El periodismo, entre la inseguridad, la impunidad y el acoso de las réplicas

FRANCISCO CHIQUETE

El periodismo vive una etapa de transformación que no se ha resuelto ni ha tomado un rumbo definitivo: la transformación tecnológica se impuso a generaciones formadas en el modelo anterior, muchas veces reticentes al cambio; y encima de eso, hay un agotamiento en el modelo de negocios que impacta los niveles de empleo y la viabilidad de proyectos periodísticos.
Ejercer el periodismo es cada vez más complicado, por q buenas y malas. Las malas son por supuesto, la disminución de oportunidades, la mayor concentración económica y las influencias de los grupos poderosos, en las líneas editoriales.
Desde principios de esta nueva era digital, muchos periodistas vieron la oportunidad de crear su propio medio, metiéndole talento, imaginación y esfuerzo, pero poco a poco se han cerrado opciones para financiar las publicaciones. La publicidad comercial, por ejemplo, es manejada por grandes empresas de nivel mundial con las que no puedes ir a negociar ni razonar los impactos de tus notas o el mercado al que llegas. Como el big brother, de arriba deciden reglas, acciones y en qué espacios insertan sus anuncios, fijándose como es lógico en las audiencias efectivas. ¿Y quién puede tener tanta audiencia efectiva como para monetizar a través de las grandes plataformas? Las grandes empresas que tienen mucho dinero para invertir en los mejores servidores, en la mejor promoción y de paso para irse de compras a las granjas de boots.
Hay excepciones por supuesto, aunque las más exitosas son de youtubers ajenos al manejo informativo profesional, pero lo normal es que los esquemas independientes sobrevivan apenas, pues siendo el periodismo de investigación el que más atrae el público, es también el más caro, pues un reportero o un equipo de reporteros debe dedicar semanas y hasta meses a un solo asunto, en lugar de cubrir la cuota de cuatro o cinco notas diarias de la rutina tradicional.
No todo es negativo en este cambio. Junto con él han llegado los derechos de tercera generación que nos permiten tener formalmente acceso a la información pública y luchar a través de esa vía con funcionarios que por su interés deciden encriptar gastos, inversiones, proyectos y trámites por cumplir, para que sólo se conozcan después que termine su encargo.
Uno de los casos más notorios es el de la solicitud de información acerca de la compra de vacunas contra el Covid 19. El gobierno la declaró reservada y encima la Suprema Corte de Justicia de la Nación apoyó tal declaratoria “por razones de seguridad nacional”. ¿En qué afecta a la seguridad de la nación que sepamos cuánto se gastó en ese programa, a quienes y a través de quiénes se compraron las vacunas? Era tan absurda la situación, que el propio presidente López Obrador anunció que “por voluntad propia” daría a conocer la información requerida.
Hoy son otros tiempos. Antes, el gobierno aseguraba que respetaba irrestrictamente la libertad de expresión, pero tenía a sus policías políticas persiguiendo a los periodistas y dando seguimiento a los políticos de oposición. Y no sólo eso: formalmente existía una oficina de censura en la Secretaría de Gobernación, donde un señor llamado Hirám García Borja tuvo largamente la chamba de escoger personalmente qué escenas podía ver el público en las pantallas cinematográficas, qué expresiones se podían oír en la radio, y qué tan subidas eran las acciones de cama que podían aparecer en la televisión. Al Loco Valdez lo multaron por referirse a nuestro héroe como “Bomberito Juárez” (imagínense qué castigo le tocaría en esta época).
La presión social hizo que eso fuera desapareciendo, porque la sociedad también exigió la apertura. Nos hemos ido de paso con el mal gusto imperante, pero aún eso es preferible que la asfixia anterior. Las redes sociales, benditas cuando convienen, neoliberales cuando no, generan un panorama distinto.
Si los periodistas nos preocupábamos por tener la información al día, hoy se tiene que conseguir al momento. Es la consigna, no sólo por la competencia profesional, sino por la que generan miles de usuarios que con celular en mano captan los momentos más impactantes, pero los divulgan sin rigor, bajo el influjo de sus criterios y pasiones personales, que con frecuencia terminan por deformar los acontecimientos. Gracias a ellos por supuesto, nos hemos enterado de cada cosa…
Ya terminaron las oficinas de censura, pero aunque oficialmente también desapareció el espionaje, seguimos oyendo audios de personas cuyas charlas privadas son ahora comidilla de todos, y no por impresentables que sean sujetos como el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, dejan de ser actos indebidos y ejemplos de lo que seguramente ocurre con los periodistas críticos.
Están por supuesto, el riesgo de la supresión física, las amenazas a la integridad y las presiones, que no se pueden ignorar como caldo de cultivo de resultados lamentables.
LA LEY Y LA
IMPUNIDAD
Recientemente el Congreso del Estado creó la ley de protección y apoyo a periodistas y defensores de los derechos humanos. Enhorabuena. Lo que acontece en el país obliga a disponer de instrumentos legales que enfrenten los asesinatos y den viabilidad a un ejercicio profesional sin presiones ni violencias.
La Ley como está, es una magnífica carta de buenas intenciones que de aplicarse íntegra, convierte este tiempo nebuloso en un periodo de mayor luminosidad. Reconozco el trabajo de los diputados, pero sobre todo el de periodistas como Alejandro Sicairos y de la asociación Siete de Junio, y el de grupos promotores de los derechos humanos que hicieron aportaciones importantes, incluso debe reconocerse la actitud contestataria y divergente de Juan Manuel Partida y la Asociación de Periodistas de Sinaloa, porque sin contraste no hay manera de conocer las verdaderas dimensiones de un asunto.
Faltan por supuesto la reglamentación de la ley y la concreción de proyectos como el Instituto y todo lo que está en derredor. Ello significa un hueco importante, aunque sé que no se han cumplido los tiempos.
Es de entrada una manifestación de voluntad que merece respeto para todos los protagonistas.
Ahora bien: independientemente de la carnita con que se dote este esqueleto, es necesario reflexionar sobre elementos que no pueden ser solucionados solamente con esta legislación.
La impunidad, lo sabemos todos, es el caldo de cultivo en que se reproducen las agresiones y los crímenes. No basta que el gobierno sea ajeno a un asesinato. También es necesario que reaccione con celeridad porque cada día, cada semana, mes o año que tarden las cosas en resolverse, se constituyen en mensajes de aliento para los que piensan que pueden también cobrarse una vida para vengar supuestos o reales agravios, sin pagar las consecuencias legales.
En 2011, Luis Enrique Ramírez se declaró perseguido por los asesinos que cortaron la vida de Humberto Millán Salazar y de otros personajes con quienes ambos habían hecho equipo. Se fue a la Ciudad de México de donde pudo regresar y reinsertarse a la actividad periodística.
Cuando lo asesinaron, hace un mes, todos pensamos en aquellas amenazas que él había sentido, y pensamos en la lógica de que aquellos asesinatos y por supuesto los asesinos, seguían impunes, ya sin presiones y sin prisas.
Hoy nos dicen que no fue su actividad periodística lo que motivó la deleznable acción, y entra en la esfera de posibilidades, pero nos surge siempre la duda porque de los doce asesinatos contra periodistas que van en el año a lo largo de la República, sólo un caso ha sido reconocido como resultado del ejercicio periodístico. En los demás las autoridades siempre han dicho que no saben quién fue ni por qué fue, pero que no fue por su profesión y al final siguen impunes o parcialmente impunes.
Y esa parcialidad afecta a casos muy antiguos y a más recientes, como el de nuestro amigo Javier Valdez.
Esperemos que con la nueva legislación y estructura de apoyo las cosas mejoren, pero sobre todo que haya capacidad para prevenir, no sólo para castigar después que todo haya ocurrido.
El propio Luis Enrique denunció en su momento y ahí quedó todo; Lourdes Maldonado, de Tijuana, hizo su denuncia de amenazas en la mismísima Mañanera y terminó asesinada, lo mismo que otro compañero de Veracruz y uno más de Oaxaca.
No podemos limitarnos a contar los muertos, como se hizo en la pandemia. Necesitamos acciones preventivas efectivas. Sé que no es fácil, pero es más difícil enfrentar las consecuencias de esa carencia.
PONERSE A LAS
PATADAS CON SANSÓN
Los organismos internacionales y nacionales de derechos humanos, y el propio gobierno, han reconocido que varios de los asesinatos a periodistas provienen de elementos del estado mexicano, aunque los ubican en niveles bajos, como gobiernos municipales o corporaciones policíacas locales.
Es un alivio, después que la policía política del país mató al gran columnista que fue don Manuel Buendía, pero la amenaza sigue en las áreas más modestas.
Hay sin embargo una conclusión que de alguna manera hemos compartido muchos: Estamos en un gobierno al que hasta hoy no se le señalan esos propósitos homicidas. Ni al presidente ni al gobernador.
Pero estamos también en un tiempo en que el gobierno ha decidido ejercer de manera permanente y beligerante lo que considera su derecho de réplica, desatando un ambiente de extrema dificultad para el periodismo.
Las acusaciones generalizadas de chayoteros, lacayos de los conservadores, servidores de la mafia del poder, aprovechados y otras lindezas, generan un ambiente de linchamiento que va más allá de las razones que el funcionario pudiera tener.
No es que el periodista tenga la piel muy sensible. Si critica puede ser sujeto de la crítica, siempre y cuando sea razonada y veraz. El problema es que los gobernantes se ponen al tú por tú con ciudadanos comunes y corrientes, pese a la desproporción de las fuerzas.
Es cierto que el dicho de un periodista, sobre todo si es afamado, puede afectar una imagen pública, a veces injustamente, pero el dicho de un gobernador, un Presidente de la República y a veces hasta de un alcalde, puede motivar cosas mucho más graves, aunque no sea la intención.
Hasta ahora, nadie creería una nota en que Rubén Rocha Moya amenaza a una persona, pero ante una expresión arrebatada, un seguidor fanatizado, de los que hay muchos en todos los niveles del país, puede razonar equivocadamente.
Raymundo Rivapalacio publicó recientemente la anécdota de que el presidente Adolfo López Mateos fue a visitar un estado y el gobernador anfitrión lo recibió con un periódico. La principal era una nota durísima contra el mandatario nacional, quien reaccionó con enojo: Pero cómo permiten que este hombre haga estas cosas”. El periodista amaneció muerto al día siguiente.
Se trata sólo de una versión imposible de confirmar, como es también la siguiente: Una mañana López Mateos recibió en Los Pinos la noticia de que el general Rubén Jaramillo, héroe revolucionario disidente, encabezaba un movimiento de invasiones agrarias y declaraba fuertemente contra el presidente.
¡Cómo chinga todavía este viejo, ya tan viejo! ¿porqué no se muere de una vez? Jaramillo fue asesinado en su casa, junto con su familia. Según el corrido popular, los asesinos “eran soldados de línea vestidos de campesinos”. La verdad es que fue todo un operativo del gobierno para asesinarlo, pero la investigación determinó que Jaramillo no había muerto por su actividad política, sino por problemas familiares. Como que suena conocido.
No se trata de que las diatribas queden impunes. Se trata de generar un ambiente de serenidad que no aliente linchamientos, en todo caso ahí están las leyes que el gobierno debe cumplir y hacer cumplir.
No son tiempos sencillos, pero el periodismo y la sociedad tienen fuerza para salir adelante.