En la gira presidencial no hubo inseguridad ni sequía; Diez meses del asesinato de Cuén; gobierno que no cae en la provocación

El propio personal de la Presidencia de la República generó una larga serie de especulaciones cuyo centro era que no querían traer a la presidenta a Sinaloa, sobre todo después de la balacera en el penal de Culiacán. Al final la visita se hizo y se hizo en Mazatlán, en un ambiente absolutamente relajado.

Se trató de una gira temática, en la que el asunto a tratar ya venía preestablecido, una causa absolutamente noble, como es el programa de la atención domiciliaria a la salud de los adultos mayores y los discapacitados.

Pero por supuesto, el resto de los temas afloró en el discurso de la propia presidenta. No vamos a permitir que nadie estigmatice a Sinaloa, dijo cn mucha convicción, después de ratificar que a Sinaloa se le ayuda y se le va a a seguir ayudando. Hablaba por supuesto, de la inseguridad y el narcotráfico.

También llegó el reconocimiento a Sinaloa como granero de México, como sostén de aquella frase tan citada de “sin maíz no hay país”. Era lógico que uno y otro asunto debiesen aparecer en una reunión de esta naturaleza.

El problema es que la inseguridad y el narcotráfico no aparecieron en realidad. Su referencia fue tangencial, dentro de la frase No vamos a permitir que a Sinaloa se le estigmatice. Ni anuncios de más policías o de esfuerzos mayores para contener a los malos, nada.

Y lo de la agricultura quedpo reducido a la referencia de sin maíz no hay país. Aunque sonó muy bonito, no llegó más lejos que ese elogio a través de una parábola. Ni una palabra a la sequía, al rechazo de la Conagua para decretar estado de emergencia en el estado por la prolongada ausencia de lluvias, al riesgo de los productores agrícolas de perder el ciclo y lo invertido hasta ahora, porque no hay un programa de rescate.

Es un buen compromiso presidencial el de “no permitir que se estigmatice a Sinaloa”, pero no mencionar si quiera el asunto de la inseguridad, no abona a un combate más efectivo de la dolorosa guerra que siguen librando las dos partes del Cartel de Sinaloa.

Aunque son acciones inevitables ¿cuánto puede abonar en serio la muerte del jefe de gatilleros de los chapitos? La balacera en el penal de Aguaruto, con su posterior decomiso de decenas de armas largas, explosivos caseros o industriales o como sean, la aparición de equipo de comunicación sofisticado (dicen que Elon Musk ya prepara el distintivo de cliente frecuente para el penal, porque en cada revisión encuentran al menos uno de sus sistemas Starlink, que provee de internet satelital, el más efectivo del mercado), todo eso hace que se nos vea como estado de barbarie gatillera.

Es una pena que el gobierno en todos sus niveles insista en evadir la realidad, porque entre más se convencen de que “vamos bien”, menos posibilidades hay de que busquen corregir fallas e insuficiencias.

DIEZ MESES DE LA

JORNADA FATÍDICA

Si en este lapso el gobierno no ha podido detener la escalada entre las dos facciones del cártel de Sinaloa, tampoco ha podido avanzar en las investigaciones del 25 de julio, cuando Ismael Zambada fue secuestrado, y Héctor Melesio Cuén Ojeda fue asesinado.

En la entrega de Zambada a los Estados Unidos, hay una versión que nadie confirma, pero tampoco se rebate: el secuestro y traslado se hizo con conocimiento de las autoridades estadunidenses, y éstas (ni las anteriores ni las actuales) se han negado a informar sobre los acontecimientos porque entonces estarían admitiendo una ilegalidad. El gobierno mexicano (el actual y el anterior) se ha declarado incapaz de precisar lo ocurrido, porque sus pares de los Estados Unidos simplemente no les responden.

Pero en el caso de Cuén Ojeda, el dirigente opositor sinaloense más destacado en este siglo, las investigaciones están totalmente frenadas y no hay una respuesta ni de la federación ni del estado.

De parte de los cuenistas no hay tanta presión como se podría esperar por un hecho contundente: su líder cayó abatido en una oscura negociación fallida entre narcotraficantes, y eso lo pone en riesgo de perder el capital ganado en materia de imagen pública.

La fiscalía sinaloense salió con una versión absurda que ponía al exrector como víctima de un vulgar asalto de gasolinera, y aportó un video que después fue desmentido por la Fiscalía General de la República.

La intervención de la FGR sirvió para desbaratar “la verdad histórica” construida por el aparato estatal de justicia. Con elementos muy convincentes exhibió incluso una inminente colusión de funcionarios para ocultar la verdad del crimen. Pero hasta ahí llegó el asunto. No dio un solo paso más, que permitiese ir esclareciendo un tema que todavía pesa en Sinaloa.

No es raro. En el caso de Teuchitlán, Jalisco, la FGR se dedicó a lavarse las manos y a culpar en abstracto a las autoridades locales. El único avance registrado hasta ahora es la detención del alcalde por complicidad, pero nada más allá, aunque se sabe que en ese lugar hubo actividades delictivas importantes y evidencia de complicidades también importantes, o por lo menos fallas en el procedimiento de parte de autoridades federales.

Total, en el caso de Sinaloa llegamos a diez meses y no tenemos ninguna novedad, sólo una guerra que se hace vieja y no baja en su intensidad. No, en realidad sí hay algo: las autoridades pretenden declararla desaparecida política.

NO VAMOS A CAER

EN LA PROVOCACIÓN

Los maestros de la CNTE se han dedicado a burlar todas las leyes, a afectar a millones de ciudadanos con exigencias que bien saben son imposibles de cumplir, pero el gobierno no se sale de su cantinela: “no vamos a caer en la provocación”, “no vamos a incurrir en la represión”.

Mientras tango proliferan los bloqueos de calles importantes en la Ciudad de México y la falta de clases para los niños que por su obreza enfrentan más rezagos en todo el país.

Los movimientos sociales tienen legitimidad en tanto sus demandas sean correctas, y sus movimientos sean para presionar, no para afectar al mayor número posible de personas ajenas.

Pero la autoridad, que tiene la obligación de defender a los afectados, prefiere cuidar su imagen idílica de ente tolerante. La propia presidenta ha dicho que no caerán en la provocación. ¿Y los miles y miles de ciudadanos que se ven afectados por esa provocación? Esos no cuentan. Sólo la imagen que el gobierno tiene de sí mismo.

Por cierto, exasperada por el bloqueo del aeropuerto, el viernes, Claudia Sheinbaum dijo que no hay presupuesto para aumentar el salario de los maestros en un cien por ciento y que es imposible derogar la reforma al ISSSTE que exigen los maestros para que sus jubilaciones regresen a las condiciones anteriores. El PRD, en que entonces militaban los gobernantes ctuales, se opuso férreamente a eso que ahora como gobierno están defendiendo, e impulsó los paros y plantones de la CNTE.