Comicios 2024: crimen organizado, “factor de peso”
Estado de los ESTADOS
Lilia Arellano
“Para vivir de la delincuencia, la paranoia es imprescindible”: Edward Bunker
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Ciudad de México, 14 de septiembre de 2023.- El paquete económico 2024 es considerado “inviable” e “irresponsable” por los grupos parlamentarios del PRI, PAN y PRD, el cual ignora la seguridad de los ciudadanos a pesar de los incrementos en la militarización, sin haberse logrado frenar la ola de violencia. Es inocultable el factor de gran peso en los comicios para la Presidencia de la República y la renovación del Congreso de la Unión, así como de los gobiernos de la Ciudad de México, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán: el crimen organizado. Es conocida su operación a favor de los candidatos de Morena en los últimos comicios de renovación de administraciones estatales, el cual le permitió al partido oficial conquistar la mayoría de cargos de elección popular en disputa. Para Rubén Moreira, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en San Lázaro, el narcotráfico puede influir en los próximos comicios en 29 estados de la República, desde un municipio hasta toda la entidad, por lo tanto debe tenerse mucho cuidado en su movilidad política y social, y prever su intervención desde las esferas oficiales.
Moreira, cuyo partido resintió la pérdida de la mayoría de gubernaturas en los últimos comicios a manos de abanderados de Morena denunciados, inclusive, por recibir apoyos de grupos criminales, excepto en Durango y Coahuila, señaló abordaron el problema en el seno del Consejo del INE, “pero es como tocar una campaña en el vacío porque al final no hace eco”. Destacó la respuesta del INE: no es el Instituto una autoridad de seguridad; el denunciante recalcó: son garantes de la democracia.
Demandó al INE ahondar en investigaciones, hablar del tema y convertir experiencias en acciones, porque el narcotráfico ya es un terrorismo en el país. El líder congresista destacó es común escuchar expresiones como “el narco ya sabe sobre elecciones y trae encuestas”, “se les tiene que pedir permiso para hacer campaña y en el caso de las mujeres, no son bien vistas y no permiten sean candidatas”. Moreira externó su confianza en alcanzar un gran acuerdo para ver el tema de la seguridad en las elecciones, porque, precisó, hay tres momentos a tomar en cuenta tales como: qué dice un candidato en el tema de seguridad; cómo camina en territorio y dónde hace campaña; y qué va a pasar el día de los comicios.
A través de su programa difundido en redes sociales, “Peras y Manzanas”, aseguró: “a pesar de que existe inteligencia, la cual da cuenta de la presencia y actuación de los grupos criminales en diversas y precisas zonas del país, hay gobernadores que no quieren actuar; hoy sabemos de retenes del narco en la carretera Zacatecas-Concha del Oro, en los límites de Matehuala con el estado de Nuevo León. En el sur de esta entidad se secuestra a gente y se presiona a políticos; en Monterrey no hay control policíaco hasta Colombia, comunidad ubicada en el norte del estado”.
Para el exgobernador coahuilense, participante en la clausura del seminario “Retos de las Instituciones Electorales”, se debe empujar a los gobernadores, contar con un observatorio nacional y mapa de riesgos, así como impulsar reformas legales para que no se prescriban delitos contra candidatos, suspender campañas cuando maten a uno o lo secuestren, porque el riesgo, advirtió, es la llegada de un día con dos gobiernos en este país. En la mesa “Seguridad y Elecciones”, realizada en la Escuela Judicial Electoral, moderada por Jorge Alcocer, participaron junto a Rubén Moreira, los ex funcionarios Diódoro Carrasco; Jorge Tello Peón y Guillermo Valdés Castellanos. Los foros fueron clausurados por el presidente de la Sala Superior del TEPJF, Reyes Rodríguez Mondragón.
A excepción de Yucatán, donde prevalecen índices de seguridad aceptables, tal vez porque hasta ahí no ha llegado la autodenominada Cuarta Transformación, los estados con renovación de gubernatura: Ciudad de México, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco y Veracruz, resienten fuertes problemas de inseguridad y actividad del narcotráfico, de acuerdo a lo que señalan los propios reportes oficiales y los sondeos sobre inseguridad realizados por el Inegi. No obstante, los esfuerzos -al margen de la estrategia de AMLO “abrazos, no balazos”- contra los grupos criminales por parte de las Fuerzas Armadas se concentra en entidades donde se reportan los mayores índices de criminalidad por las disputas entre los cárteles de la droga. A esos estados, el Ejército mexicano ha enviado este año 13 mil 089 militares. El despliegue se ha concentrado en Michoacán, Guerrero, Jalisco, Zacatecas, Colima, Sinaloa, Baja California, Guanajuato y Tamaulipas.
UNO POR UNO
A Michoacán -una entidad donde desde los comicios locales pasados se denunció la abierta intervención de las organizaciones criminales a favor de Morena-, apenas el pasado 28 de agosto el gobierno federal informó del envío de mil 200 militares a la zona de Tierra Caliente, ante las denuncias de extorsiones a comerciantes y productores de limón. A los efectivos también se les encomendó la tarea de verificar las carreteras por los bloqueos del crimen organizado, así como realizar operativos para la detención de líderes criminales en la zona. Nueve días después, el gobierno estatal informó del arribo de un segundo contingente conformado por 900 militares más.
En Sinaloa, donde se localiza el Cártel más cercano a la 4T y a AMLO, tras la detención de Ovidio Guzmán, hijo del líder Joaquín “El Chapo” Guzmán, el 5 de enero en Culiacán, la Secretaría de la Defensa envió a mil 500 soldados a restablecer la seguridad, la cual se rompió con la persecución y posterior liberación del dirigente criminal. En el mes de enero fueron enviados otros 300 efectivos, y para el 19 de mayo arribaron 300 más. Baja California es otra entidad con notoria presencia de militares y en donde también se denunció la operación de organizaciones criminales a favor de la candidata de Morena a la gubernatura. Derivado del hallazgo de fosas clandestinas y enfrentamientos a balazos entre grupos antagónicos de la delincuencia organizada, el 16 de agosto arribaron mil 500 efectivos, para reforzar la seguridad en Mexicali, Tijuana, y en San Luis Río Colorado, en Sonora.
A Tamaulipas, el Ejército desplegó de enero a agosto mil 200 elementos de fuerzas especiales: 700 fueron canalizados a la vigilancia y el restablecimiento de la paz en Reynosa. En Jalisco, donde la violencia no da tregua por las disputas internas en el Cártel Jalisco Nueva Generación y donde se renovará la gubernatura el próximo año, la Sedena envió mil 100 soldados el 28 de mayo y 350 más en julio. A Colima, 800 arribaron el 5 de marzo, 300 más se sumaron a las tareas de vigilancia el 8 de mayo, y el pasado mes de agosto la quinta región militar notificó del envío de 300 más.
En Guanajuato, estado en manos del PAN con renovación estatal el próximo año, el 17 de abril arribaron mil 250 elementos militares, a los cuales se sumaron 750 el 21 de mayo. Según las autoridades militares, se dedican a combatir la delincuencia organizada en Celaya, Villagrán, Apaseo El Alto, Santa Cruz de Juventino Rosas, San José Iturbide, San Luis de la Paz y Pénjamo. A Zacatecas, entidad en manos de la familia de Ricardo Monreal también con cambio en la gubernatura fueron enviados, hasta el corte del 16 de agosto, mil 239 militares. Al estado de Guerrero, entidad en total descontrol en manos de la familia de Félix Salgado Macedonio y su hija, Evelyn, quien cobra como gobernadora, fueron enviados 700 efectivos militares: 500 tiene la encomienda de vigilar el Puerto de Acapulco.
La Ciudad de México es la segunda posición política y de gobierno en importancia, después de la Presidencia de la República, y está en riesgo de perderse. Es dominada por la izquierda desde el histórico triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas y hasta la actual administración ahora en manos de Martí Batres. En la capital del país se ha logrado mantener a raya a la delincuencia organizada gracias a no seguir la estrategia de “abrazos no balazos” del gobierno de AMLO, sino de aplicar las tácticas de vigilancia y confrontación exitosas, aunque también influye el haber convertido a la capital del país en el centro de operaciones financieras del narco.
Morelos bate récords en inseguridad y aun así Cuauhtémoc Blanco intenta brincar a gobernar la Ciudad de México. El otrora popular futbolista, deja una entidad con la mayor tasa de incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En los primeros meses de este año, la entidad consiguió el deshonroso tercer lugar por la cantidad de secuestros y robo de autopartes; el quinto lugar nacional por violaciones, robo a transporte colectivo y robos a transportistas. Una asociación de abogados solicitó juicio político a Blanco Bravo, pero el mandatario es protegido por la 4T, quien piensa utilizar su presunta popularidad en las elecciones del 2024.
En Chiapas, los ciudadanos están alarmados por la ola de violencia presente en diferentes municipios del estado, como Frontera, Comalapa, Chenalhó, San Cristóbal de las Casas, Tapachula, entre otros, donde desde organizaciones civiles bloquean constantemente, hasta las organizaciones del narcotráfico están tomando el control de comunidades enteras, donde sus habitantes son desplazados por temor a perder la vida. En los últimos tres años, la inseguridad cada vez se resiente peor, el feminicidio se incrementó. La entidad donde gobierna Rutilo Escandón no es segura y se convirtió en una buena plaza para el crimen organizado por el tráfico de personas y drogas, así mismo un buen lugar para la siembra de amapola y marihuana, principalmente en los altos de Chiapas. A gobernar esa entidad, ya se enfiló a una prima del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Veracruz, gobernada por el impresentable Cuitláhuac García, desde diciembre de 2028 hasta la fecha se han integrado más de 5 mil carpetas de investigación por el delito de homicidio doloso. En más del 60% de los casos, el asesinato se perpetró con armas de fuego. Cada mes, en promedio en la entidad veracruzana, ocurren 98 homicidios. Eso sin contar los más de 550 secuestros y más de 350 feminicidios; más de 100 mil robos, por ello no extraña esta entidad aparezca con tanta frecuencia en la nota roja nacional. Desde el inicio del actual gobierno, la fiscalía veracruzana acumula 360 mil 877 carpetas de investigación y de continuar la tendencia podría acumular al final de esta gestión medio millón de estos delitos en la entidad.
A los ciudadanos les sale cara la inseguridad en Puebla: a 16 mil 750.2 millones de pesos ascendió el costo de la inseguridad en esa entidad, cifra donde se engloba el gasto realizado por los poblanos tanto en medidas preventivas, en salud, así como las pérdidas económicas sumadas en los hogares o empresas a consecuencia de diferentes delitos. De acuerdo con la ENVIPE (Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública), la tasa de prevalencia delictiva el último año fue de 25 mil 090 víctimas por cada 100 mil habitantes, siendo el robo o asalto en calle o transporte público el evento de inseguridad más frecuente en el estado.
Tabasco es una de las entidades con alto índice de violencia de todo tipo. Ocupa el primer lugar en denuncias por robo con violencia a transeúntes en el país, 84.5 de cada cien mil habitantes es víctima de este delito; ocupa el cuarto lugar en secuestro de ciudadanos; y el segundo lugar en secuestro de migrantes. En el estado es evidente la premisa: no hay delincuencia que crezca sin apoyo de las autoridades.
DE LOS PASILLOS
Después de más de dos años, el gobierno mexicano recuperó la Categoría Uno en seguridad aérea internacional. El 25 de mayo de 2021, la Agencia Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) rebajó la seguridad aérea del gobierno de México de categoría uno a dos tras una auditoría que arrojó el incumplimiento de los estándares mínimos de seguridad establecidos por esa organización. De acuerdo con datos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la recuperación de la Categoría 1 en seguridad aérea internacional traerá numerosos beneficios para México, al preverse, en el corto plazo, la apertura de 50 nuevas rutas hacia Estados Unidos, pudiendo llegar a representar más de 1 millón de pasajeros cada año.
Esto generará más y mejores empleos en áreas como turismo, transporte y servicios relacionados, aseguró Jorge Nuño Lara, secretario de SICT, quien enfatizó habrá una potencialización del transporte de carga aérea, el cual dará impulso al comercio internacional y a la logística de México, favoreciendo el crecimiento de la industria aeroespacial, generando más atracción de inversión en el sector de la aviación y contribuyendo al desarrollo económico del país… Es una noticia buenísima, sin duda pero, lamentablemente se anuncian operaciones generadoras de todo tipo de beneficios al tiempo de advertirse no se tienen las capacidades para la recepción de más vuelos y, ni siquiera, de un número mayor de usuarios en el AICM…¿Veremos incrementarse las operaciones del AIFA en los vuelos internacionales?…
El presente régimen demuestra lo manejable de la ley, la forma en la cual puede adaptarse al gusto y deseos de mandatarios en turno. En el Estado de México se ha permitido tome protesta Delfine Gómez 28 horas antes del término del mandato de Alfredo del Mazo. La ceremonia tendrá lugar a las 5 de la tarde de este día y posteriormente dirigirá su primer mensaje. La presencia del primer mandatario avala el acuerdo al cual llegaron con uno de los morenistas más leales: Alfredititito, quien seguirá siendo gobernador constitucional de los mexiquenses, dará el grito y esta entidad tendrá por primera y tal vez por única vez la presencia de dos gobernadores constitucionales durante 28 horas. Lo bueno para aquellos paisanos es ambos son buenosparanada y si se les mete a una licuadora… no sale ni para una quesadilla de sesos…
Como pedrada al centro estomacal cayó la posición y decisión presidencial de negarles la invitación oficial de rigor a los titulares de los poderes Legislativo y Judicial a las ceremonias del 15 y 16 de septiembre, convirtiéndolos en auténticos festejos pero no republicanos sino personales del Ejecutivo. Un cambio inesperado pero ilustrativo de “el Estado soy yo”.
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