FGR acusa a abogado del ISSSTE y 7 funcionarios de ‘regalar’ 800 mdp a emporio farmacéutico

La Fiscalía General de la República (FGR) presentó ante un juez una acusación en contra del actual director jurídico del ISSSTE, José Febo Trujeque Ramírez, y siete funcionarios más, por presuntos hechos de corrupción que ocasionaron la pérdida de más de 800 millones de pesos del erario, en beneficio de una empresa que por años ha acaparado la compra de medicamentos en México.

De acuerdo con el caso que ya fue judicializado, y por el cual el juez federal José Artemio Zúñiga ha citado a una audiencia inicial a los implicados, la supuesta actuación negligente de los exfuncionarios provocó que el ISSSTE perdiera un juicio civil y tuviera que pagarle dos veces a esta empresa una suma millonaria por el mismo servicio: la compra de marcapasos y materiales de curación.

Dicho procedimiento y el doble pago se habrían realizado en 2019 y 2020 durante la gestión de Luis Antonio Ramírez Pineda como director General del ISSSTE, quien dejó dicho cargo el pasado 30 de noviembre para ocupar la dirección de Nacional Financiera. El anuncio de la salida de Ramírez se realizó justo un día antes de la primera comparecencia ante el juez de los funcionarios implicados.

La empresa beneficiada con el doble pago de los funcionarios del ISSSTE es Selecciones Médicas del Centro S.A. de C.V. que de acuerdo con autoridades ministeriales y con información disponible públicamente, pertenece al conglomerado empresarial denominado Grupo Fármacos Especializados, uno de los favoritos del sexenio pasado para la adquisición de medicamentos, y que según la FGR ha continuado recibiendo recursos en el actual sexenio.

Animal Político publicó en marzo de 2019 que dicho grupo empresarial acaparó por si solo el 35.2 por ciento de las compras consolidadas de medicamentos y otros insumos por parte del IMSS y el ISSSTE. Los contratos que recibió – en su mayoría por asignación directa – superaron los 106 mil millones de pesos.

De acuerdo con la acusación asentada ahora en la causa penal 380/2021, los ocho funcionarios y exfuncionarios implicados son probables responsables del delito de uso ilícito de atribuciones, que de acuerdo con el código penal federal amerita una sentencia que va de los 6 meses hasta los 12 años de prisión.

El pasado 1 de diciembre los implicados se presentaron ante el juez Artemio Zúñiga Mendoza quien les hizo de su conocimiento que se ha abierto una causa penal en su contra por el referido delito. Previo a que la Fiscalía detallara las imputaciones la audiencia se pospuso para la próxima semana debido a que la abogada de cinco de los inculpados dijo que no tenía copia del expediente.

Al término de la audiencia pública Animal Político preguntó a Trujeque Ramírez si quería hacer algún pronunciamiento del caso. El funcionario dijo que prefería esperar a que concluya la audiencia inicial para emitir comentarios. “Lo único que puedo decir ahora es que somos inocentes, no hubo tal delito”, indicó.

La acusación: el doble pago

La investigación de este caso, a cargo de la Fiscalía Especializada en combate a la Corrupción (FECC) de la FGR, se inició el año pasado luego de que la Dirección de Administración del ISSSTE presentó una denuncia ante el órgano Interno de Control y luego ante el Ministerio Público de la Federación.

En dicha denuncia, el instituto consideró que la actuación inadecuada de las áreas responsables al enfrentar una demanda civil generó un daño a su patrimonio que asciende a 831 millones 302 mil 409 pesos ($831,302,409.56). Daño que además terminó beneficiando a una empresa ampliamente favorecido en administraciones pasadas con recursos públicos.

Todo se habría desprendido de una contratación que data del sexenio pasado pero que provocó que en noviembre de 2018, justo el último mes de la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, se presentara una demanda de juicio mercantil en contra del instituto.

En dicha demanda la empresa Selecciones Médicas del Centro S.A. de C.V. reclamó que el ISSSTE le debía poco más de 1 mil 182 millones de pesos derivados de la adquisición de mascarillas y diversos materiales médicos pactados en la contratación original.

En junio de 2019, ya durante el actual sexenio, el juez a cargo de dicho procedimiento civil determinó – tras revisar el caso presentado por los funcionarios ahora acusado, que sí era procedente realizar un pago por 831 millones de pesos. Un año después, ya en 2020, el ISSSTE realizó la referida transferencia.

Sin embargo, la dirección de Administración del ISSSTE identificó que sí existían los comprobantes para justificar los pagos y que la actuación de Trujeque Ramírez y sus colaboradores no había sido la adecuada. Por ese motivo es que presentaron la denuncia ante la FGR y se dio paso a la apertura de la carpeta de investigación.

“Luego de varios meses de investigación en los que revisiones de transferencias y de facturas se pudo determinar que efectivamente hubo un doble pago por el mismo servicio y que se favoreció irregularmente a esta empresa. Se podría tratar incluso de un doble fraude”, dijo el fiscal consultado.

Cabe señalar que la carpeta de investigación de la FGR iniciada por este caso ya cuenta con ocho tomos iniciales. La indagatoria no está cerrada y seguirá en curso si es que el juez considera procedente abrir el proceso contra los implicados y fijar un plazo de investigación complementaria.

Los ocho implicados

De acuerdo con la carpeta de investigación, los ocho implicados en este caso son o fueron funcionarios de alto y mediano nivel del ISSSTE durante la actual administración. Algunos ya salieron de dicho instituto, pero se mantienen en el servicio público, en organismos como el sector Salud o el Instituto Mexicano del Seguro Social (ISSSTE).

La lista de personas señaladas como probables responabbles por la FGR es encabezada por el ya referido Trujeque Ramírez, quien asumió dicho cargo el pasado 15 de febrero de 2020. Previamente se había desempeñado en la misma dirección, pero como subdirector.  Esto último entre el 1 de diciembre de 2018 y la fecha que asumió como titular de la dirección.

En la estructura jerárquica de los señalados sigue Marx Yazale Ortíz Correra y quien desde julio de 2020 se desempeñaba en la referida subdirección. Previamente trabajó  como Director de Amparos de la Procuraduría Fiscal de la Federación.

La PGR también imputa posibles hechos de corrupción a Irma Merlos Merlos, quien hasta abril de 2020 se desempeña como subdirector de Programación y Presupuesto del ISSSTE; así como a Sandy Toledo Sánchez, coordinadora de administración de la Dirección Normativa de Procedimientos Legales.

De igual forma la FGR acusa a Juan Daniel Álvarez Santillán, el litigante que llevó el referido procedimiento civil, y Juan Manuel Estañol, subdirector de lo contencioso.

La lista de imputados la completan Sebastián López Herrera, quien en el periodo en que ocurrieron los hechos se desempeñaba como Jefe de Servicios de la Coordinación Administrativa de la Dirección de Administración y Finanzas, cargo que ostentó hasta febrero de 2020. Actualmente dicho funcionario labora en la División de Seguimiento de Fiscalización del IMSS.

Y Juan Carlos Larrieu Creel quien ocupó el puesto de subdirector de Infraestructura de la Dirección de Administración del ISSSTE entre enero de 2016 y noviembre de 2018.

La participación específica de cada uno de estos funcionarios en la trama de presuntos hechos irregulares será detallada por los fiscales una vez que pueda completarse la audiencia inicial y se presenten las imputaciones correspondientes.

Emporio farmacéutico intacto

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República la empresa Selecciones Médicas del Centro S.A. de C.V. pertenece al empresario José Antonio Pérez Fayad, a cuyo conglomerado de compañías farmaceúticas (denominado Grupo Fármacos Especializados) se le atribuye el principal acaparamiento de contratos de medicamentos e insumos médicos en los últimos años.

De acuerdo con el portal Quien es Quien Wiki y con datos de Compranet, la empresa Selecciones Médicas del Centro había obtenido hasta el cierre de 2018 más de 10 mil contratos por un monto de 10 mil 358 millones de pesos, más del 75 por ciento vía adjudicación directa. Pero a ello se suma la otra empresa del conglomerado, Grupo Fármacos Especializados, que hasta el inicio de este sexenio acumulaba 21 mil 617 contratos por un monto de 86.6 mil millones de pesos.

En mayo pasado el presidente Andrés Manuel López obrador reveló que un grupo de 10 empresas había concentrado en los gobiernos pasados el 80 por ciento de los contratos para la adquisición de medicamentos. Entre esa lista se encontraba justamente Grupo Fármacos Especializados S.A. de C.V.

Animal Político publicó desde marzo de 2019 que esta empresa acaparó por si sola el 35.2 por ciento de todas las compras consolidadas de medicamentos hechas tanto por el IMSS como por el ISSSTE durante la administración de Peña Nieto. En total la empresa ganó 106 mil millones de pesos de los 303 mil millones que se destinaron para este tipo de adquisiciones.

A partir de las bases de datos del Instituto Mexicano para la competitividad IMCO se pudieron identificar 2 mil 732 contratos obtenidos por esta empresa tan solo a un corte de 2017.

Una investigación periodística de la revista Poder identificó que ya en el actual sexenio este mismo conglomerado empresarial, Grupo Fármacos Especializados, continuaba ganando contratos y recibiendo recursos. De acuerdo con la nota publicada en julio pasado, los recursos obtenidos por dicha empresa ya superan los 3 mil 400 millones de pesos en el actual gobierno.

En ese contexto la indagatoria de la FGR prueba que, en efecto, este emporio farmacéutico continúa recibiendo recursos durante la actual gestión. En concreto los 800 millones pagados por el ISSSTE que, además, fue un pago presuntamente fraudulento según la indagatoria

Las cuentas pendientes del ISSSTE

En los últimos años las irregularidades en torno a malos manejos de recursos públicos en el ISSSTE se han multiplicado. Tan solo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tiene identificados más de 1 mil 695 millones de pesos operados irregularmente en dicho instituto y sus filiales, y cuyo destino hasta la fecha sigue sin esclarecerse.

En la Fiscalía General existen, por lo menos, siete carpetas de investigación y averiguaciones previas iniciadas en su momento a partir de las denuncias de la ASF. Y de acuerdo con autoridades federales, se prevé la presentación de al menos una denuncia más de la auditoría en las próximas semanas.

Cabe señalar que el ISSSTE es una de las instituciones que participó en el esquema fraudulento conocido como “La Estafa Maestra”, a través del cual se lograron desviar recursos públicos a través de la firma de convenios con universidades y entes públicos.