Cuando una escuela es vulnerada, se pone en riesgo el derecho a aprender
POR NURIA GONZÁLEZ ELIZALDE
En días recientes, dos planteles de Culiacán tuvieron que suspender clases tras ser vandalizados e incluso incendiados durante la noche, obligando a directivos y docentes a replegar actividades y a resguardar a sus estudiantes.
Cada vez que una escuela es dañada o vandalizada, no solo se afecta su infraestructura: se generan condiciones que ponen en riesgo el ejercicio efectivo del derecho a aprender. En un país donde la escuela es, para muchas niñas, niños y adolescentes quizá la única oportunidad para superar su contexto, este no es un asunto menor ni solamente local, sino una alerta sobre las condiciones de seguridad en los entornos escolares.
En días recientes, dos planteles de Culiacán tuvieron que suspender clases tras ser vandalizados e incluso incendiados durante la noche, obligando a directivos y docentes a replegar actividades y a resguardar a sus estudiantes.
Los hechos recientes contra planteles educativos evidencian la necesidad de fortalecer las condiciones de seguridad y protección de las escuelas, particularmente en aquellos contextos donde se requiere una mayor capacidad de prevención y respuesta ante situaciones de violencia. En este sentido, resulta indispensable establecer protocolos formales, claros y operativos de prevención, vigilancia y respuesta para la protección de los planteles educativos. Cuando la violencia afecta a una escuela, el desafío no es solo normativo, sino operativo, es decir la distancia entre el deber ser y la capacidad real para prevenir, atender y restablecer condiciones seguras para el desarrollo de la vida.
Las comunidades educativas enfrentan consecuencias inmediatas. Directivos que reorganizan la operación escolar urgentemente; docentes que ajustan su planeación y estrategias de trabajo para sostener la continuidad de sus grupos; estudiantes que ven alterada la regularidad de sus clases, y familias que deben reorganizar su dinámica cotidiana. Todo ello puede afectar las condiciones necesarias para el desarrollo de los procesos educativos, generando retrasos e interrupciones.
Lo urgente hoy es asumir el problema con seriedad. Los daños a un plantel no son incidentes administrativos, son señales de debilidades en la capacidad de protección de los entornos escolares, que pueden afectar las condiciones necesarias para el aprendizaje. Si proteger la escuela es una obligación constitucional, proteger el aprendizaje es una responsabilidad ineludible del Estado mexicano.
Las acciones que deben adoptarse no requieren más diagnósticos, sino voluntad y tiempos de respuesta reales:
1. Atender de inmediato las afectaciones que comprometen el aprendizaje, sin demoras injustificadas.
2. Adoptar medidas preventivas diferenciadas para planteles en zonas de mayor riesgo.
3. Transparentar con rigor los recursos destinados a infraestructura y seguridad escolar.
4. Fortalecer los entornos escolares con alumbrado, vigilancia y coordinación comunitaria real.
5. Dar seguimiento público plantel por plantel, para evitar soluciones parciales o temporales.
Las escuelas son un pilar fundamental para el desarrollo de las personas y las comunidades. Cuando un centro escolar se debilita, se deterioran las condiciones necesarias para el aprendizaje. Proteger cada plantel es fortalecer las condiciones para que niñas, niños y adolescentes puedan desarrollar su trayectoria educativa y eso exige una respuesta contundente, no retórica, de todos los niveles de gobierno.
