Hoy, en el Congreso del Estado, Sinaloa dio un paso atrás de décadas. Con una votación cerrada al bloque oficialista, la mayoría morenista decidió poner fin a la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública (CEAIP), el último contrapeso ciudadano frente al poder y la opacidad gubernamental.

Con 30 votos a favor de Morena y sus aliados del Partido Verde y el PT, contra 9 votos de toda la oposición (PRI, PAN, MC y PAS) y una ausencia, el Congreso aprobó la desaparición del órgano garante de la transparencia. El mensaje fue claro: la rendición de cuentas ya no es prioridad.

A partir de esta decisión, el acceso a la información pública y la protección de datos personales quedarán en manos de las contralorías internas de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de los organismos autónomos. Es decir, el gobierno se vigilará a sí mismo, una fórmula que, en la práctica, anula cualquier supervisión real y abre la puerta al ocultamiento sistemático de información.

Durante el debate, las posturas evidenciaron la profundidad de la ruptura. Desde la oposición, la diputada del PRI Paola Gárate Valenzuela lanzó una de las acusaciones más severas escuchadas en el recinto:

“Hoy es un día triste para Sinaloa. Encima de todos los asesinatos diarios, hoy asesinan la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información pública. Los gobiernos morenistas mienten, roban y traicionan”.

Del otro lado, Morena defendió la medida como una “evolución” del modelo. La diputada Juana Minerva Vázquez González negó que se trate de un retroceso y aseguró que el Estado ahora asumirá directamente la responsabilidad de garantizar el derecho a la información.

“No estamos sepultando el derecho a la información. El modelo anterior cumplió su función; el país pasó a una nueva etapa. El Estado deja de delegar y pasa a asumir esta responsabilidad”, sostuvo.

Sin embargo, para amplios sectores de la sociedad civil y la oposición, el argumento resulta insostenible: sin un órgano autónomo, independiente del poder político, no hay transparencia posible. Lo aprobado hoy no es una reestructura administrativa, sino la desactivación deliberada de un mecanismo incómodo para el poder.

La desaparición de la CEAIP no solo elimina un instituto; debilita el derecho ciudadano a saber, reduce la vigilancia sobre el uso de recursos públicos y consolida un modelo donde la opacidad se normaliza.

Hoy, el Congreso de Sinaloa no modernizó la transparencia. La enterró.

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