En cuarto año de AMLO, más poder político para él y para el Ejército
Mayor concentración de poder electoral y político para el presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido Morena, además de incremento en la militarización de actividades de gobierno con impacto adverso para la democracia son algunos de los 10 riesgos políticos identificados por la consultora Integralia para 2022. Por cuarto año consecutivo, la empresa consultora analizó los posibles riesgos para el nuevo año basada en un modelo que analiza las acciones, decisiones u omisiones del gobierno y su impacto, para concluir que sí, es previsible el incremento en la incertidumbre jurídica, el deterioro económico y la inseguridad.
El reporte establece como primer riesgo el de polarización y movilización, atizada por el presidente sobre tres temas de su agenda: el proceso de revocación de mandato, la reforma eléctrica y una posible reforma político-electoral. Eso le permitirá al Ejecutivo –considera– polarizar la discusión, clave de su éxito político pues le permite movilizar a sus bases, impulsar su narrativa, debilitar a opositores y culpar a otros de errores o fracasos. La consultora que dirige el politólogo Luis Carlos Ugalde ubica 7 de 10 riesgos como de “muy alta probabilidad”, pues casi son continuidad de lo ocurrido en 2021. Así, como segundo riesgo prevé que se intensificará el “asedio” presidencial y de Morena al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y con ello se concentrará más el poder de López Obrador pero crecerá la incertidumbre jurídica relacionada al sistema electoral. Los momentos clave que harán posible ese discurso de confrontación serán la pelea para que el INE se recorte presupuesto, porque realice más promoción de la revocación de mandato y una vez que esta se realice, para responsabilizarlo por la previsible baja participación ciudadana el 10 de abril, esto en parte porque deberán instalarse menos casillas. Eso derivará en “una coyuntura propicia para impulsar la reforma político-electoral”.
El tercer riesgo identificado por la consultora se refiere a la intervención “activa” del crimen en las elecciones de 2022, sobre todo porque a este le interesa controlar al menos tres de seis estados en elección: Tamaulipas y Durango por ser parte de las rutas de trasiego de drogas hacia Estados Unidos y Quintana Roo por ser plaza relevante de narcomenudeo y la extorsión. En aras de ese control, es previsible que aumente la violencia contra candidatos y dirigentes políticos El cuarto riesgo señalado es el inminente aumento en el riesgo de concentración de poder por el triunfo de Morena en cinco de seis gubernaturas en disputa en 2022, pues en Aguascalientes el PAN y sus aliados podrían triunfar porque gobierna ese partido y porque Morena no contenderá en alianza. En Oaxaca y Quintana Roo es previsible el triunfo de Morena, pues no habrá coalición opositora y el PRI contenderá solo. En Durango se dará la disputa más cerrada; en Hidalgo la oposición si se unificó en la alianza Va por Hidalgo integrada por PAN, PRI y PRD, al igual que en Tamaulipas, pero en las dos se pronostican victorias de Morena. Eso “aumentaría la concentración de poder y el dominio territorial de la coalición oficialista”, pues Morena gobernaría entre 20 y 21 entidades federativas a partir de 2022, consolidará su dominio territorial y eso reducirá los contrapesos al Ejecutivo federal.
Posible una reforma eléctrica En un quinto apartado la firma anticipa una amplia discusión de la reforma eléctrica que posicione al presidente, pues se utilizará como “herramienta propagandística para movilizar a sus bases” y elemento para “ataques reputacionales” a empresas privadas del sector, al grado incluso de lograr su aprobación en el Congreso, aunque por ahora esto tiene probabilidad baja. En un escenario así y de posicionarse el apoyo social a la reforma energética “muchos diputados de oposición (sobre todo del PRI) podrían votar a favor” lo que a su vez acentuará la incertidumbre jurídica y la desconfianza en la inversión en el sector energético y los negocios en general. Si a eso se añade la indefinición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre las controversias y acciones de inconstitucionalidad promovidas en contra de las reformas a las leyes secundarias en materia energética, esto “abonará al clima de incertidumbre jurídica en el sector energético”. El riesgo político número 6 se refiere a un aumento en la inseguridad pública pues no se aprecia una estrategia de seguridad federal integral, la casi única decisión de que sean las Fuerzas Armadas las responsables de operativos de seguridad, y la ausencia de tareas para profesionalizar a los cuerpos policiales estatales y municipales. “En los primeros tres años de gobierno del presidente López Obrador, se registraron 102,830 víctimas de homicidio doloso en México… en 2021 la tasa de víctimas de homicidio doloso aumentó en once entidades” y el robo tuvo disminución consistente los dos años previos, pero quizá por el confinamiento derivado de la pandemia por COVID. En cambio “hay señales de repunte en algunas categorías, incluyendo robo a casa habitación, robo de vehículos y robo a negocio”.
El séptimo riesgo consiste en el alza de facultades, responsabilidades y presupuesto asignados a las Fuerzas Armadas No sólo se trata de un aumento de responsabilidades para las Fuerzas Armadas, sino que al darse sin contrapesos, sin mecanismos de rendición de cuentas e incluso sin base legal puede dar pie a corrupción e incluso a riesgos para la democracia. “La lealtad del Ejército al gobierno en turno y su sometimiento al poder civil se basa más en arreglos políticos y factores históricos que en disposiciones legales e institucionales. Esto representa un grave riesgo para la democracia mexicana”. La consultora alertó que pudiera alentarse la ineficacia gubernamental pues hay áreas a los que los militares fueron asignados sin tener capacidad o conocimientos técnicos; se les han dado tareas en exceso, se ha desplazado a funcionarios civiles capaces y se ha cerrado el paso a nuevos cuadros, lo que da pie al abandono de tareas pues las Fuerzas Armadas ya están dedicadas a ellas, por ejemplo, en seguridad. Los últimos tres riesgos expuestos en el estudio tienen probabilidad media, pues al menos dos, en materia económica, están aún en veremos. Uno es la posibilidad de finanzas públicas frágiles pues aumentará el costo de las megaobras, la presión por más recursos para programas sociales y, en contraste, ingresos menores a los estimados. El otro, que la “inexperiencia” de la nueva titular del Banco de México Victoria Rodríguez Ceja, lo que “pone en duda la capacidad de respuesta de la institución”. Por último la forma señala que es probable la cooptación de integrantes de la SCJN y un aumento de la presión “y los ataques reputacionales sobre el Poder Judicial de la Federación”. Esto es así porque está en juego la resolución de 18 Acciones de Inconstitucionalidad y 12 Controversias Constitucionales a leyes y reformas del interés del presidente. Eso ocurrirá en un contexto en el que 5 de los ministros han sido designados a propuesta de López Obrador por lo que “se verán orillados a demostrar si realmente son independientes del Ejecutivo o no” de modo que “las sentencias hablarán por sí mismas”. De acuerdo a lo que se resuelva “aumentará el riesgo de incertidumbre jurídica y de concentración de poder, lo que podría tener un impacto negativo sobre el entorno de negocios” Empero, si continúan los reveses a las decisiones del Ejecutivo y la mayoría del Legislativo habrá más “ataques reputacionales a ministros, magistrados y jueces de amparo”. Otras coyunturas en la mira de la consultora se refieren a la gestión de la pandemia, las elecciones intermedias en Estados Unidos, el uso faccioso de instituciones de procuración de justicia, aumento de la corrupción, activismo sindical y disputas laborales, además de que “no pueden descartarse nuevas sorpresas legislativas” con propuestas estruendosas.
Con información de EXP
