EU acusa a formalmente a tres líderes del Cártel de Sinaloa entregados por México
Enfrentan cargos por tráfico de fentanilo y posesión de armas de uso militar, con penas que van desde 10 años hasta cadena perpetua.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que los mexicanos Kevin Gil Acosta, conocido como ‘el 200’, Martín Zazueta Pérez, alias Piyi, y Leobardo García Corrales, alias Leo, a quienes identifica como líderes en el Cartel de Sinaloa, fueron acusados de tráfico de fentanilo y delitos relacionados con armas.
El trío llegó el martes procedente de México -como parte de los 26 narcotraficantes entregados por México a Estados Unidos- y fueron llevados ante un juez en la corte federal para el Distrito Sur de Nueva York para la lectura de los cargos.
Según la acusación, Gil Acosta y Zazueta Pérez eran líderes del aparato de seguridad de los Chapitos, como se conoce a los hijos de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, cofundador del Cartel de Sinaloa, que cumple cadena perpetua en Estados Unidos.
Indica además que Gil Acosta se desempeñó como líder de un grupo de sicarios encargados de proteger los laboratorios de fentanilo y las rutas de distribución de los Chapitos, y traficaba personalmente con esta droga fabricada en esos laboratorios.
Zazueta Pérez fue responsable de brindar seguridad en el estado de Sinaloa, incluso protegiendo las operaciones de fentanilo de los Chapitos mediante secuestros, torturas y asesinatos con ametralladoras y otras armas, asegura el Gobierno de Estados Unidos.
Afirma además en la acusación presentada por la Fiscalía del Distrito Sur que Gil Acosta y Zazueta Pérez participaron en ataques contra funcionarios del gobierno y militares mexicanos, incluso durante los esfuerzos fallidos de las autoridades mexicanas en octubre de 2019 para detener a Ovidio Guzmán López, uno de los líderes de los Chapitos, en lo que se conoce popularmente como el “Culiacanazo”.
En concreto, durante esa operación, Gil Acosta lideró a sicarios armados con fusiles AK-47, M-16 y AR-15 y Zazueta Pérez, con un AR-15 y un lanzagranadas, en los ataques contra estos.
El 17 de octubre de 2019 se desataron enfrentamientos en Culiacán, Sinaloa, tras la detención de Ovidio Guzmán López, quien finalmente fue liberado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador por razones de seguridad.
El 5 de enero de 2023, Guzmán López fue detenido en un operativo en Jesús María, a las afueras de Culiacán, y finalmente extraditado a Estados Unidos. El pasado 11 de julio, Ovidio, conocido como “El ratón”, se declaró culpable en un tribunal de Chicago como parte de un acuerdo de cooperación con la justicia estadounidense. La audiencia en la que se definirá su sentencia está prevista para enero de 2026.
Su hermano Joaquín Guzmán López, quien se encuentra preso Chicago, también busca negociar un acuerdo con el gobierno estadounidense. Llegó a ese país el 25 de julio de 2024, en un avión procedente de México y en el que llevaba, presuntamente secuestrado, a Ismael “El Mayo” Zambada. Desde entonces la facción de “Los Chapitos” y “La Mayiza” libran una sangrienta guerra en Sinaloa que, según medios locales, ha dejado casi 1,800 muertos. Sus hermanos Iván y Alfredo Guzmán Salazar, siguen prófugos en México.
A García Corrales se le identifica como proveedor de fentanilo que trabajó con el cartel y produjo esta droga en toneladas. Además, presuntamente supervisó la importación a Estados Unidos y conspiró con otros para organizar su veta a cambio de armas de uso militar, para promover y proteger sus actividades de narcotráfico.
Acosta, de 35 años; Zazueta Pérez, de 29, y García Corrales, de 55, fueron acusados en concreto de un cargo de conspiración para importar fentanilo, que conlleva una pena mínima obligatoria de 10 años y cadena perpetua.
Un segundo cargo cada uno de posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, con una sentencia de entre 30 años y perpetua y otro de conspirar para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos, que conlleva la máxima condena.
De acuerdo con el gobierno mexicano, uno de los acuerdos para la entrega de los 26 capos fue que el Departamento de Justicia no solicite la pena de muerte para ellos. Si hubiesen sido entregados mediante un proceso de extradición, el tratado entre los dos países prohíbe expresamente que se aplique la pena máxima.
(Con información de EFE y Aristegui Noticias)
