Critica contralor de INE contrataciones aprobadas por Jacobo
El Órgano Interno de Control (OIC) del INE acusó al Secretario Ejecutivo, Edmundo Jacobo, de tener un sistema de contrataciones débil, a modo, ineficiente y con altos costos presupuestales para el organismo electoral.
En medio del debate sobre el poder del Secretario Ejecutivo, quien con la nueva legislación ya no aprobará la estructura de las direcciones ejecutivas, vocalías y demás órganos del Instituto, el OIC realiza un balance de las contrataciones del 2008 al 2022, tiempo en el que Jacobo ha estado en el cargo.
En ese lapso, acusa, el Instituto ejerció 138 mil 196 millones de pesos en servicios personales de forma inercial, sin sustento ni rigor técnico.
Afirma que el INE, el cual cuenta con 17 mil empleados, carece de lineamientos específicos para atender criterios básicos en el diseño y creación de estructuras orgánicas, y en 19 de 33 auditorías se demostraron anomalías en la contratación.
“El no contar con estos lineamientos refleja debilidades de control que podrían materializar el riesgo de haber aprobado estructuras orgánicas con altos costos al no estar técnicas ni metodológicamente justificadas en los criterios técnicos establecidos en la normativa.
“No se acredita que la modificación de las estructuras orgánicas aprobadas mediante acuerdos del Secretario Ejecutivo se diseñó, modificó y autorizó conforme a los criterios técnicos establecidos en los estatutos del Servicio Profesional ni en el Estatuto del personal de la rama administrativa ni en el manual de normas administrativas”, advirtió.
Aseguró que la Secretaría Ejecutiva ha permitido que las áreas realicen sus propuestas de diseño y modificación de sus estructuras orgánicas sin el debido sustento normativo, técnico y metodológico, provocando “altos costos presupuestales”.
El argumento central de los líderes de Morena para reducir la estructura y fusionar áreas ha sido la duplicidad de funciones, y en su informe, el OIC también lo critica.
“Se ubicaron funciones idénticas, similares, duplicadas y susceptibles de fusionarse por estar orientadas hacia una misma finalidad, lo que potencializa el riesgo de no alcanzar objetivos y metas”, explica.
Sin embargo, de los casos analizados, el 2 por ciento cayó en este supuesto, mientras que un 5 por ciento fue contratado sin cumplir con la escolaridad establecida.
Cuestiona que al pasar el IFE a INE no se corrigieron “las evidentes debilidades de control que permitieron y habilitaron acciones inerciales para aprobar estructuras sin evitar la duplicidad de funciones”.
El OIC también cuestiona la transparencia y el dinero depositado a los dos fideicomisos del INE, criticados por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido.
Por ejemplo, apunta, en el 2022 se destinaron 318 millones de ahorros al fideicomiso pasivo laboral y 84.2 millones al fideicomiso infraestructura inmobiliaria.
“(Esos recursos) no fueron utilizados por el Instituto conforme a lo mandado en su presupuesto, situación que confirma la inercia sistemática que provocan remanentes significativos en el ejercicio presupuestal del INE”, indica.
Por ejemplo, se detectaron 10 casos en los que se pagaron 3.85 millones de pesos en liquidaciones, por supuesta reestructura del área, pero no se entregó un documento que sustente por qué hubo una reestructuración.
Mientras que el fondo de infraestructura carece de más acciones de control para mejorar el proceso de planeación, programación y comprobación de los recursos.
Presuntas anomalías
El OIC informó que tuvo que suspender varias licitaciones y obras por presuntas anomalías, por lo que el INE está solventando las observaciones.
Además, se confirma que se pide más recursos para contrataciones de lo que finalmente cuestan y no se busca a más empresas en el mercado, por lo que se favorece a algunas.
Por ejemplo, se tuvo que suspender la contratación de servicios para la difusión de materiales para televisión, radio, impresos y contenidos digitales, porque los costos eran más altos que el mercado.
Lo mismo sucedió en la contratación de servicios para sistema de voto electrónico por internet en el extranjero, que costaría 158 millones, pues la convocatoria impedía la libre participación y favorecía a una empresa.
También generó sospechas la contratación por 9 millones de pesos a una empresa para el suministro de combustible a través de tarjetas electrónicas, por lo que se interpuso una denuncia en materia de responsabilidades administrativas.
Se aplicaron multas a proveedores de limpieza y comedor por incumplir contrato.
En su informe se aclara que hasta el momento las auditorías no han detectado ilegalidades en el uso de recursos públicos.
Con información de Reforma
