En 11 años el sur de Sinaloa suma 33 mil desplazados por la violencia

José Carlos González Alarcón, representante de la asociación Mexican Human Rights para un Mejor Vivir AC, advierte que la mayoría de los desplazados no está en el registro oficial; acusa omisiones del Estado en la aplicación de la Ley General de Víctimas.

Efrén Palacios

De 2014 a junio de 2025 más de 33 mil personas han sido desplazadas de comunidades serranas del sur de Sinaloa por la violencia, de acuerdo con datos de la asociación Mexican Human Rights para un Mejor Vivir.

Su representante, José Carlos González Alarcón, detalló que el año más crítico fue 2017, cuando cientos de familias abandonaron sus hogares por esta causa.

“El más fuerte es 2017, ese es el detonante, el 2017. El 17 hubo uno muy grande, es decir, de dos pueblos que abarcaba La Petaca, El Coco, toda esa zona de El Palmito, fue un desplazamiento gigante”, destaca.

Ese año, unas 500 familias salieron de sus comunidades, lo que según la organización marcó el inicio de un desplazamiento constante, y muchas de estas personas se encuentran hoy en Mazatlán.

Exclusión en registros oficiales

González Alarcón explica que el Estado solo reconoce alrededor de 9 mil personas desplazadas, aquellas que han solicitado una vivienda.

Esto, asegura, excluye a miles que no cuentan con documentación, pero que tienen derecho a ser reconocidos por la Ley General de Víctimas.

“El Estado ha estado registrando a los que quieren vivienda, desplazados que quieren vivienda. Pero en la Ley para Desplazados debe haber niños, tías, abuelas. Tenemos hasta niños sin padres, para que te des una idea”, dice.

La asociación desarrolló una aplicación digital llamada “MexUnión”, donde concentra los registros de personas desplazadas con base en evidencia directa.

“MexUnión es la única palabra que pudimos conseguir para registrarla”, explica el representante de la organización.

Aunque la plataforma no es de acceso libre por cuestiones de confidencialidad, asegura que mediante ésta se lleva el conteo.

Agrega que la base de datos contiene documentos firmados por autoridades comunitarias, fotografías, credenciales y datos de salud.

“Nosotros checamos hasta cuando pasa el desplazamiento, subimos a las zonas y vemos sus casas, le tomamos fotografías, pedimos un documento del comisario y pedimos que los vecinos firmen. Y todos los metemos a una aplicación”, precisa.

Más de 600 niños en el sur

Uno de los datos más alarmantes registrados por la asociación es el número de menores de edad que han sido desplazados, donde según el conteo interno hay más de 600 niños en el sur del estado.

“Niños tenemos muchísimos, 602 niños desplazados, para que te des una idea de la cantidad de niños solo en el sur”, refiere.

González señala que muchos de estos menores no han podido acceder a servicios de salud, educación, vivienda, a pesar de que la ley establece esos derechos sin necesidad de documentación.

“La ley dice que aún sin documentos, porque a la mayoría les dicen, tres minutos, sálganse, ¿sí? Y sin nada, no traen documentos, aún sin documentos se les debe contemplar”.

La burocracia no ayuda

La organización critica la manera en que las autoridades han tratado el tema, utilizando formatos que, según González, no cumplen con la normatividad vigente ni reflejan la realidad del fenómeno.

“La Acnur de la ONU les dijo que podían registrarlo bajo una metodología, bajo un formato, más bien. Pero el formato no era el indicado, ellos mismos lo decían, lo establecían en su hoja, la secretaria de SEBIDES lo anuncia como si fuera el formato único. Eso es violatorio”, expresa.

“Tenemos personas que se suicidan, personas que traen algo adentro muy fuerte, personas que perdieron todo. Y no están siendo atendidas integralmente por los formatitos de rellenado que están”.

¿Y la salud?

La asociación cuenta con una base de datos en la que registran detalles de salud y necesidades específicas de cada persona desplazada. La información es manejada de manera confidencial mediante una aplicación digital desarrollada por un grupo pro bono.

“El programador crea un sistema, el sistema te lo podemos mostrar, donde viene toda la documentación de cada uno. Viene hasta qué medicamento toma el niño, ¿sí?, o el adulto mayor, no tienen 9 mil, tan solo en el sur son 33 mil. Y todavía nos falta de contar, porque siguen los desplazamientos. Hay pueblos arriba ahorita tomados, no tardan en bajar, siguen en aumento”.

Según González Alarcón, el registro busca que las personas sean reconocidas por la Secretaría de Gobernación a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, responsable del registro oficial en la Ley General de Víctimas.

“Solicitábamos la fortaleza en la comunicación con la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, porque es la que lleva el registro”.

El representante de la asociación señala que el desplazamiento en Sinaloa es un fenómeno vigente, con comunidades aún tomadas por grupos armados y sin acciones efectivas del gobierno para prevenir nuevos éxodos ni atender a los ya desplazados.

“Realmente, el desplazamiento sigue en aumento”.

Concordia y Rosario

Desde 2017 Concordia y Rosario han sido los principales expulsores de población por violencia, sin que la situación se haya detenido en los años siguientes. La asociación obtiene datos a partir del contacto directo con las víctimas, documentando sus testimonios y las condiciones de su expulsión.

“Concordia y Rosario no han descansado desde el 2017 y siguen sin descansar”, explica.

Asegura que no se enfocan en el conflicto armado como tal, sino en documentar el despojo: “Nosotros nos encargamos del desplazado, no tanto del tema de la guerra que hay arriba, pero nosotros tratamos de recoger al desplazado para defender sus derechos”, sostiene.

El proceso implica constatar directamente los daños de las personas afectadas.

“Vamos en un momento para constatar, la casa, tenemos fotografías de las casas, de todo, porque en la Ley General de Víctimas, algo que no ve el gobierno es la reparación del daño. No es una casa tipo Infonavit, es todo lo que tenía en su entorno de calidad de vida”, destaca.

Critica la falta de comprensión institucional de parte del gobierno.

“Nos molesta en ocasiones que algunos funcionarios, algunos, no lean, no comprendan que la reparación del daño es todo… hay personas que tenían 10 hectáreas de aguacate, los aserraderos, el ganado, el daño no es una casita Infonavit o peor, esas casitas ya viste las que hicieron ahí en el SEBIDES, que ni de Infonavit son”, declara.

Entre las comunidades más afectadas se encuentran El Palmito, La Petaca, Potrerillos y varias rancherías menores en la sierra, según los registros de la asociación. La violencia ligada a la explotación forestal y minera ha sido un factor constante en esas zonas.

“Te comento, El Palmito, lo que viene siendo La Petaca, hay unos pueblitos chiquitos ahí, Potrerillos, es muy repetitivo, porque están las minas, están los aserraderos, lo que es la madera”, explica.

Las personas desplazadas llegan a Rosario, El Chilillo, Caimanero y otras zonas de difícil acceso, algunas terminan en asentamientos irregulares en Mazatlán.

“Los de Rosario comúnmente bajan a lo que es El Chilillo, bajan a esconderse en toda la zona desde, El Caimanero hasta la zona de Tablones, yo asisto a veces a esos lugares”, comenta.

Con información de El Sol de Sinaloa