Crisis del gas: la subida mundial de precios desborda el control impuesto por el Gobierno de México

Pese a la regulación del coste por parte del Estado, en septiembre el gas LP registró un aumento mensual del 4,7% ante la escalada del precio internacional.

Los intentos del Gobierno por contener las tarifas del gas LP han chocado con la realidad del mercado internacional. Semana tras semana, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) ha tenido que revisar al alza los precios máximos. Mientras, la empresa Gas Bienestar, creada por el Ejecutivo para distribuir el combustible y fomentar la competencia, mantiene un alcance demasiado limitado para ejercer un peso determinante. La solución escapa de las manos del Gobierno y pasa, dicen los expertos, por una caída en los precios mundiales.

El Ejecutivo ha echado mano de una batería de medidas para tratar de contener el incremento de este combustible derivado del petróleo que utilizan tres cuartas partes de los hogares mexicanos. En julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la creación de Gas Bienestar para ampliar la oferta de cilindros. Un mes después, a petición del Gobierno y sin respetar el procedimiento que marca la ley, la CRE estableció a toda prisa una fórmula de precios máximos, la opción más extrema, para mantener a raya a los distribuidores.

Pese a estas acciones, en septiembre el gas LP registró un aumento mensual del 4,7%, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). La CRE, a su vez, se ha visto obligada a elevar los topes. Esta semana, en Ciudad de México, el regulador lo subió a 24,6 pesos el kilo, un 15% más que a inicios de agosto. Tras varios aumentos, el promedio de precios máximos por Estado, 26 pesos según un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), es ligeramente superior a la tarifa reportada por los distribuidores a finales de julio, justo antes de la imposición de controles.

Estas revisiones al alza por parte de la CRE responden al precio internacional del gas, cuya demanda ha subido en plena recuperación económica. Tras años de declive en la producción de Pemex, México importa más del 60% del gas que se consume, principalmente de Estados Unidos, según Amexgas, la asociación de distribuidores. “El mercado internacional no responde a topes máximos. La fórmula de la CRE se está ajustando a los precios internacionales”, dice el analista Paul Alejandro Sánchez.

Sin los topes existe la posibilidad de que el gas se vendiera aún más caro. “Probablemente sí hubiera incrementado más, pero no hubiera habido distorsiones en el mercado”, señala el investigador Óscar Ocampo, del IMCO. Paul Alejandro Sánchez señala que los topes pueden haber animado a ciertos proveedores a subir precios: “Terminamos generando las condiciones para que las empresas se ajusten a los máximos”.

Ni siquiera Gas Bienestar ha podido mantenerse al margen. A finales de agosto, la empresa inició operaciones en la alcaldía de Iztapalapa, en Ciudad de México, con cilindros a 20 pesos el kilo. Su precio para esta semana se sitúa en 21,50 pesos, un incremento del 7,5%. Y, aunque el Gobierno la presentó como una opción barata ante el incremento del gas, hay seis distribuidores que ofrecen cilindros más económicos que los de la empresa del Gobierno.

La modesta dimensión de Gas Bienestar y los lugares elegidos para su lanzamiento le impiden jugar un papel decisivo en la contención de precios. El Ejecutivo anunció que se expandiría al resto del país, pero todavía no se ha divulgado un calendario. “Seguimos en las pruebas piloto prácticamente y la razón es que no tiene la infraestructura. Las dos entidades donde va a empezar, la Ciudad de México y Tabasco, tampoco son donde los precios están más altos”, apunta Sánchez.

Mientras, el riesgo de escasez de combustible sigue presente. Los repartidores de gas convocaron esta semana al segundo paro desde agosto porque los topes máximos han reducido a mínimos su margen de ganancia. Amexgas asegura que el 10% de las 35.000 rutas de repartición que existían han cerrado. “De continuar operando con un modelo de precios alejado de la realidad económica, se incrementa sustancialmente el riesgo de continuar eliminando zonas de reparto”, advirtió esta semana la asociación.

Aunque fueron presentados como una solución “temporal”, los topes no tienen fecha de retirada. “Vamos a seguir con la medida”, dijo el presidente López Obrador a principios de mes. Óscar Ocampo, del IMCO, defiende que la política debería tener “una métrica de éxito en el cual se regresa al libre mercado”. “El único factor que puede mover el precio es una caída de la demanda internacional por el gas LP”, dice el analista. “Eventualmente va a pasar”.