De chiquillada a bisagra
José Luis Parra
Tuvieron que pasar décadas para que dejaran de ser comparsa y se asumieran como protagonistas. Hoy, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo no solo tienen la llave de la reforma electoral: también decidieron enseñarla, agitarla y advertir que pueden cerrar la puerta si no les gusta el nuevo diseño del régimen.
Cosas veredes.
Antes del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, ambos eran parte de la pintoresca “chiquillada”. Satélites útiles, marginales necesarios. Vivían de las alianzas, del oxígeno que les suministraban el PRI o el PRD. Más conocidos por sus escándalos que por sus aportaciones doctrinarias. Más expertos en sobrevivir que en gobernar.
Morena los hizo crecer. Les dio volumen legislativo, presupuesto y, sobre todo, relevancia estratégica. Con ellos se construyó la mayoría para el llamado Plan C. Con ellos se empujaron las reformas del nuevo sexenio de Claudia Sheinbaum. Y con ellos, ahora, se topa la presidenta al intentar rediseñar el sistema electoral.
Ironías de la política: los aliados convertidos en dique.
El argumento que esgrimen —evitar el regreso del “partido de Estado”— suena épico. Heroico, incluso. Pero bajo la retórica democrática asoma una defensa mucho más terrenal: la de sus cúpulas, sus prerrogativas y sus mecanismos de control interno.
El Verde, fundado por Jorge González Torres y heredado a Jorge Emilio González Martínez, ha sido todo menos verde en términos de transparencia. Es, según los registros electorales, el partido más sancionado del sistema mexicano. Multas por propaganda ilegal, influencers disfrazados de ciudadanos espontáneos, rebase de topes, Juanitas sacrificadas en el altar de la simulación.
Y, sin embargo, ahí está: tercera fuerza en el Congreso, con 62 diputados y 14 senadores. Con casi 900 millones de pesos asegurados para su gasto ordinario en 2026. Con gubernaturas y cientos de municipios bajo su sombra. De marginal a imprescindible. De satélite a bisagra.
El PT no canta mal las rancheras. Fundado en 1990, encabezado desde entonces por el incombustible Alberto Anaya, ha hecho del pragmatismo su ideología. Casi pierde el registro en 2015 y lo resucitó una elección extraordinaria en Aguascalientes que aún despierta cejas levantadas. Hoy tiene 49 diputados, seis senadores y casi 700 millones de pesos proyectados para 2026.
No gobierna ningún estado. Pero gobierna, junto con el Verde, la aritmética legislativa.
Ambos partidos crecieron al amparo de las alianzas tejidas por Mario Delgado cuando dirigía Morena. El esquema fue eficaz: candidaturas cruzadas, siglas prestadas, sobrerrepresentación calculada. El resultado: mayoría calificada y poder constitucional.
Ahora, cuando la reforma electoral pretende ajustar reglas que podrían reducir la influencia de las dirigencias partidistas y modificar el reparto del poder interno, los aliados levantan la mano… pero para frenar.
Dicen que no permitirán retrocesos democráticos. Que no avalarán el regreso del viejo régimen. Que no serán cómplices de una concentración excesiva.
¿Convicción o cálculo?
La presidenta Sheinbaum ha tenido que reescribir su propuesta. Tres veces retenida antes de conocerse. Tres veces ajustada en la sombra. Porque sin el Verde y el PT, Morena no alcanza. Y sin reforma electoral, el proyecto de rediseño institucional queda incompleto.
Así funciona el poder: ayer marginales, hoy árbitros. Ayer rescatados, hoy condicionantes.
La pregunta no es si el Verde y el PT tienen derecho a disentir. Lo tienen. La pregunta es si su resistencia obedece a una genuina preocupación democrática o a la defensa de un modelo que les ha permitido crecer sin rendir demasiadas cuentas.
Porque cuando un partido se vuelve indispensable, también se vuelve tentado.
Y en política, como en la cirugía, no siempre el que sostiene el bisturí es el que decide dónde cortar.
