IMEF se une también al rechazo a la reforma administrativa propuesta por AMLO
El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) advirtió que la aprobación en el Congreso de la Unión de la iniciativa para reformar diversas disposiciones en materia administrativa presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador inhibirá la inversión y genera incertidumbre jurídica para las empresas en México.
“De aprobarse este proyecto de decreto sin cambio alguno se atentaría en contra el Estado de derecho, convirtiéndose en un inhibidor de la inversión en el país, al trastocar la seguridad y certeza jurídica de los ciudadanos y empresas dejándolos en estado de indefensión frente a actos de gobierno que pueden resultar arbitrarios y sin fundamentos objetivos”, afirma.
La reforma administrativa propuesta por el Poder Ejecutivo, la cual plantea modificar 23 leyes federales, puede ser aprobada en el presente periodo ordinario de sesiones, es decir, durante el mes de abril, señala el organismo empresarial.
La inversión, que es el pilar fundamental para el desarrollo de México, necesita hoy condiciones de certidumbre jurídica en el tiempo, misma que estaría perdiéndose con las medidas propuestas, consideró el Instituto.
La aprobación de esta iniciativa de reforma se daría en un contexto en el que la economía de México muestra niveles reducidos de crecimiento y requiere de una recuperación de la inversión, para lo cual el entorno internacional es especialmente propicio, manifestó el IMEF.
El proceso de relocalización de las cadenas de suministro de América del Norte (nearshoring) representa la principal oportunidad de desarrollo para México en los próximos años y su aprovechamiento debe fundamentarse en una estrategia integral de fomento y certidumbre a la inversión, añade.
“Adicionalmente, de aprobarse esta iniciativa se atentaría contra el medio ambiente y los recursos naturales”, apunta.
El IMEF exhortó al Congreso de la Unión a rechazar la iniciativa de reforma administrativa del presidente de la República como está planteada, a fin de mantener la certidumbre jurídica necesaria para un entorno económico y de negocios que contribuya al crecimiento del país, así como para alcanzar mayores niveles de bienestar social y reducir las diferencias entre las regiones.
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