañado de una política pública específica e integral”, destacó.
Con información de Milenio
