Crónica de un capricho anunciado: claves para entender la revocación de mandato
Como es sabido, llegó a término, el domingo 10 de abril, la realización de la primera consulta en el país sobre la revocación de mandato del presidente de la República. Aquí un recuento, análisis e implicaciones de un proceso que, descontando la extraordinaria labor realizada por el INE, deja un saldo sin duda deficitario.
Tergiversación del mecanismo de participación ciudadana Conflicto con el INE La feria de las ilegalidades por la difusión Los resultados
En primer término, hay que reflexionar sobre si todos los mecanismos de participación ciudadana en verdad contribuyen a robustecer la calidad de la democracia. Hay ciertos instrumentos de democracia directa que, lejos de consolidar la institucionalidad democrática, tienden a confirmar decisiones previamente asumidas, de tal manera que más bien se trata de instrumentos de demagogia o cesarismo plebiscitario. Estamos aquí frente a un mecanismo de esa naturaleza. Al igual que ocurrió en la primera consulta popular celebrada en agosto de 2021, en la que hubo una confusión entre la intención originaria de sus promotores (juzgar a los ex presidentes) y lo que terminó avalando la Corte (investigar a “personajes del pasado”, cualquiera cosa que eso haya querido significar), en el caso de la revocación de mandato sus promotores se dieron a la tarea de recabar firmas de apoyo para ratificar al presidente, por lo que desde el principio se presentó una perversión del sentido original del ejercicio. Más aún si se considera que la solicitud de revocación debería provenir de la oposición política (partidos y ciudadanía organizada) y no del propio gobierno. Desde que el INE supo que tenía que organizar la revocación de mandato (lo que no solicitó sino que se le impuso), se abocó a realizar los preparativos y programar el presupuesto para celebrarla según los estándares establecidos en ley. Dado que el número de casillas a instalar tenía que ser similar a la de la última elección legislativa federal (2021), presentó un proyecto de presupuesto acorde a ello. Como se sabe, ni el gobierno ni el Congreso (Cámara de Diputados), controlados por el lopezobradorismo, accedieron a otorgar el presupuesto solicitado por el INE, por más austero y racional que fuera. Vendría entonces una sucesión de litigios y actos jurídicos, resueltos tanto por la Corte como por el Tribunal Electoral, que terminaron por ofrecer certeza al INE tanto en el calendario de actividades como en el número inferior de casillas a instalar. El marco constitucional y legal aprobado por los partidos afines al lopezobradorismo definió que los servidores públicos debían abstenerse de realizar difusión de propaganda gubernamental y que no podrían, bajo ninguna circunstancia, hacer difusión de la consulta popular, lo cual estaba destinado en exclusiva a las autoridades electorales. Así que el INE se encargó de hacer una extensa campaña, convocando a la ciudadanía a participar en la revocación; lo que —por supuesto— le pareció un esfuerzo desganado e insuficiente a la coalición lopezobradorista. A partir de ahí realizaron todo tipo de acciones en el franco terreno de la ilegalidad, sin ningún pudor. Se sucedería así licencias solicitadas por legisladores para poder promover abiertamente la opción de la permanencia del presidente; innumerables publicaciones en redes sociales difundiendo acciones de gobierno; aprobación por el Congreso de un “decreto interpretativo” que permitía a servidores públicos realizar difusión de la revocación de mandato —“decretazo” atinada y oportunamente anulado por el Tribunal Electoral—. Y una intensificación de los contumaces comportamientos ilegales acercándose la fecha, resultando particularmente significativa la gira proselitista realizada por el secretario de Gobernación el fin de semana previo a la jornada electoral y el acto en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México del 6 de abril, que fue en realidad, y sin pudor alguno, una especie de cierre de campaña. Las irregularidades y desafíos no pararon ni siquiera en la jornada electoral, con acarreo de votantes y el llamado a participar de la cuenta de la SHCP en Twitter. Si se consideran los resultados conocidos hasta el momento, derivados del conteo rápido anunciado puntalmente por el consejero presidente del INE en la noche de la jornada electoral y del desarrollo de los cómputos distritales, lo que resulta es que algunos jugadores lo ven como un vaso medio vacío y otros como un vaso medio lleno. Hay, pues, una pugna por la narrativa triunfalista. Se sabía de antemano que iba a ganar de manera contundente la opción por la permanencia de López Obrador y que ese rango estaría sobre el 90%, lo cual finalmente se confirmó. Pero los grandes datos de la jornada fueron los 75 millones de electores que le dieron la espalda al llamado de la revocación de mandato (de los casi 93 millones de la lista nominal); solo el 17.7% de los ciudadanos registrados decidió acudir a emitir su opinión. Sin duda, un duro golpe para los promotores de la consulta, que destinaron ingentes recursos para llevar a la gente a votar. En términos de números absolutos de votos, si bien se superaron los 11 millones de firmas de apoyo para avalar la revocación, quedaron en un nivel muy por debajo de la votación obtenida por Morena y sus aliados legislativos en la elección intermedia de 2021 y a una distancia aún más remota de los más de 30 millones de votos obtenidos por López Obrador en la elección presidencial de 2018.
Seguramente se han encendido las alertas entre las distintas tribus y equipos que tienen la mira en la sucesión de 2024 del lado del oficialismo. A pesar de los enormes —y por momentos penosos— momentos y esfuerzos de la jefa de gobierno capitalina, nada más no puede sacudirse el estigma de haber perdido las elecciones intermedias del año pasado. La Ciudad de México aportó proporcionalmente poco más que los demás estados en la media. Tabasco, como era de esperarse, siguió siendo el alumno aventajado en ofrecer proporcionalmente más tributo a la causa. El que sí salió fortalecido, de forma contundente, fue el INE. A pesar de los múltiples ataques y el asedio gubernamental —particularmente sobre los consejeros Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, que, dicho sea de paso, han realizado una ejemplar defensa de la autonomía institucional—, el INE logró convocar a la ciudadanía requerida para capacitarse e integrar las mesas receptoras de las opiniones. Con la confianza renovada en el INE, la fortaleza del servicio profesional y el liderazgo de Córdova, de nueva cuenta tuvimos una elección ejemplar. Nota del editor: Horacio Vives Segl es licenciado en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y doctor en Ciencia Política por la Universidad de Belgrano (Argentina). Síguelo en Twitter . Las opiniones expresadas en esta columna son responsabilidad del autor.
Con información de EXP
