En 22 años, Sinaloa acumuló más de 250 mil solicitudes de acceso a la información; ahora, Morena eliminó estos mecanismos
Desde la entrada en vigor de la primera Ley de Acceso a la Información en 2002, en Sinaloa se han presentado más de 250 mil solicitudes de información pública y de datos personales, de acuerdo con cifras históricas difundidas por la CEAIP, en medio del proceso legislativo que avaló su desaparición.
En más de dos décadas, en Sinaloa se han registrado más de 250 mil solicitudes de información y datos personales, de acuerdo con cifras históricas de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública (CEAIP).
La información fue difundida por el propio organismo a través de un comunicado en un contexto marcado por la aprobación en el Congreso del Estado de la desaparición de la CEAIP, como parte de una reforma impulsada por el gobernador Rubén Rocha Moya y respaldada por diputados de Morena y sus aliados.
De acuerdo con el boletín, el ejercicio formal del derecho de acceso a la información en la entidad se remonta a 2002, cuando entró en vigor la primera Ley de Acceso a la Información Pública el 27 de abril de ese año. Posteriormente, el Pleno de la Comisión sesionó por primera vez el 24 de agosto del mismo año.
Sin embargo, el propio marco legal establecía que el derecho podría ejercerse hasta un año después.
Por ello, fue en 2003 cuando se registraron las primeras solicitudes formales, sumando mil 652 peticiones, en un periodo en el que aún no existían plataformas electrónicas y los trámites se realizaban de manera presencial. Esto limitaba el alcance del derecho y el número de solicitudes presentadas, según dice el propio comunicado de la comisión.
Un cambio relevante ocurrió en 2009, con la puesta en marcha de la plataforma INFOMEX. Según la Ceaip, el 15 de julio de ese año se lanzó este sistema que transformó la forma de solicitar información, al eliminar la necesidad de acudir físicamente a las oficinas y permitir el anonimato de las personas solicitantes.
Con la implementación de INFOMEX, el número de solicitudes registró un crecimiento significativo. De acuerdo con los datos difundidos, en 2008 se habían presentado poco más de 2 mil solicitudes, mientras que en 2009 la cifra se incrementó a más de 6 mil, lo que representó un aumento de casi el triple en un solo año.
La evolución del sistema de transparencia tuvo otro punto clave en 2015, con la emisión de la Ley General de Transparencia, la cual fue homologada en Sinaloa el 4 de mayo de 2016.
Esta reforma dio paso a la creación de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), que inició operaciones en la entidad en mayo de ese mismo año.
Según el boletín, la PNT se convirtió en el mecanismo para homologar la transparencia en el país y para que los sujetos obligados hicieran pública información mínima de oficio, como sueldos, personal contratado, gastos en compras y obra pública, entre otros rubros. Para ese momento, el número de solicitudes anuales en Sinaloa ya superaba las 13 mil.
La CEAIP detalló que la diferencia entre las solicitudes presentadas en línea y las realizadas de manera física era de apenas 3 mil, con una mayoría tramitada a través de medios electrónicos.
El organismo destacó que entre las funciones de la Plataforma Nacional de Transparencia se encuentran la presentación de solicitudes de acceso a la información y de datos personales, la interposición de recursos de revisión, la consulta de obligaciones de transparencia y la presentación de denuncias por incumplimiento de estas obligaciones.
El balance histórico difundido por la Ceaip se da luego de que el Congreso del Estado aprobara la eliminación del órgano garante en Sinaloa, una decisión que modifica la estructura institucional encargada de tutelar el derecho de acceso a la información pública en la entidad, vigente desde hace más de 22 años.
El fin del INAI y la desaparición de los órganos autónomos de transparencia
El 28 de noviembre de 2024, el Senado aprobó una reforma constitucional que desaparecía siete organismos autónomos, entre ellos el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Con la reforma constitucional y la expedición de sus respectivas leyes secundarias impulsadas por Morena, el INAI dejó de operar, y sus funciones pasaron a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, una dependencia federal bajo el mando de la presidenta Claudia Sheinbaum. Esta secretaría creó el organismo Transparencia para el Pueblo, que es el actual encargado de vigilar que se cumpla con las obligaciones de transparencia y acceso a la información de las secretarías de Estado, y los órganos descentralizados y desconcentrados del Poder Ejecutivo, como la Comisión Nacional del Agua o el DIF.
Tras la reforma constitucional, los estados comenzaron a armonizar sus leyes locales con las federales. Hasta el 25 de julio, 23 estados habían eliminado sus institutos de transparencia locales y trasladaron sus funciones a órganos dependientes de las contralorías estatales; además, aumentaron las causales para reservar información.
Especialistas han señalado que, al ya no contar con un órgano autónomo, el gobierno será juez y parte para decidir qué información debe entregarse y cuál no. En agosto, a menos de tres meses de haber iniciado funciones, Transparencia para el Pueblo había desechado el 99.6 % de los recursos de revisión, lo que implica un retroceso para el acceso a la información, según advirtió Artículo 19.
De los 2 mil 253 recursos recibidos por el nuevo órgano, solo 457 han sido reportados como resueltos, pero casi la totalidad, 455, resultaron desechados.
Con información de Animal Politíco
