La Fiscalía Anticorrupción de Morelos solicitó formalmente el desafuero del gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco, para enfrentar cargos por presuntos hechos de corrupción.

El vicefiscal Anticorrupción de Morelos, Edgar Núñez Urquiza, acudió a solicitar un juicio de procedencia al Congreso de Morelos y detalló los cargos que se le buscan imputar al mandatario estatal.

“Una de ellas es por ejercicio ilícito de funciones y falsificación de documentos; la segunda de ellas relacionada con fraude procesal y también falsificación en modalidad respectiva y una más por enriquecimiento ilícito y falsedad de declaración ante autoridad”, dijo el vicefiscal a medios de comunicación.

De acuerdo con el funcionario, las denuncias fueron presentadas por ciudadanos, entre ellos, Enrique Paredes Sotelo, presidente del Partido Movimiento Alternativa Social en Morelos.

‘El que nada debe nada teme’

El gobierno de Morelos respondió que Cuauhtémoc Blanco siempre ha estado dispuesto a colaborar en las investigaciones y cuestionó la veracidad de las denuncias.

“El Ejecutivo de la entidad se mantendrá comunicación y apertura al diálogo con las autoridades que lo soliciten para dar seguimiento a esta situación, como se ha hecho con cada acusación infundada en contra del titular de esta soberanía, a pesar de que la mayoría se han derivado de intereses personales que en ningún sentido abonan al bienestar del Estado”, sostuvo en un comunicado.

“Como lo ha manifestado en situaciones anteriores, el que nada debe nada teme, por lo que serán las y los legisladores quienes analicen las razones expuestas por una fiscalía anticorrupción, cuyo titular fue impuesto por la anterior administración encabezada por Graco Ramírez, y que hoy, por medio del vicefiscal, Edgar Rodolfo Núñez presentó dichas acusaciones ante el Congreso de esta entidad”, insistió.

En enero pasado, la Fiscalía General de Morelos inició una carpeta de investigación en contra de Cuauhtémoc Blanco Bravo, por la fotografía donde aparece con tres presuntos líderes de grupos delictivos.

La indagación se realiza a petición de 11 diputados locales de oposición, conocidos como el grupo G-11, quienes también hicieron la solicitud a la Fiscalía General de la República (FGR), informó en su momento el fiscal de la entidad, Uriel Carmona.

 

Con información de Animal Politico

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