Guasave, Sinaloa, 26 de febrero de 2026. — Lo que debería ser un pago justo por su trabajo terminó convertido en un agravio que raya en el abuso institucional. Un total de 161 trabajadores del IMSS Bienestar se manifestaron este jueves frente al Hospital General de Guasave tras descubrir descuentos brutales e inexplicables en sus nóminas, que en casos extremos dejaron su quincena reducida a una cifra insultante: 20 pesos.

No se trata de un error menor. Se trata de deducciones que van desde 1,700 hasta 20 mil pesos, aplicadas a personal de Enfermería, Trabajo Social, Laboratorio y médicos, muchos de los cuales aseguran no tener faltas registradas o, peor aún, que las supuestas inasistencias ya habían sido descontadas desde noviembre de 2025.

“Es un robo disfrazado de proceso administrativo”, reclamaron trabajadores, quienes exigen algo elemental: transparencia, legalidad y respeto a su salario.

La indignación crece ante la falta de respuestas claras. En Recursos Humanos solo recibieron listados y explicaciones vagas, sin sustento técnico ni documentación que justifique por qué se repiten descuentos ya aplicados. La consecuencia es devastadora: familias afectadas y trabajadores humillados por una institución que presume velar por el bienestar.

Pero la respuesta institucional no solo ha sido insuficiente: ha sido evasiva.

El subdirector del Hospital General de Guasave, Eduardo Castro Álvarez, optó por deslindarse y trasladar la responsabilidad al nivel federal, asegurando que el hospital “solo registra asistencia” y que el proceso continúa en Culiacán y posteriormente en la federación.

Es decir, nadie es responsable y todos lo son al mismo tiempo.

Su postura, lejos de tranquilizar, confirma la descomposición administrativa: un sistema donde se aplican descuentos sin rostro, sin firma y sin consecuencias para quienes los ordenan.

Más grave aún es que, mientras trabajadores reciben 20 pesos de salario, la autoridad se limita a decirles que “acudan a Recursos Humanos” a revisar su caso individualmente, como si el problema fuera personal y no un evidente fallo estructural.

Esto expone una realidad alarmante: el personal que sostiene el sistema de salud está siendo castigado económicamente por la propia institución que debería protegerlo.

Y mientras el subdirector asegura que no habrá represalias, el verdadero castigo ya ocurrió: les quitaron el fruto de su trabajo sin explicación clara.

La protesta, pacífica y responsable, no detuvo la atención médica. A pesar del atropello, médicos y enfermeras siguieron cumpliendo con su deber. Lo que queda en entredicho no es el compromiso del personal, sino la legitimidad de quienes administran sus salarios.

Hasta ahora, ni el IMSS Bienestar ni la Secretaría de Salud han emitido una postura formal que explique el origen real de los descuentos.

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