El feminicidio de Victoria, cometido por policías en Tulum, sigue sin condena
Victoria Esperanza Salazar Arriaza, migrante refugiada en México originaria de El Salvador, fue detenida y luego sometida hasta la muerte por policías de Tulum, Quintana Roo, el 27 de marzo de 2021. Una policía mujer, de los cuatro que asistieron al reporte por alteración del orden de espacio público, la inmovilizó, tendió en el piso y colocó una rodilla sobre su nuca hasta su último aliento. A un año de ello, uno de los más graves actos violatorios de derechos humanos recientes de la entidad, el proceso penal sigue empantanado por la burocracia en el Poder Judicial, generada por las medidas sanitarias derivadas del COVID, asegura su defensa. José Luis Gutiérrez Román, director general en Asistencia Legal por los Derechos Humanos (AsiLegal), la asociación civil que lleva el caso, detalla que existen dos carpetas de investigación del caso, una por el feminicidio de Victoria y otra por el abuso sexual que presuntamente cometió la entonces pareja de la víctima mortal a su hija menor; ambas sin condenas.
Largas en el proceso
El proceso por el feminicidio de Victoria, detalló Gutiérrez Román, se encuentra en etapa intermedia y sin audiencia puesto que se ha diferido hasta en tres ocasiones. “Lo que se hace al día siguiente es que van los elementos de la Policía municipal a declarar, ahí son detenidos; hay una audiencia de control de la detención, donde se califica de legal su detención y se les imputa, es decir, se les informa de qué se les está acusando, de feminicidio, y por qué. Terminando se les vincula a proceso, se les dicta prisión preventiva oficiosa por dos años como medida cautelar, por el tipo de delito que se trata, y se dan cuatro meses para el cierre de investigación”, explica. En agosto pasado se cerró el proceso de investigación y la defensa solicitó una ampliación de dos meses más para acreditar la teoría del caso. En septiembre inició la etapa intermedia, donde la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo y la defensa hacen sus acusaciones. En principios de octubre se abrió la audiencia intermedia, sin embargo, su celebración se ha aplazado. La primera cita a audiencia se suspendió ante la ausencia de la policía –y su abogado de oficio– que asesinó a Victoria, la segunda porque faltaron algunos abogados de los procesados y una tercera porque no había salas ni jueces disponibles los juzgados orales de Tulum, donde se lleva el proceso. “Y así ha pasado mucho tiempo hasta prácticamente la última que tuvimos el pasado marzo, que también se difirió por días inhábiles, de lo cual, por cierto, no nos notificaron”, prosigue Gutiérrez.
Tanto para la víctima como para los privados de libertad es mucho tiempo. También para ellos (los policías), considerando las condiciones deplorables en que se encuentran las cárceles de Quintana Roo.
En ese periodo, la contraparte apeló la vinculación a proceso y tramitó amparos, sin que hasta ahora se haya resuelto el asunto de fondo. Quizá, aventura Gutiérrez, el juez ha alargado el proceso a fin de evitar la reposición del proceso si el recurso de los elementos de Seguridad rinde frutos. “No se ha podido cerrar este ciclo y para la familia es muy lamentable. Aunque, en mi experiencia, el proceso va en tiempo, sobre todo considerando que son varios los perpetradores, que seguramente quieren hacer tiempo para que se resuelva el amparo que interpusieron”, dice. La otra carpeta de investigación , por abuso sexual cometido por la entonces pareja de Victoria perpetrado contra una de sus hijas, también se ha atorado . “Hay un antecedente, uno de violencia sexual cometido por la pareja de Victoria a la hija menor, lo que implicó que se abriera una carpeta de investigación –el 6 de marzo de 2021–, carpeta que, hasta que no pasó lo de Victoria, el lamentable feminicidio, se judicializó, tan es así que el número de expediente administrativo en el Poder Judicial es más reciente que el del feminicidio”, destaca.
Eso, de ninguna manera le hubiera pasado a una extranjera, a una turista de Europa o de Norteamérica. Feminicidio y recomendación incumplida El 27 de marzo de 2021, cuatro elementos de la Policía de Tulum detuvieron a Victoria tras un reporte de alteración del orden en espacio público. Victoria había ingresado en un Oxxo ubicado en sobre la Carretera 307, en pleno corazón del destino turístico, en estado alcohólico. En medio de un episodio psicótico, Victoria tomó un garrafón de la tienda, fue interpelada por los vendedores y luego salió a la calle. Fue ahí que los elementos le dieron alcance, la sometieron sin que ella hubiera opuesto resistencia. Uno de los peritos que participó en la diligencia, quien solicitó el anonimato, recuerda que se realizó una autopsia y se tomaron rayos X, que revelaron una fractura en las vértebras que sostienen a la cabeza. Ahí, con la presión de la rodilla del cuerpo de seguridad, Victoria murió. Es un caso de uso excesivo de la fuerza, pero al que se suma el racismo y la xenofobia, enfatiza Gutiérrez Román. “Eso, de ninguna manera le hubiera pasado a una extranjera, a una turista de Europa o de Norteamérica”, dice el abogado, al recordar que Victoria provenía de un contexto de violencia previa en su país de origen. Victoria dejó Sonsonete, en El Salvador, junto con sus hijas en 2016; viajó a Tapachula, Chiapas, donde solicitó refugio por razones de género, el cual fue concedido dos meses y medio después por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y con el que el Instituto Nacional de Migración (Inami) le pudo expedir su visa temporal por razones humanitarias. A Tulum llegaron en 2018, a la colonia irregular 2 de octubre, donde vivían en hacinamiento y en las condiciones más precarias. En este ambiente, la entonces pareja de Victoria había abusado de una de sus dos hijas con las que había arribado, razón por la que días antes de morir, el 6 de marzo, Victoria interpuso una denuncia en contra de su pareja, de nacionalidad mexicana. Al regresar, la pareja la increpó y levantó un reporte, por el que fue detenida por primera vez la migrante, por causar desorden público y porque estaba en estado de ebriedad. Es cuando intervino la Procuraduría Defensa de Niñas, Niños y Adolescentes de Quintana Roo, para extraer a la menor abusada y trasladarla a sus instalaciones, donde permaneció hasta después del feminicidio de su madre.
Un día después de la muerte de Victoria, la otra hija huyó y se levantó una Alerta Amber para localizarla, lo que finalmente pasó días después. Lo que siguió fue la repatriación del cuerpo y el retorno de las dos hijas a El Salvador, donde se encontraron con su abuela y su tío. El 24 de agosto de 2021, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), quien atrajo el caso, emitió la recomendación 34/2021 , que incluía la reparación integral por los daños causados y que se otorgara atención médica, psicológica y tanatológica a familiares, así como un curso de capacitación obligatorio en materia de derechos humanos al personal de seguridad. Ésta se encuentra parcialmente cumplida. Actualmente las hijas de Victoria reciben atención psicológica de parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Quintana Roo (Ceaveqroo) y del Instituto Municipal de la Mujer (IMM), a través de herramientas de comunicación digital; en tanto que el punto cuatro de la recomendación no se ha cumplido dado que no hay sanciones administrativas para ninguno de los policías que participaron en el asesinato.
Falta de capacitación y certificación de la Policía La Policía de Tulum ha acumulado quejas en los últimos años. De acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo (Cdhqroo), se registran 50 quejas por violación a los derechos universales desde 2020: 28 en 2020; 16 en 2021 y cinco hasta el 24 de marzo pasado. Las violaciones a derechos humanos de parte de los policías se han dado, pese a que la mayoría de los elementos cuenta con Certificado Único Policial, para el que las personas tienen que aprobar un examen de control de confianza, acreditar el curso de formación inicial, de 53 materias y 580 horas, otro más práctico y una última evaluación de desempeño. De acuerdo con datos oficiales, en 2018 una sola persona tenía Certificado Único Policial en Tulum, sin embargo, para 2021 la cifra escaló hasta los 115 (74.6% del total de elementos). De hecho, tres de los cuatro policías que participaron en el delito contra Victoria –incluida la mujer que sometió a Victoria– estaban certificadas, de acuerdo con Lucio Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo. No obstante, las capacitaciones no se traducen en actuaciones con respeto a los derechos humanos. El problema, según detectó la ONU-Derechos Humanos luego de una revisión a la capacitación y su programa de estudio de la Academia de Policía de Quintana Roo, es el exceso de teoría y el contenido descontextualizado, así como su falta de puesta en práctica. La ONU-DH, luego del caso, brindó asistencia técnica a la Policía de Quintana Roo para mejorar la capacitación.
Por su parte, el Gobierno local, informó el gobernador Carlos Joaquín González, ha creado el “Grupo de Élite Victoria”. Según explicó el viernes pasado el mandatario el pasado viernes ante pregunta expresa, éste se conforma de 80 policías mujeres, divididos en 10 células, quienes han recibido capacitación especializada para atender delitos cometidos contra la mujer, quienes a su vez, formarán a más policías. Fernando Mora, director de Comunicación Social del Gobierno, detalló que la capacitación se dio gracias a un acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública. El caso causó indignación a nivel mundial e, incluso, desencuentros con el gobierno de El Salvador. ONU Mujeres fue una de las organizaciones que condenó “profundamente” el asesinato de Victoria, mientras que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no habría impunidad. Pero aun con los llamados y condenas, el caso de Victoria sigue atorado, y los policías involucrados no han recibido su condena, pese a que se acreditó que cometieron violaciones a los derechos humanos y feminicidio.
Con información de EXP
