el maiz y la diversidad

En la raya.

El T-MEC

La reciente discusión en torno a la renegociación del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) ha dejado sobre la mesa preocupaciones significativas que derivan no solo de los acuerdos comerciales entre estas naciones, sino también de las dinámicas internas que afectan a sectores estratégicos como la producción de maíz en México. A medida que nos acercamos a la finalización de este proceso en octubre-noviembre de 2026 y en un horizonte de 15 años más, la atención se centra en cómo se abordarán cuestiones vitales para la economía mexicana, incluyendo simetrías tecnológicas y financieras, políticas de subsidios, monopolios y legislaciones que podrían afectar la competencia y el comercio.

Un caso emblemático que ilustra la complejidad de esta negociación es el del maíz. México es uno de los principales productores de este grano y, sin embargo, enfrenta desafíos cada vez mayores debido a la apertura comercial y la competencia desleal con Estados Unidos, que es el mayor productor mundial con una capacidad de 425 millones de toneladas. La política del gobierno mexicano, en particular la administración de la 4T, ha sido objeto de críticas por su falta de apoyo al sector agrícola nacional, lo que ha llevado a tensiones entre los productores y las autoridades.

El estado de Sinaloa, por ejemplo, destaca por ser un importante productor de maíz blanco, con una cosecha de 6 millones de toneladas anuales, centrada principalmente en temporadas de invierno y primavera. Por otro lado, regiones del Bajío, como Guanajuato, Jalisco y Michoacán, producen otra mitad significativa del maíz, pero bajo condiciones climáticas diferentes, lo que genera costos de producción desiguales. La necesidad de un soporte más robusto por parte del gobierno es evidente, ya que Sinaloa, por sus características agronómicas, requiere más inversión para mantener su competitividad.

A pesar de esta realidad, el gobierno federal ha abierto las fronteras para permitir la libre importación de maíz estadounidense, sin implementar medidas que protejan la producción nacional. Esta decisión es alarmante, especialmente tomando en cuenta que la producción de maíz en EE.UU. está respaldada por subsidios y precios garantizados que no tienen contrapartida en México. Al permitir que los industriales importen maíz sin restricciones, el gobierno de la 4T parece estar dejando desprotegidos a los productores nacionales, quienes enfrentan precios poco rentables que amenazan su supervivencia.

La situación se complica aún más por la presencia de intereses empresariales dentro del gobierno. Altagracia Gómez Sierra, dueña del Grupo Minsa, del mayor productor de harina de maíz del país, ocupa un puesto clave en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. Esto plantea inquietudes respecto a si las políticas que emanan de la administración están diseñadas para favorecer a los agricultores o, por el contrario, priorizan a los grandes industriales. La falta de intervención gubernamental que favorezca a los campesinos sugiere un sesgo que perjudica a la agricultura nacional.

El resultado de estos factores es un entorno en el que los productores de maíz se sienten acorralados, con precios que no reflejan sus costos de producción y un mercado inundado de productos importados. Las quejas y protestas de los agricultores son una manifestación de la desesperación por una política que parece ignorar sus necesidades. Es imperativo que el gobierno reevalúe su postura en este contexto, pues la satisfacción de las demandas de los productores es esencial no solo para su subsistencia, sino también para la soberanía alimentaria del país.

En conclusión, mientras se avanza en la negociación del T-MEC, es vital que el gobierno mexicano tome en cuenta las particularidades de su producción agrícola, especialmente en el caso del maíz. La falta de apoyo a los productores, sumada a decisiones que favorecen a la importación sin control, podría llevar a un deterioro irreversible en este sector clave. La construcción de un marco regulatorio que proteja a la producción nacional y la implementación de políticas que fortalezcan la competitividad local son pasos necesarios para asegurar un futuro sostenible para los agricultores mexicanos.