“El Químico” Benítez fabrica demandas contra su ex pareja Gabriela Peña Chico
Guillermo -El Químico- Benítez Torres violó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre sin Violencia al despedir de forma denigrante a la presidenta del DIF municipal bajo el argumento de que terminó con ella su “relación de pareja”. El presidente municipal fabrica demandas contra Gabriela Peña Chico por peculado y ejercicio indebido de funciones para evitar que revele los “secretos” del ayuntamiento de Mazatlán.
Peña Chico vivió y convivió y compartió el poder con el alcalde durante tres años. La relación se rompió después de la reelección de Benítez Torres, quien tomó la determinación de exhibirse, en actos públicos y privados, con otras mujeres, como si se tratara de un adolescente enamorado. La ex presidenta del DIF, quien sabe demasiado del presidente municipal, se enojó, pero no dejó el cargo.
Sin embargo, el alcalde decidió “sacudirse” de manera infame a Peña Chico, quien lo ayudó a mantener, por tres años, la imagen de un hombre respetable, casado o con pareja, pese a las versiones y denuncias en el sentido de que le gusta “agredir” a las mujeres. En la élite de Mazatlán y en los actos públicos y políticos Gabriela era presentada como la señora o la cónyuge del Benítez Torres
La esposa legitima del presidente municipal es Catalina Ocaranza, quien, desde muchos años atrás, lo mantiene alejado del domicilio conyugal. La celebración, en plena pandemia, del Carnaval de Mazatlán 2022, sirvió de coyuntura para saber que el alcalde llevaba a cabo una etapa de “reconciliación” con sus hijos, más no con su cónyuge. Yazid Y. Benítez Ocaranza, uno de sus “retoños”, es el poder atrás y enfrente del Instituto Municipal de la Cultura, Turismo y Arte.
A finales del año pasado, en los círculos políticos y sociales ponderó la versión de que el alcalde había agredido a Gabriela Peña Chico, trascendido que no fue confirmado. El relato social cobró fuerza por el distanciamiento de la pareja. Benítez Torres ya no la acompañaba a los eventos y le canceló el apoyo oficial para la difusión de los programas del DIF.
El viernes pasado, faltándole al respeto y a la dignidad de su persona, el alcalde lanzó de la presidencia del DIF a Gabriela Peña. El sábado el edil justificó el cese con un lacónico comunicado que rezaba que “a más de un año de haber finalizado la relación de pareja, Gabriela Peña Chico, deja el cargo honorífico al frente del DIF Mazatlán.”
Guillermo -El Químico- Benítez trasgredió la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre sin Violencia e incurrió en violencia de género al publicitar que despidió a Peña Chico por haber finalizado su relación de pareja, dañándola moral y psicológicamente, al dar a entender que la nombró solamente por ser su “pareja” no por sus méritos profesionales ni por su trabajo en las campañas políticas.
El munícipe ejerció sobre Gabriela Peña Chico violencia psicológica, laboral y familiar (por su relación de concubinato), devaluándola ante la opinión pública, negándole el ejercicio pleno de sus derechos humanos. También ejerció violencia hacia su ex-pareja al desecharla como si se tratara de una “cosa”, sin ningún valor humano y sin ningún derecho social, político ni laboral.
Pero la agresión no para ahí. En las catacumbas del ayuntamiento de Mazatlán “El Químico” Benítez fabrica cuando menos dos demandas de carácter administrativo y penal contra Gabriela Peña Chico para asustarla y mantenerla callada. El propósito del presidente es lincharla públicamente para restarle credibilidad a cualquier denuncia que la ex directora del DIF pueda interponer.
El alcalde ubicó a Gabriela Peña como un “riesgo para su proyecto” porque su hermana, la regidora morenista Claudia Peña, denunció durante la junta del Consejo del Instituto de Cultura de Mazatlán, que la elaboración de carros alegóricos y monigotes del Carnaval 2022, superó en 45 por ciento el gasto presupuestado.
La regidora también puso en duda la transparencia y la legalidad de operación de compra de Guillermo Benítez Torres de 2 mil 139 luminarias a 400.8 millones de pesos, caso que obra ya en la Auditoría Superior del Estado.
Con información de Alvaro Aragon Ayala
