INE investiga contrato irregular por mil millones de pesos
El Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE) ha informado a la Cámara de Diputados sobre una investigación en curso relacionada con un contrato irregular en el INE, que implica una suma de más de mil millones de pesos para la contratación de servicios de arrendamiento de vehículos desde 2019 hasta 2022.
El informe de gestión y resultados del primer semestre de 2023 proporcionado por el OIC revela que se están llevando a cabo investigaciones sobre la conducta de las autoridades del INE en relación con este contrato, que ha sido identificado como una cuestión de interés público debido a su magnitud financiera y al posible impacto negativo en las operaciones regulares de la institución.
El contrato en cuestión asciende a un importe máximo de $1,037,547,662.40 y se ha identificado como un ejemplo de malas prácticas que deben ser erradicadas tanto en el INE como en cualquier institución. El informe señala que este contrato ha sido objeto de impugnaciones durante más de cuatro años y representa un riesgo potencial para las operaciones continuas de la institución.
El OIC también menciona que se ha abierto un Procedimiento de Responsabilidad Administrativa en relación con esta contratación debido a delitos graves. Se destaca la importancia de prevenir y desalentar actos similares en el futuro, especialmente en vista del próximo proceso de contratación plurianual para cubrir las necesidades de transporte vehicular del INE.
El informe no revela nombres de funcionarios o empresas involucradas para preservar el “debido proceso”, aunque se sabe que la firma que presta servicios al INE es del Grupo Jet Van Car Rental, se señala que en la licitación pública LP-INE-004/2019 se asignaron puntos y porcentajes de manera indebida en la evaluación técnica. Esto se hizo argumentando que la licitante era una mediana empresa, a pesar de que sus cifras de facturación la clasificaban como una empresa grande.
Además, se señala que las autoridades del INE alteraron la metodología para evaluar la oferta económica, lo que permitió la adjudicación nuevamente a la misma empresa después de que el OIC cuestionara la decisión original de adjudicación.
En respuesta a estas irregularidades, se inició un procedimiento en junio de 2023 contra los funcionarios públicos que participaron en la licitación indebida y por el descuido administrativo institucional en un contrato de gran importancia. Del mismo modo el informe menciona que “el descuido administrativo institucional en un contrato que implicaba hasta mil 37 millones 547 mil pesos con una importancia operativa institucional”. Con información de El Financiero
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