DOMINGRILLA


FRANCISCO CHIQUETE


No somos iguales, dice con frecuencia el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y precisamente esa diferencia, o esa oferta de diferencia fue lo que le llevó a la Presidencia de la República, y además con un apoyo popular sin precedentes.
Pero esa aseveración, la de la diferencia, se desgasta cada vez más. La marcha del próximo domingo 27 de este mes acerca a López Obrador con presidentes como Gustavo Díaz Ordaz y José López Portillo, quienes en momentos de apuro recurrieron a las marchas y concentraciones populares para demostrar al país que disponían de fuerza y de apoyo.
Díaz Ordaz y su gobierno se armaron una “manifestación de desagravio”, en respuesta a una concentración estudiantil en el zócalo (1968) en que se les ocurrió izar una bandera de hoz y martillo en el asta monumental. Con eso pretendió el presidente de entonces, demostrar que por más nutridas que fuesen las marchas de los jóvenes, su gobierno tenía capacidad para opacarlos.
José López Portillo convocó a su feligresía a respaldarlo luego de nacionalizar la banca y decretar el control de cambios. A la reacción airada del empresariado, el que sería luego habitante de la Colina del Perro respondió con una concentración en el zócalo.
Ambos lo hicieron echando mano del material humano del que disponían: movieron a los burócratas, a los miembros del sindicalismo corporativo y por supuesto, a los campesinos, en acarreos que se pagaban con recursos del gobierno federal y de los gobiernos estatales y municipales, pues no había gobernante que se quisiera quedar fuera de esas movilizaciones.
Como esos ejemplos hay varios más.
Hoy el presidente responde a la marcha del domingo 13, en que miles y miles de ciudadanos salieron a defender al Instituto Nacional Electoral y de paso a manifestar su descontento con el gobierno en turno. Aunque Martí Batres, número dos de la Ciudad de México dijo primero que fueron ocho o diez mil personas, el presidente dijo después que ersn sesenta mil, y ya entrado en el enojo, sostuvo que probablemente se le había pasado la mano en el cálculo.
Hubo manifestaciones en decenas de ciudades de México, y aunque algunas fueron modestas (en Mazatlán se calculan unos dos mil quinientos asistentes), otras fueron muy numerosas, como las de Guadalajara, Monterrey, Puebla, incluso en Culiacán hay un cálculo conservador de quince mil asistentes. Pero sobre todo la Ciudad de México se demostró que la inconformidad es considerable.
Cuando la oposición ganó la mitad de los gobiernos locales en las antiguas delegaciones capitalinas, muchos creímos que sería algo pasajero, que Morena y los gobiernos federal y citadino se volcarían en programas especiales para recuperar el favor de los votantes, pero hay muchos indicativos en contrario, sobre todo esta marcha esclarecedora.
Seguramente eso tiene irritado al presidente, quien va a retacar el zócalo de bote en bote en su afán de demostrar que sigue mandando en este país y que mantiene la fuerza y la capacidad de movilización que le han caracterizado, pero aun así, seguirá pesando la capacidad de la sociedad para moverse por si misma, a pesar del desprestigio de los partidos opositores, de la satanización presidencial y de la falta de organizaciones verdaderamente representativas.
Por otra parte, la actitud del presidente y su partido, de insultar a los manifestantes, demuestra que no tienen la menor capacidad para buscar el diálogo, para buscar acuerdos con quienes piensan diferente.
EL HUIZACHE
En los años setentas, varios amigos ejercían de abogados sin tener títulos y ni siquiera estudios. Vamos, decía uno de esos cuatachos, “al Huizache fecundo y creador”.
El huizachero es un picapleitos que conoce los intríngulis y recovecos de las leyes básicas, y mediante recursos tramposos pueden sacar borrachos de la cárcel, infractores menores y delincuentes de poco nivel. Pero conforme van avanzando en la práctica, pueden hacerse de casos relevantes y hasta ganarlos por las buenas o por las malas, es decir, untando manos.
En eso está Morena con su propósito de reformar la constitución para apoderarse del INE. Ante el aviso de que PAN, PRI y PRD se comprometen a votar en contra, tanto AMLO como el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, anunciaron que si no se alcanza la mayoría calificada para su propuesta, aplicarán un plan B, reformando con mayoría simple algunas leyes secundarias que les den los mismos resultados.
El presidente y los legisladores iniciaron sus encargos protestando cumplir y hacer cumplir la Constitución, y hacer huizachadas para alcanzar sus propósitos, es incumplir y violentar a la propia Carta Magna.
A la hora de votar, la ciudadanía dio a Morena una sólida mayoría, pero no una mayoría calificada. Incluso y sobre todo a partir de la segunda legislatura lópezobradorista, Morena ni siquiera tiene mayoría por sí misma y hoy depende de las alianzas con partidos tan desprestigiados como el Verde Ecologista y el del Trabajo.
Incurrir en huizachadas para evadir los límites constitucionales es empezar a dar pasos por la resbaladilla de la inmoralidad, en la que conforme se avanza, se va perdiendo el control. A menos que como para los anteriores, de los que no son iguales, la moral también sea para los actuales gobernantes “un árbol que da moras”.
EL EQUÍVOCO DE
LAS MASACRES
Con mucha frecuencia, los comentaristas, los informadores y los políticos de oposición reclaman al presidente el incumplimiento de un compromiso anunciado desde el inicio de su gobierno: que ya no habría más masacres.
En realidad el presidente no dijo eso. Lo que ofreció es que evitaría que los enfrentamientos entre miembros del crimen organizado y comandos militares oficiales, terminen en masacres, como pasó varias veces en los gobiernos anteriores, cuando los enfrentamientos terminaban con muchas bajas de la delincuencia y casi ninguna de la oficialidad. Eran, se ha sostenido, ejecuciones masivas y ya no las habría.
El presidente ha cumplido ahí. En lo que va de su gobierno, prácticamente no ha habido enfrentamientos que terminen en masacres, y en ese sentido ha respetado su palabra de respetar a los derechos humanos de quienes militan en la delincuencia.
Lo malo es que no hay correspondencia ni equilibrio, pues mientras el Ejército y la Marina no incurren en esas matanzas masivas, los delincuentes las siguen ejecutando y a la población civil no hay quién la defienda. ¿Cuándo llegará el turno a la defensa de esos derechos?
SE ACABÓ EL PLAZO
DEL QUÍMICO
El viernes pasado feneció el plazo para que el exalcalde Luis Guillermo Benítez Torres y su equipo más cercano regresen los sesenta millones de pesos que pagaron como enganche a la empresa Azteca Lighting, sin que se instalara una sola lámpara de las contratadas. La Auditoría Superior del Estado estableció el plazo que por supuesto, no se cumplió.
Esto obviamente obliga a que tanto la ASE como la Fiscalía General del Estado den los pasos siguientes en la judicialización del asunto. Es notorio que el caso se está manejando con un criterio político en que las autoridades se han entrampado, pero a estas alturas es muy difícil fingir demencia y pretender que el asunto muera por inanición.
Por si fuera poco, las primeras revisiones en el proceso de entrega recepción del gobierno municipal arrojan irregularidades por más de seiscientos millones de pesos. No es que se hayan llevado esa cantidad a sus casas o a sus cuentas personales, pero al menos hay un mal ejercicio de gobierno y hasta abusos, sin descontar por supuesto que al que reparte y comparte le toca la mejor parte.
Si como se ha visto, de la Ciudad de México le lanzaron un salvavidas al Químico, ahora quienes lo necesitan son el gobierno del estado, la Fiscalía y el Congreso, pues la sociedad mazatleca está muy ofendida con todo lo que pasó y no va de ningún modo a dejar que el tema caiga en el olvido.
EL PRIMER INFORME
A la mitad de la nueva semana, el gobernador Rubén Rocha Moya acudirá al Congreso del Estado, a dialogar con los legisladores a propósito del primer informe de gobierno.
Desde las épocas de Vicente Fox se rompió la tradición política de recibir en el Congreso al titular del Ejecutivo. En realidad sólo se perdió una fecha del ceremonial, porque en la práctica no existía diálogo ni se generaban beneficios reales a la sociedad. Desde los tiempos priístas, el presidente se negaba a escuchar las voces de la oposición, quienes podían dar sus posicionamientos, pero sólo antes que el presidente entrase al recinto.
En Sinaloa, ya lo recordamos en una entrega anterior, se ensayó algo distinto: Juan Sigfrido Millán estuvo en una maratónica sesión en la que la oposición renunció al diálogo y se lanzó a fondo contra el gobernador, y éste respondió cerrándose, siendo celosamente protegido por los diputados del PRI, quienes eran más lisonjeros en la medida en que los contrarios eran más agresivos.
Rubén Rocha Moya tiene la oportunidad de hacer que el titular del ejecutivo plantee sus puntos de vista en el Congreso y de enriquecer su bagaje escuchando a su vez a quienes en teoría piensan distinto que él.
El problema de Rocha será diametralmente opuesto al que tuvo Juan Sigfrido Millán: tanto la bancada del PRI como la del PAS han renunciado a su calidad de opositores y compiten con la de Morena por quedar mejor con el gobernador, mientras los diputados morenistas están olvidados de sus críticas a los antiguos mayoriteos del priísmo.
Claro que hay una o dos voces que sin estridencia han hecho uso de su independencia para efectuar sus trabajos con independencia y eficiencia, sobre todo Sergio Mario Arredondo, pero el resto parece vencido por la fascinación del poder.
Esperemos que al final resulte un buen ejercicio.

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