Estatuto de Universidades del Bienestar concentra decisiones solo en la directora Raquel Sosa

El Estatuto Orgánico de las 100 nuevas Universidades del Bienestar concentra en la Dirección General, cargo ocupado por Raquel Sosa, 18 facultades, que van desde dirigir académicamente, administrar recursos materiales, inmuebles, modificaciones presupuestales, evaluaciones de desempeño y hasta representación en asuntos legales.

El único órgano académico sería el “Consejo Académico Asesor”, que debe aprobar los planes y programas de estudio, pero cuyos integrantes también son elegidos por la directora general.

“Este estatuto es un monumento a la centralización. Las Universidades estarán prendidas de este organismo hasta en el diseño de programas e incluso, en la evaluación del ‘avance académico’”, afirma Pedro Flores Crespo, investigador de la Universidad Autónoma de Querétaro y autor del libro “Análisis de la política en educación superior bajo el gobierno de AMLO”.

El Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, la figura legal que engloba a las 100 universidades, registró la propuesta para reformar su estatuto orgánico ante la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria el pasado 25 de enero. Aunque Animal Político preguntó a Raquel Sosa sobre la excesiva concentración de facultades en su cargo, no hubo respuesta.

Las 100 nuevas universidades son la principal estrategia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en educación superior, y él nombró directamente a Raquel Sosa como la directora general, quien ha sido su colaboradora cercana desde que era Jefe de Gobierno del Distrito Federal, como secretaria de Desarrollo Social y de Cultura.

Si bien cada una tendrá un director, estos solo podrán proponer las acciones de operación en sus respectivos planteles, pero la dirección general tomará “las decisiones sobre los asuntos que se le planteen y resolver en definitiva”.

La concentración de facultades de las nuevas escuelas en un documento normativo como el Estatuto Orgánico cobra relevancia luego de los conflictos que estudiantes y maestros han tenido con la directora Raquel Sosa prácticamente desde el inicio de la estrategia. El más reciente es la demanda colectiva de 100 profesores que acusan haber sido despedidos injustamente por la directora Raquel Sosa, como publicó el periódico la Crónica.

Los profesores habían denunciado irregularidades en sus pagos y contrataciones prácticamente desde que iniciaron a laborar en algunas de las sedes de las escuelas. Su era por honorarios, sin prestaciones y sin firmar contrato, lo que los mantuvo en la incertidumbre laboral, publicado por Animal Político.

También acusaban también que la directora del organismo, Raquel Sosa, tomaba decisiones unilaterales, y no existía ninguna instancia adicional a la cual recurrir.

De hecho, no fueron los únicos en acusar a Sosa de tener poca interlocución. Alumnos de la escuela de Derecho Ponciano Arriaga cerró el plantel en demanda de certeza en los procesos académicos, luego de cambios a la currícula, despido de profesores, y falta de reglamentos hasta para la titulación en febrero de 2020.

El pasado 25 de enero, el organismo registró la propuesta de su Estatuto Orgánico ante la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), donde “las atribuciones de la dirección son muchísimas”, advierte Flores Crespo.

En la propuesta se advierte que la dirección del organismo está normar la operación y el control del ejercicio del presupuesto y hasta “formular los programas de obra requeridos para la instalación/rehabilitación, equipamiento y operación de las sedes” y “expedir copias de los documentos que obren en poder del Organismo, para ser exhibidos en asuntos judiciales y contencioso-administrativo”.

En la propuesta del Estatuto Orgánico, por ejemplo, no existe mención alguna a la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP (en teoría, la instancia rectora de la educación media superior). “Un estatuto así no puede asegurar la ‘consecución de fines de manera eficaz y eficiente’, con ese severo control”, afirma Pedro Flores.

En tanto, Roberto Rodríguez, investigador de la UNAM, coincide en que las decisiones están concentradas en la dirección y advierte que la reforma al estatuto registrada en la Conamer incluye la compactación de dos direcciones: la de Finanzas y la de Administración.

Si bien el máximo órgano de decisión en el Organismo coordinador es el Órgano de Gobierno, éste está integrado por representantes de las secretarías de Educación, Hacienda, Bienestar, Relaciones Exteriores, Desarrollo Agrario y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, que deliberarán sobre las propuestas previamente hechas por el Consejo Asesor y la dirección.

Las creación de 100 universidades es la principal estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador en educación superior, aunque no dependen directamente de la Secretaría de Educación Pública, pues en julio de 2019 el presidente emitió el decreto de creación del “Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García”, un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión, a cargo de los planteles.

Durante ese primer año, algunas de las universidades empezaron a funcionar con los alumnos tomando clases en sedes provisionales como salones de presidencias municipales, de primarias o secundarias, a la par en que diseñaban los planes y programas de estudio y contrataban a maestros.