EEUU sanciona a miembros y empresas de una red familiar mexicana por vínculos con el Cartel de Sinaloa

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro “impuso sanciones a ocho ciudadanos mexicanos y doce empresas con sede en México vinculadas a la facción de ‘Los Chapitos’ del Cartel de Sinaloa”.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció la imposición de sanciones a una red de empresas mexicanas y personas acusadas de suministrar al Cartel de Sinaloa sustancias químicas empleadas en la fabricación de fentanilo.

Según un comunicado publicado el lunes, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro “impuso sanciones a ocho ciudadanos mexicanos y doce empresas con sede en México vinculadas a la facción de ‘Los Chapitos’ del Cartel de Sinaloa”, liderada por los hijos del famoso narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, actualmente detenido en una prisión federal de máxima seguridad en Colorado.

En febrero de 2025, el Departamento de Estado de EEUU designó al Cartel de Sinaloa como Organización Terrorista Extranjera.

Las sanciones alcanzan a un amplio entramado empresarial compuesto por compañías de productos químicos, laboratorios, limpieza industrial, salud y bienes raíces, presuntamente utilizadas para suministrar esas sustancias precursoras del fentanilo a ‘Los Chapitos’. Entre los señalados figuran propietarios, familiares y empleados que, según el Departamento del Tesoro, actuaban como intermediarios o testaferros para ocultar las operaciones reales del grupo.

Entre las empresas castigadas se encuentra Sumilab S.A, dedicada al comercio de productos químicos y equipamiento de laboratorio, y que ya había sido sancionada por el Departamento del Tesoro en mayo de 2023.

De acuerdo con el comunicado del departamento, esta empresa, fundada en mayo de 2001, está controlada por la familia Favela López, cuyos miembros conforman el grupo central de las ocho personas sancionadas por la OFAC. Los sancionados son los hermanos Víctor AndrésFranciscoJorge Luis y María Gabriela Favela López, junto con el cónyuge de esta última, Jairo Verdugo Araujo, y de otra hermana, Gilberto Gallardo García.

También figura César Elías López Araujo, señalado como testaferro y operador de una empresa paralela, Macerlab. Además, fue sancionada Martha Emilia Conde Uraga, conocida como ‘Martita’, identificada como intermediaria del Cartel de Sinaloa y propietaria de varias firmas de productos químicos, limpieza, salud y bienes raíces, entre ellas Comercial Viosma del Noroeste, Prolimph Químicos en General, Proveedora de Servicios de Salud Mental del Pacífico y Roco del Pacífico Inmobiliaria.

Tras las sanciones de 2023, la familia retiró los carteles de sus establecimientos y trató de ocultar su actividad, pero según el Tesoro, continuó participando activamente en el suministro de sustancias químicas al Cartel.

El entramado de los Favela López no se limita a Sumilab. Según el Tesoro, el grupo opera un conjunto de compañías vinculadas a los sectores químico, agrícola y de equipamiento de laboratorio. Entre ellas figuran AgrolarenViandFavelab, Fagalab, Qui Lab y Storelab, todas incluidas en la nueva ronda de sanciones.

Gráfica del Departamento del Tesoro sobre el entramado familiar y empresarial sancionado por la OFAC por presuntos vínculos con Los Chapitos.
Gráfica del Departamento del Tesoro sobre el entramado familiar y empresarial sancionado por la OFAC por presuntos vínculos con Los Chapitos.
Imagen Departamento del Tesoro

Qué implican estas sanciones del Departamento del Tesoro

Las sanciones implican el congelamiento de todos los bienes y activos de las personas y empresas señaladas que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de ciudadanos estadounidenses. Además, cualquier compañía controlada en un 50 % o más por esas personas sancionadas quedaría automáticamente bloqueada.

Las leyes del Tesoro prohíben a ciudadanos y entidades estadounidenses realizar transacciones o prestar servicios a personas o empresas sancionadas por la OFAC, salvo autorización expresa de esa oficina.

El incumplimiento de estas disposiciones puede acarrear multas y sanciones penales o civiles, tanto para individuos como para entidades extranjeras.

Con información de Univisión

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