Con revés de la Corte pierde Culiacán; dice Estrada Ferreiro

A los medios de comunicación.
Al Pueblo de Sinaloa.
La promoción de controversias constitucionales que hoy revisa la Suprema Corte,
no obedece a ningún acto personal, sino a la búsqueda de la aplicación de la ley y
la defensa de los intereses del pueblo representado por los ayuntamientos; así
como tampoco responde a fobias personales, sino a la defensa del uso correcto y
transparente del presupuesto público tal y como lo mandata la misma ley.
Es por eso que es importante hacer las siguientes aclaraciones y precisiones
respecto al fallo de la Suprema Corte de justicia de la Nación; por lo que miente
quien diga que fue un revés para Jesús Estrada Ferreiro, cuando quien
verdaderamente recibió el revés fue el Ayuntamiento de Culiacán y los otros 17
municipios del Estado de Sinaloa.
Los alcaldes somos pasajeros. Las instituciónes NO. De entrada, esa es la
primera imprecisión de quienes tratan de desorientar a la gente con fines
perversos.
1.- Es menester precisar que la Sindica Procuradora por acuerdo del Cabildo, que
es la máxima instancia de gobierno del Ayuntamiento de Culiacán, promovió ante
la Suprema Corte de justicia, la controversia constitucional en contra de un acto
que se consideró inconstitucional como fue el decreto 645 de la Ley de Seguridad
Pública Municipal en el cual mandata la homologación de las pensiones en
beneficio de las viudas de policías. En pocas palabras, El Congreso ordenó pero
no proveyó lo conducente para que el Estado dotara de los recursos económicos
a los municipios para poder cumplir con esta nueva obligación.
2.- El pasado día 10 de noviembre del año en curso, la Suprema Corte de Justicia
de la Nación resolvió la mencionada controversia 109/2021 interpuesta por la
Síndica Procuradora y dicho fallo validó el decreto emitido por el Congreso del
Estado. Es decir, ante la validez del Decreto 645 de la Ley de Seguridad Pública
Municipal, las viudas de policías municipales podrán recibir el monto de su
pensión homologada en los términos de dicha Ley. Es convicción personal y
obligación del Municipio y sus nuevas autoridades acatar dicha ley validada por la
Suprema Corte, pues vivimos en un estado de derecho.

3.- En lo personal felicito a las personas beneficiadas con lo resuelto por la corte
pues los recursos que reciban les darán una mejor calidad de vida lo cual no
podríamos oponernos; pues lo que se cuestionó en todo momento, fue el riesgo
inminente de la capacidad financiera de los municipios incluyendo a Culiacán y no
poner en riesgo la capacidad de cumplir con la prestación de servicios que
reclaman la mayoría de los ciudadanos y a lo cual tienen derecho de acuerdo al
artículo 115 constitucional.
4.- Para quienes intentan hacer creer al pueblo que la resolución de la
Controversia Constitucional afectará en contra de Jesús Estrada Ferreiro, esto es
falso, solo pretenden desorientar a la gente que repudia la persecución política en
mi contra, por lo cual hacemos la siguiente precisión. La controversia la perdió el
Municipio de Culiacan quien fue el promovente de dicha controversia.
En lo particular, nunca estuve ni estoy en contra de las viudas de policías
municipales. Reitero, mi postura fue como Presidente Municipal pues tenía la
obligación de cuidar las finanzas públicas para garantizar los intereses de la
sociedad en general.
5.- La Ley está sujeta a interpretacion, y si la Suprema Corte de Justicia la
interpretó de esa manera; lo único que queda es respetar y hacer que se respete
tal resolución, pues vivimos en un estado de derecho y debemos respetar la Ley.
Hoy esa obligación legal la tendrá que cumplir y cubrir cabalmente, las nuevas
autoridades municipales.
En lo que a mi administración corresponde, hay que dejar en claro que tan pronto
estuvimos en posibilidades económicas y financieras, y al margen de que haya
existido una controversia constitucional en trámite; se dio cumplimiento a dicha
Ley reformada pagando lo que correspondía de dichas pensiones homologadas a
la totalidad de las viudas de policías municipales. Ello está ampliamente
acreditado con las listas de raya de las beneficiarias, en los archivos contables del
Ayuntamiento de Culiacán y en los juicios políticos JP/002/2022 y JP/004/2022 en
el Congreso del Estado.
Por ello, el resultado del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no
causa afectación en mi persona, ni causa ninguna afectación en mi contra dentro
los juicios políticos, ni en los juicios de amparo en trámite; pues quedó acreditado
que se cumplió con la Ley

6.- Además, no puedo omitir manifestar mi preocupación hoy como ciudadano, y
ayer como Presidente Municipal respecto a la insolvencia económica y financiera
de los 18 municipios del Estado de Sinaloa para cumplir con esa obligación que
no estaba prevista en el Presupuesto Municipal, ni tenía clara alguna fuente de
ingresos para su pago.
Tan solo en Culiacán, más del 75% del presupuesto se aplica a nóminas de
empleados de confianza, sindicalizados, eventuales, jubilados, pensionados,
incluyendo policías de tránsito y municipales con retiro voluntario. Más carga
financiera sin ampliar sus ingresos, va en detrimento de las mayorías.
En Culiacán hay un déficit o faltante de 1,000 policías en promedio y lo que ello
implica que es dotarlos de patrullas, uniformes, armamento, chalecos antibalas,
combustibles, capacitaciones, y mantenimiento de sus equipos lo cual desde
luego no se ha podido cubrir por falta de recursos presupuestados.
7.- Por todo lo anterior, resulta urgente que el Gobernador Rubén Rocha Moya
solicite al Congreso del Estado la asignación de recursos en el presupuesto para
2023 de una partida especial para solventar tan delicada situación económica y
financiera; pues a la fecha sigue habiendo manifestaciones de policías y viudas de
policías que no han recibido a cabalidad sus prestaciones legales en tiempo y
forma; y esto resulta entendible por la falta de recursos económicos de que
actualmente carecen los municipios. Si el Congreso toma decisiones con
reformas de leyes, debe acompañarlas de los recursos necesarios para su
aplicación, porque de lo contrario, lejos de resolver un problema, le genera y lo
agrava muchos más a los municipios.
Las leyes, los acuerdos de gobierno o las políticas públicas en general, no debe
proteger a unos en perjuicio de otros. El mejor gobierno es el pondera intereses,
buscando siempre el bien común.
Gracias