Si un joven puede ser “tragado por la tierra” dentro de un bar de alta afluencia, ¿dónde queda la responsabilidad de los dueños y la protección de las autoridades? | Fred Álvarez

Mazatlán… donde el Pacífico es algo sin igual… aquí hasta un pobre se siente millonario, aquí la vida se pasa sin llorar”: José Alfredo Jiménez

La desaparición de jóvenes es una de las tragedias más graves y crecientes en México. Con más de 133 mil personas desaparecidas acumuladas en el país, la estadística es alarmante y consolida a la juventud como la principal víctima de un delito calificado por muchos como de lesa humanidad.

La desaparición de Carlos Emilio Galván Valenzuela, un joven duranguense, en el emblemático bar Terraza Valentino de Mazatlán, es mucho más que una tragedia personal; es un crudo reflejo de la vulnerabilidad y la impunidad que permea esta zona turística.

Resulta incomprensible y totalmente reprobable que una persona pueda desaparecer literalmente al ir al baño de un establecimiento de renombre, ubicado en la “Zona Dorada“. Este hecho destroza la falsa sensación de seguridad que se promueve en el puerto y plantea una pregunta escalofriante: Si un joven puede ser “tragado por la tierra” dentro de un bar de alta afluencia, ¿dónde queda la responsabilidad de los dueños y la protección de las autoridades?

Inconsistencias y la nula respuesta de la autoridad.

La angustia de la madre de Carlos Emilio, Brenda Valenzuela, se ve agravada por una cadena de inconsistencias y una alarmante falta de compromiso de la Fiscalía General de Sinaloa, incluso se realizó una gran marcha el pasado domingo en Durango para protestar alzar la voz.

El bar busca “lavarse las manos“: Se percibió una entrega tardía de videos por parte del establecimiento, cuya propiedad se asocia a un funcionario público local.

Las autoridades ofrecieron excusas, como el mantenimiento de las cámaras de vigilancia de la ciudad, como se comentó en un entrevista radial con Ciro Gómez Leyva en Radio Formula, un argumento que alimenta una profunda desconfianza.

Lentitud crítica

Según el relato de la madre, el rastreo del celular del joven y otras acciones esenciales (como catear lugares cercanos) no se ejecutaron de manera contundente y oportuna.

La Fiscalía solo repite a los familiares: “seguimos en investigación“, sin mostrar avances concretos. La falta de resultados ante la gravedad del caso es una falla inaceptable y una prueba de la ineficacia; ¡la Fiscalía local no sirve para la búsqueda de personas!

El riesgo letal de buscar la verdad

El ambiente de desprotección e indiferencia se subraya dramáticamente con el secuestro hace un par de días de María de los Ángeles Valenzuela, una rastreadora que dedicaba su vida a buscar víctimas y ahora se convierte en una de ellas.

El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Óscar Loza Ochoa, calificó el hecho como “muy grave” y un “golpe muy fuerte” para los 32 colectivos de búsqueda en SinaloaLoza Ochoa lamentó que “las personas que buscan a desaparecidos también están desaparecidas“, lo cual exhibe el riesgo letal que corre la sociedad civil en el estado.

El titular de la CEDH expresó profunda preocupación por el “repunte del fenómeno” de desapariciones, señalando que los casos recientes (incluyendo a Carlos Emilio y una pareja de Torreón) “hablan por sí solos” y desmienten la proyección de seguridad.

Las tragedias de Carlos Emilio y María de los Ángeles y de otros más, no son eventos aislados; son parte de un patrón de varias carpetas de investigación por desaparición. Esta estadística evidencia una crisis humanitaria que las autoridades deben enfrentar con urgencia.

Exigencia: intervención y cese del silencio oficial

Mazatlán tiene la ineludible obligación de garantizar la seguridad de sus visitantes. Este caso exige una respuesta que vaya más allá de los comunicados de rutina.

La CEDH ya abrió una queja de oficio contra la FGE. Sin embargo, la titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas no ha mostrado acción y parece operar sin recursos; se les agradece que elaboren la ficha de búsqueda, pero no hacen más, si no pueden deberían renunciar  por mera dignidad,

De igual forma, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas parece ausente. Su nueva titular, Martha Lidia Pérez Gumecindo, quien presume de eficacia, guarda silencio en este caso escandaloso (tal como ocurrió en el caso de Rodrigo Salcido Berain en Los Cabos, BCS) y como lo comente en este espacio en dos ocasiones, posiblemente va a intervenir si el tema llega a la “mañanera” en Palacio Nacional, pero cuando eso ocurra será  demasiado tarde.

En el caso de Rodrigo Salcido, la autoridad local y federal no hizo casi nada. Este caso tuvo un final triste, los familiares fueron informados que el cuerpo de Rodrigo estaba en el servicio médico forense desde el viernes 3 de octubre y supieron que era él hasta el día lunes 13. ¡Deberían renunciar por ineptos!

Es imperativo que el gobierno del estado de Sinaloa y la Fiscalía General aceleren de forma efectiva la búsqueda con acciones claras y contundentes, y si no pueden pues ¡renuncien!

Cada hora de inacción disminuye las posibilidades de localización con vida de las personas, y la  falta de una respuesta pública enérgica refleja una clara crisis de voluntad política.

Si bien la desaparición inicial apunta a un delito cometido por particulares, la prolongada ausencia de respuesta estatal y la omisión en la búsqueda podrían configurar, potencialmente, una desaparición forzada por aquiescencia u omisión de la autoridad con lo que ello implica.

No se debe estigmatizar al Puerto

Mazatlán es un paraíso -estoy convencidisimo-, ideal para caminar y disfrutar, y no merece ser estigmatizado por estos crímenes. Por ello, el gobierno y la sociedad en general debe honrar la descripción que hizo el poeta popular José Alfredo Jiménez en su corrido: la de un puerto de belleza, orgullo y alegría. No se puede permitir que la impunidad silencie la música de la banda sinaloense.

PD. Victoria póstuma  de la señora Wallace.  La ratificación de condenas a Jael Malagón, y los hermanos Castillo Cruz por secuestro es un triunfo póstumo para Isabel Miranda. Un tribunal federal validó su verdad al confirmar que los sentenciados operaban como una organización delictiva; sin embargo, esta justicia llega con 20 años de retraso, siete meses después de la muerte de la activista, señalando la lentitud crónica y estructural de la justicia. Pero el asunto no está cerrado, la condena aún puede ser impugnada con un amparo directo.

Fred Álvarez

@fredalvarez

Con información de La Silla Rota

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