La Comisión de Quejas y Denuncias exige que cese la difusión de la carta en la que se incluye a Ricardo Monreal como precandidato presidencial y pide a los mandatarios estatales conducirse con neutralidad.

El Instituto Nacional Electoral ordenó al partido Morena, a su líder nacional Mario Delgado y a sus gobernadores evitar la injerencia de personas servidoras públicas que afecten la equidad de la contienda de cara al proceso electoral federal del 2024.

La Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó a Delgado y al propio partido que cese el envío o difusión de una carta que promueve la realización de eventos antes del inicio formal del proceso electoral federal del próximo año.

También le ordenó que se abstengan de elaborar y remitir otros documentos a las y los servidores públicos de los tres niveles de gobierno, para evitar conductas iguales o similares y conminó a personas gobernadoras emanadas de Morena para que en todo tiempo ajusten sus actos y conductas a los límites y parámetros constitucionales

En la carta referida, que se conoció en redes sociales el pasado 15 de enero, la dirigencia del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) incluyó oficialmente al senador Ricardo Monreal como cuarto aspirante a la candidatura presidencial para 2024.

En un comunicado, el INE informó que la Comisión de Quejas y Denuncias resolvió dos medidas cautelares, una por la probable realización de actos anticipados de campaña, uso indebido de recursos públicos y promoción personalizada, de cara al Proceso Electoral Federal (PEF) 2023-2024, y la segunda por probable uso indebido de la pauta y violación al principio de equidad en la contienda del Proceso Electoral Local 2023 del Estado de México.

La carta del líder nacional de Morena enviada a 12 gobernadores podría constituir actos anticipados de campaña y la injerencia de personas servidoras públicas, indicó el órgano electoral.

Los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) denunciaron la utilización indebida de recursos públicos y la vulneración al principio de imparcialidad, atribuible a Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación; al partido Morena y a su líder Mario Martín Delgado Carrillo, derivado de la reunión en las oficinas de la Secretaría de Gobernación a la que acudieron las y los gobernadores de Campeche, Colima, Guerrero, Tlaxcala, Chiapas, Nayarit, Puebla, Sonora, Tamaulipas, Hidalgo, Tabasco y Veracruz, así como la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Adicionalmente, el PRD denunció que el dirigente nacional de Morena envió una carta -difundida en Twitter el 15 de enero- por la que les solicita a las y los gobernadores de esas entidades realicen actos anticipados de campaña y tomen partida en el proceso federal ayudando a su partido para generar una ventaja indebida, lo que podría constituir un uso indebido de recursos públicos.

“La Comisión determinó, bajo la apariencia del buen derecho, procedente otorgar la tutela preventiva, al considerar que dicho documento no tiene cobertura legal y puede contravenir disposiciones constitucionales y legales que prohíben la realización de actos anticipados de campaña, así como la injerencia de personas servidoras públicas en la equidad de la contienda, ya que en dicho texto Mario Delgado Carrillo solicita realizar conductas que podrían constituir actos anticipados de campaña y vulnerar los principios de neutralidad y equidad en la contienda, lo que pudiera beneficiar indebidamente a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, a los Secretarios de Gobernación y de Relaciones Exteriores, así como al Senador Ricardo Monreal Ávila, de cara al PEF 2023-2024”, destacó el INE.

En consecuencia, la Comisión ordenó al Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena que cese el envío o difusión del documento denunciado, en caso de que éste se continúe enviando o difundiendo; de la misma forma, ordenó al propio presidente partidista y a dicho instituto político se abstengan de elaborar y remitir otros documentos, mediante los cuales soliciten a cualquier persona servidora pública de los tres niveles de gobierno la realización de conducta igual o similar.

Respecto de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y 12 personas gobernadoras, la Comisión estimó improcedente la tutela preventiva al considerar que se trata de actos futuros de realización incierta.

Sin embargo, la Comisión de Quejas y Denuncias determinó necesario y pertinente emitir un pronunciamiento a las y los mandatarios estatales denunciados, para que en todo tiempo ajusten sus actos y conductas a los límites y parámetros constitucionales, recalcando la obligación a su cargo de conducirse con imparcialidad y neutralidad, a fin de no afectar la equidad en la contienda, respetando los tiempos establecidos por la ley en materia de precampañas y campañas.

 

Con información de Proceso

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