Cada adolescente en conflicto con la ley carga no sólo un expediente judicial, sino otro más profundo y silenciado: un expediente invisible de carencias

Cada adolescente tras las rejas encarna una cadena de omisiones: oportunidades negadas, derechos postergados, indiferencia acumulada. Su presencia en un centro de internamiento no solo evidencia una infracción a la ley, sino el fracaso de los sistemas que debieron protegerle antes.

El Cuaderno 30 del INEGI, “Población adolescente en conflicto con la ley en México”, editado en 2025 como parte de la serie En Números, ofrece una radiografía inquietante. Su crudeza no deja lugar a la indiferencia: seguimos llegando tarde. Tarde a prevenir, tarde a proteger, tarde a acompañar. Cada adolescente en conflicto con la ley carga no solo un expediente judicial, sino otro más profundo y silenciado: un expediente invisible de carencias, exclusión y abandono que rara vez se revisa antes de recluirlos.

Uno de los datos más relevantes lo proporciona el sistema educativo. En 2020, el 18.3% de los adolescentes de 12 a 17 años no asistía a la escuela, pero el desglose por edad revela una realidad alarmante: mientras que solo el 6.7% de quienes tenían 12 años no asistía, entre los de 17 años la cifra saltaba al 32.9 por ciento. Esta caída abrupta no es una estadística más, sino una señal de alarma. Salir de la escuela es perder contención, derechos y futuro.

La escuela tiene como propósito central garantizar el aprendizaje de las y los estudiantes, pero además de ser un espacio de enseñanza, también debería ser un entorno de cuidado, vínculo y prevención. Cuando las y los adolescentes dejan la escuela, no solo interrumpen su aprendizaje, sino que quedan más expuestos al trabajo infantil, la violencia, el reclutamiento por grupos criminales o al abandono institucional. Y aunque no depende únicamente de la permanencia escolar, es urgente atender también los riesgos del entorno digital: una de cada cuatro personas adolescentes usuarias de internet ha sido víctima de ciberacoso, siendo las mujeres quienes enfrentan mayor vulnerabilidad.

Cuando el sistema educativo falla en retener, proteger y acompañar, el sistema penal aparece como única respuesta institucional. El problema no es únicamente que existan adolescentes en conflicto con la ley. Lo grave es que el conflicto suele ser consecuencia de una acumulación de violencias estructurales: pobreza multidimensional -que afecta al 42.9% de esta población-, marginación, discriminación, salud mental desatendida. Y aún dentro del sistema de justicia, persisten las omisiones. En 2017, el 84.1% de los adolescentes internados tenía acceso a educación; para 2022, ese porcentaje cayó a 77.4?por ciento. En lugar de reconstruir, muchos centros de internamiento reproducen la misma exclusión que ya vivían fuera.

No podemos hablar de responsabilidad penal sin hablar de responsabilidad institucional. Un Estado que interviene solo para castigar, pero que es incapaz de garantizar previamente condiciones mínimas de bienestar, educación y protección, está fallando en el cumplimiento de sus funciones esenciales. Para muchas y muchos adolescentes, la intervención más contundente del Estado ocurre cuando ya están en conflicto con la ley, no antes, cuando más lo necesitaban para ejercer sus derechos.

Nuestra legislación establece un modelo garantista para la justicia penal adolescente. Pero ese marco legal debe convertirse en realidad concreta. Para lograrlo, es indispensable fortalecer -no debilitar- al sistema educativo. Garantizar trayectorias escolares completas e invertir en lo que importa: apoyo socioemocional, entornos seguros y oportunidades reales.

Si de verdad creemos que las adolescencias importan, que se note en las escuelas, en las políticas educativas y en las decisiones públicas. La justicia no empieza con una sentencia. Empieza con una puerta abierta en la escuela, con un sistema educativo que cuida y un Estado que no se ausenta.

POR NURIA ALEJANDRA GONZÁLEZ ELIZALDE

Directora general de Mexicanos Primero Sinaloa

@Mexicanos1oSin

@GlezNu

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