El cobro de derecho de piso como mecanismo de fondeo del crimen organizado, por Mario Di Costanzo
El cobro de derecho de piso del crimen organizado crece cada día, detalló el especialista Mario Di Costanzo.
El cobro de derecho de piso del crimen organizado crece cada día, ya no solo abarca a los sectores productivos, o al comercio informal, sino a comunidades y entidades federativas enteras, cuyos habitantes conviven cercanamente con el fenómeno que lo controla todo, desde el precio de los productos de los alimentos, y los servicios, que inciden en la inflación, hasta la determinación del crimen organizado de designar a proveedores “autorizados”, lo que genera un flujo constante de dinero a las pandillas y carteles delincuenciales, disminuye las utilidades de las pequeñas, medianas y grandes empresas por lo que disminuye la recaudación del Impuesto sobre la Renta (ISR).
De diversos casos documentados como en el estado de:
- Michoacán, donde frecuentemente la actividad criminal determina, a través de la extorsión, el precio del limón y el aguacate;
- Sonora y parte de Baja California, el control de la pesca y la distribución de productos del mar;
- Guerrero, el precio del kilogramo de tortilla; en el mismo Guerrero y Estado de México, el abasto y valor del kilo de pollo;
- Jalisco, el negocio del ganado bovino de exportación; así como:
- Zacatecas, Tlaxcala y Puebla, los precios y suministro de diversos alimentos.
La propia Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, reconoce el fenómeno, pues si bien a menudo presume los indicadores delictivos a la baja, que conviene al Gobierno Federal, durante 2023 acepta que no hay resultados óptimos en este tema:
En la última Encuesta de Victimización (ENVIPE-2023), el delito de cobro de piso y extorsión ocupó el tercer lugar de recurrencia a nivel nacional y aunque NO es un delito nuevo se ha extendido en al menos 23 estados del país.
Los datos de la encuesta se basan en las denuncias presentadas ante ministerios públicos y contabilizados en carpetas de investigación.
La Alianza de Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) reporta que las extorsiones del crimen organizado contra pequeños, medianos y grandes comercios representan cuando menos el 20 por ciento de sus ganancias ya que en muchos casos alcanzan los 50 mil pesos mensuales y en muchos casos representan la desaparición o quiebra de los establecimientos.
Esta modalidad de delito llega a afectar hasta 80 por ciento de las ventas de comercios y negocios en estados como; Chihuahua Guanajuato, Morelos y Puebla.
La extorsión se dirige con total impunidad; es un impuesto ilegal e inmoral que cobra por el derecho a trabajar y fondea a las pandillas delincuenciales que azotan a 75 por ciento del territorio nacional.
Hasta ahora se han identificado al menos 5 cuotas diferentes que el crimen organizado cobra:
- derecho de piso.
- extorsión en carretera.
- derecho de tránsito.
- extorsión telefónica.
- seguridad familiar.
Sin embargo, la delincuencia organizada ha perfeccionado sus métodos de extorsión, los comerciantes son vigilados de cerca y reciben visitas intimidantes que los presionan para cumplir con los pagos exigidos.
A través de amenazas directas o actos violentos, los delincuentes buscan infundir el miedo en aquellos que se atrevan a negarse.
La violencia es una herramienta poderosa que utilizan para mantener el control y garantizar el flujo constante de dinero.
En el caso de las PyMes el entorno es cada vez más difícil, ya que además de sortear el pago de nóminas, renta, insumos, servicios básicos y altas cargas impositivas, ahora se enfrentan a una amenaza creciente: el cobro de “derecho de piso” por parte de organizaciones criminales.
Las extorsiones consisten en demandas regulares de pagos a cambio de “protección” contra posibles actos de violencia o sabotaje por parte de los delincuentes. Estas demandas varían en su magnitud.
Los empresarios se enfrentan a una elección difícil: pagar y garantizar una relativa tranquilidad o negarse y arriesgar la seguridad de sus empleados y la integridad de su negocio.
El impacto de estas prácticas es devastador.
Muchas pequeñas y medianas empresas se ven obligadas a cerrar debido a las presiones económicas y la violencia asociada con el cobro de “derecho de piso”.
Aquellas que deciden resistirse a estas extorsiones a menudo se enfrentan a represalias violentas, como daños a su propiedad o ataques contra sus empleados.
Según el Informe Nacional de Seguridad Pública del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 2023 se registraron más de 10 mil denuncias por extorsión en México, (2 mil más que en 2022)
Un estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) revela que el 53.7 por ciento de las empresas en México ha experimentado algún tipo de extorsión o soborno.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas 2021 del INEGI, el 81.9 por ciento de las empresas que fueron víctimas de extorsión no denunció el delito.
Los estados donde los comercios pagan las cuotas más altas son:
- Guerrero: 50 mil pesos.
- Aguascalientes: de 1 mil hasta 50 mil pesos
- CDMX: de 300 a 25 mil pesos.
- Chihuahua: de 15 a 20 mil pesos
- Jalisco de 3 mil a 20 mil pesos.
- Tabasco: de 500 a 20 mil pesos.
Por su parte, las entidades con mayor afectación en sus ventas son:
- Chihuahua de 70 a 80%
- Guanajuato de 50 a 60%
- Morelos y Chiapas 50%
- Puebla y Tlaxcala de 30 a 50%
- Guerrero y CDMX: de 10 a 40%
- Oaxaca: 33%
- Jalisco: 25%
- Tabasco y Zacatecas: del 10 al 20%.
De acuerdo al Laboratorio de Análisis, Comercio y Negocios de la UNAM, las cuotas que cobra el Crimen Organizado a locatarios, productores, agricultores, y a toda la cadena de proveedores y comercializadores de productos ya inciden de manera importante sobre la inflación, tenemos el caso del limón o del Aguacate en Michoacán, por lo que el derecho de piso puede afectar a la inflación hasta en 2 o 3 puntos porcentuales.
En estos 5 ejemplos se observa que el Crimen Organizado pudo haber obtenido hasta 10 mil 67 millones de pesos anuales, tan solo por el cobro de piso.
Michoacán:
- Se producen 2.5 millones de toneladas anuales de Aguacate, el cobro de piso es de $2.00 kilogramo, total anual 4 mil 885 millones de pesos.
- Se producen 856 mil 738 toneladas anuales de limón, el cobro de piso es de $1.50 kilogramo, total anual mil 285 millones de pesos.
Acapulco:
- El crimen organizado cobra 5 mil semanales por derecho de piso es decir 20 mil mensuales, existen 15 mil comercios pequeños, es decir recolectan 3 mil 600 millones al año.
Taxco:
- El crimen organizado cobra a los tres mil puestos 400 pesos semanales por derecho de piso, es decir 1,600 al mes, un total anual de 57.6 millones.
Zona sur de Tamaulipas
- El crimen organizado cobra a las bases de taxistas entre 400 y 600 pesos semanales por derecho de piso, existen aproximadamente 10,000 taxis, las ganancias anuales ascienden a 240 millones.
- Las ganancias por cobro de piso son incalculables:
Finalmente si consideramos que de acuerdo a la página oficial del Gobierno de México “DATA MEXICO”, al Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE-2022) el comercio al por menor registró un total un total de 2 millones 237 mil unidades económicas y un ingreso total de 5.63 billones de pesos, y asumimos que el 15 por ciento de ese ingreso total son utilidades; es decir 844 mil 500 millones de pesos y asumimos como lo estima la ANPEC que el crimen organizado se lleva hasta el 20 por ciento de sus utilidades, podríamos estar proyectando que ”el negocio del derecho de piso o extorsión” podría representar en nuestro país ingresos para el Crimen Organizado por 168 mil 900 millones de pesos (10 mil millones de dólares), lo que equivale a la sexta parte de las remesas que México recibió en 2023.
- En dónde se lava ese dinero
Debemos preguntarnos, en dónde y cómo se “lava” ese dinero que les otorga el gran poder económico, que les permite comprar a las autoridades, así como armamento y tecnología de punta.
Si revisamos brevemente los Informes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), observamos que por ejemplo en 2023 (octubre), la UIF presentó 122 denuncias por lavado de dinero que involucraron a mil 344 sujetos, sin embargo ninguno ha sido consignado.
México es uno de los países que menos se castiga este delito porque no existen mecanismos eficientes de fiscalización, por eso muchas veces se ven involucradas empresas que no tenían una estrategia de verificación sobre ciertas operaciones.
De hecho, con base en los datos de la Fiscalía General de la República se encuentra que la posibilidad de que haya un castigo por lavar dinero es del 2 por ciento.
De acuerdo con estimaciones del Global Financial Integrity en México se lavan entre 22 mil y 44 mil millones de dólares al año.
- Qué es el lavado de dinero:
El lavado de dinero es la forma en que el delincuente trata de asegurarse de que al final de cuentas, el delito pague. Este requisito demanda que los delincuentes, bien sean narcotraficantes, secuestradores, terroristas, traficantes de armas, chantajistas o estafadores con tarjetas de crédito, disfracen el origen de su dinero ilegal para evitar que sea detectado y que se les enjuicie cuando lo utilizan.
El lavado de dinero es esencial para lograr el funcionamiento efectivo de prácticamente toda forma de delincuencia transnacional y organizada. Los esfuerzos para combatirlo, que tienen por objeto impedir o limitar el desarrollo de la capacidad de los delincuentes de utilizar ganancias mal obtenidas, son un componente tan básico como eficaz de la lucha contra el delito.
- Cómo se lleva a cabo (tres etapas):
El lavado de dinero generalmente implica un conjunto de transacciones múltiples para disfrazar el origen de los ingresos financieros de tal manera que los delincuentes puedan utilizarlos sin comprometerlos. Dichas transacciones generalmente tienen tres etapas:
1.- Colocación de las ganancias en instituciones financieras (mediante depósitos, giros cablegráficos y otros medios);
Durante la etapa de colocación, los fondos deben cambiar de forma para ocultar su origen ilícito. Por ejemplo, los ingresos del comercio ilícito de drogas se obtienen en forma de billetes pequeños, que abultan y pesan más que las drogas mismas. La conversión de esos billetes en otros de más valor, cheques de cajero u otros instrumentos monetarios negociables se suele hacer a través de negocios que manejan mucho dinero en efectivo (como restaurantes, hoteles, compañías de máquinas expendedoras, casinos y lavacoches), que sirven de fachada.
2.- Estratificación (distanciar de su origen las ganancias procedentes de actividades ilícitas por medio de varias capas de transacciones financieras complejas) y,
En la etapa de estratificación, se trata de ocultar más el rastro que une los fondos a la actividad ilícita mediante la acumulación de una serie de complicadas transacciones financieras. Por ejemplo, los delincuentes refinados que tienen grandes sumas de dinero que lavar establecen compañías ficticias “compañías offshore” en países conocidos por sus estrictas leyes de protección del secreto bancario o su falta de celo en perseguir el lavado de dinero, “paraísos fiscales y bancarios”. Los fondos contaminados se transfieren entonces entre esas compañías ficticias hasta que aparecen limpios.
Estas transacciones se deben disfrazar para fundirse con los billones de dólares de transacciones legítimas que se realizan a diario. Para ello, se recurre con frecuencia a distintas variantes de “autopréstamos” y “doble facturación”.
En el primer caso, el delincuente coloca los fondos en una entidad extraterritorial que controla en secreto y luego se los “presta” a sí mismo. Esta técnica funciona por las dificultades que plantea averiguar quién controla realmente las cuentas en bancos extraterritoriales de algunos países.
En la doble facturación, estafa para mover fondos de un país a otro, una entidad extraterritorial mantiene la doble contabilidad. Para ingresar fondos “limpios” al país origen, una empresa del país origen sobrecarga el costo de varios bienes o servicios. Para sacar fondos (por ejemplo, para eludir impuestos), se sobrecarga a la entidad del país de origen.
Otras técnicas de estratificación entrañan la compra de artículos de elevado costo: valores, automóviles, aviones, pasajes, que a veces se registran a nombre de un amigo para no vincular al delincuente con los fondos. En algunas ocasiones también se utilizan las loterías y los casinos por la facilidad con que aceptan dinero en efectivo. Una vez convertidos en fichas, los fondos parecen ganancias del juego y se pueden cambiar por cheques contra el banco del casino.
3.- Integración (el proceso de emplear una transacción aparentemente legítima para disfrazar ganancias ilícitas).
La etapa de integración es la de gran rentabilidad para el delincuente; en ella incorpora los fondos en actividades económicas legítimas, por lo general, inversiones comerciales, bienes raíces o adquisición de artículos de lujo.
Mediante estos procesos el delincuente trata de transformar los beneficios monetarios derivados de actividades ilícitas en fondos con un origen aparentemente legal.
- Efectos económicos y sociales del lavado de dinero:
Uno de los efectos microeconómicos más graves del lavado de dinero se hace sentir en el sector privado. A menudo, quienes lo practican emplean compañías de fachada que mezclan las ganancias de actividades ilícitas con fondos legítimos, para ocultar ingresos mal habidos.
En algunos casos las compañías de fachada pueden ofrecer productos a precios por debajo del costo de fabricación. Por consiguiente, estas compañías tienen una ventaja competitiva sobre las compañías legítimas que obtienen sus fondos en los mercados de capital. Ello hace difícil, si no imposible para los negocios legítimos competir con las compañías de fachada de financiación subvencionada, situación que puede tener como resultado que las organizaciones delictivas desplacen negocios en el sector privado.
Es obvio que los principios de administración de estas empresas ilícitas no son consecuentes con los principios tradicionales de libre mercado de los negocios legítimos, lo que resulta en más efectos negativos macroeconómicos.
f.1) Debilitamiento de la integridad de los mercados financieros: Las instituciones financieras que dependen de ganancias ilícitas tienen otra tarea difícil en la administración acertada de sus bienes, obligaciones y operaciones. Por ejemplo, grandes sumas de dinero lavado pueden llegar a una institución financiera y luego desaparecer repentinamente, sin aviso, mediante traslados telegráficos ocasionados por factores fuera del mercado, tales como operaciones de aplicación de la ley. Ello puede presentar problemas de liquidez y pánico bancario.
De hecho, varias quiebras bancarias en todo el mundo se han atribuido a la actividad delictiva, incluyendo la quiebra del primer banco Internet, el Banco de la Unión Europea.
Por otra parte, algunas crisis financieras de los años 90 tenían importantes componentes de delito o fraude, tales como el escándalo de fraude, lavado de dinero y soborno del BCCI y en 1995 el desplome del Banco Barings cuando se desintegró un arriesgado plan de transacciones en derivados que estaba manejado por un agente en una subsidiaria.
f.2) Pérdida del control de la política económica: El Fondo Monetario Internacional, ha calculado la magnitud del lavado de dinero entre 2 y 5 por ciento del producto interno bruto del mundo.
En algunos países de mercados en desarrollo es posible que estas ganancias ilícitas empequeñezcan los presupuestos gubernamentales, con el resultado de que los gobiernos pierden el control de la política económica. De hecho, en algunos casos, la magnitud misma de la base acumulada de bienes de las ganancias lavadas puede emplearse para acaparar el mercado o monopolizar las pequeñas economías.
El lavado de dinero también puede afectar adversamente las monedas y las tasas de interés cuando sus practicantes reinvierten los fondos donde sus planes tienen menos posibilidad de ser detectados, en lugar de hacerlo donde la tasa de rendimiento es más elevada. El lavado de dinero puede acrecentar la amenaza de la inestabilidad monetaria debido a la distribución inadecuada de recursos ocasionada por la distorsión artificial de los precios de bienes y productos básicos.
En suma, el lavado de dinero y el delito financiero pueden tener como resultado cambios inexplicables en la demanda monetaria y mayor inestabilidad de los flujos de capital internacional, las tasas de interés y los tipos de cambio. La naturaleza imposible de predecir de esta actividad, aunada a la inherente pérdida del control de la política, pueden hacer difícil establecer una política económica atinada.
f.3) Distorsión económica e inestabilidad: Los que lavan dinero no están interesados en generar utilidades de sus inversiones, sino en proteger sus ganancias. Por tanto, “invierten” sus fondos en actividades que no necesariamente rinden beneficios económicos para el país donde están los fondos. Además, según sea el grado en que el lavado de dinero y el delito financiero desvían los fondos, de inversiones sólidas hacia inversiones de baja calidad que ocultan las ganancias, el crecimiento económico se afectará. En algunos países, por ejemplo, se han financiado industrias completas, como la de la construcción o la hotelera, no debido a una demanda real, sino al interés a corto plazo de los dueños del dinero lavado. Cuando estas industrias ya no les interesan, las abandonan, lo que causa el desplome de estos sectores y un daño inmenso a las economías que mal pueden darse el lujo de tales pérdidas.
f.4) Pérdida de ingresos públicos: El lavado de dinero disminuye los ingresos tributarios gubernamentales y, por tanto, perjudican indirectamente a los contribuyentes honrados. También hace más difícil la recaudación de impuestos.
f.6) Riesgo para la reputación: Los países no pueden darse el lujo de manchar su buen nombre y el de sus instituciones financieras con su relación con el lavado de dinero, especialmente en la economía mundial actual. La confianza en los mercados y la importante función económica que cumplen las utilidades las erosionan el lavado de dinero y los delitos financieros, como el lavado de ganancias ilícitas, el fraude financiero generalizado, la especulación bursátil que saca ventaja de la información interna y los desfalcos. El mal nombre a que dan lugar estas actividades disminuye las oportunidades mundiales lícitas y el crecimiento sostenible, en tanto que atrae a las organizaciones delictivas internacionales con reputaciones indeseables y metas de corto plazo.
El resultado puede ser la disminución del desarrollo y el crecimiento económico. Además, cuando un país adquiere mala reputación financiera es muy difícil borrarla y se requieren recursos gubernamentales considerables para solucionar un problema que pudo evitarse con medidas apropiadas contra el lavado de dinero.
f.7) El costo social: Existen costos y riesgos sociales considerables relacionados con el lavado de dinero. Esta actividad es un proceso vital para que el delito rinda beneficios. Permite a los narcotraficantes, los contrabandistas y otros delincuentes ampliar sus operaciones. Ello eleva el costo del gobierno debido a la necesidad de una mayor actividad de aplicación de la ley y a los gastos de cuidado de salud (por ejemplo, el tratamiento de la adicción a drogas) para combatir las graves consecuencias que ocurren.
Entre sus otros efectos socioeconómicos negativos, el lavado de dinero traslada el poder económico del mercado, el gobierno y los ciudadanos a los delincuentes. Además, la magnitud misma del poder económico que acumulan los que lavan dinero tiene un efecto corruptor sobre todos los elementos de la sociedad. En casos extremos, puede llevar a un apoderamiento virtual del gobierno legítimamente establecido.
- Como se investiga el lavado de dinero:
Jurídicamente, se define el lavado de dinero como todo intento de participar en una transacción monetaria que entrañe bienes derivados de actividades delictivas. Para obtener una sentencia condenatoria, el fiscal debe demostrar que el acusado ha participado en transacciones financieras o de transporte internacional que entrañen fondos derivados de una “actividad ilícita determinada”.
La mayoría de los fiscales consideran el rastro documental un instrumento decisivo en la investigación y el enjuiciamiento de los delitos de lavado de dinero. Recomiendan la utilización de cinco tipos de informes para seguir la pista de las transacciones financieras.
Al final del día, ¿qué sucede en México, que no hay consignados por lavado de dinero, negligencia o complicidad?
Con información de El López Dóriga
